Destapado a principios de diciembre pasado por las autoridades anticorrupción de Bélgica, el caso de la presunta compra de influencias en el Parlamento Europeo por parte de los gobiernos de Catar y Marruecos es considerado el escándalo político más grande en la historia de esa institución. Los detalles revelados por la investigación -la cual sigue su curso e implica a eurodiputados, asistentes y familiares- confirmaron una vez más lo que desde hace años advierten activistas de la sociedad civil: el Parlamento Europeo lleva mucho tiempo operando con reglas insuficientes en materia de transparencia y cabildeo. Un ejemplo de ello, que incumbe a México, lo expuso el periodista Marco Appel en un reportaje publicado el 11 de mayo de 2008 en la revista Proceso, el cual recupera para sus lectores Underground Periodismo Internacional.
BRUSELAS, Bélgica.- Detrás de un supuesto “programa educativo” para fomentar el “intercambio de conocimientos” entre empresas y eurodiputados opera en el Parlamento Europeo una oficina privada de cabildeo al servicio de compañías trasnacionales como Cementos Mexicanos (Cemex), Iberdrola, Repsol, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Telefónica.
Aunque los responsables del programa, llamado Plan Europeo de Negocios y Parlamento (PENP), lo consideran “neutro” y “objetivo”, el documento que lo presenta indica que su propósito es que los eurodiputados puedan “examinar las mejores prácticas corporativas y la manera en que funcionan sus negocios”, de modo que adquieran una “mejor comprensión de las compañías” y “tomen mejores decisiones” a la hora de legislar.
Al PENP están “asociadas” 24 transnacionales con operaciones en la Unión Europea (UE), varias de ellas con filiales en México. Los beneficios del plan son tales que “al menos” otros 26 consorcios están por asociarse, señala la página de internet del organismo.
Dichas transnacionales tienen acceso privilegiado a los 785 eurodiputados del Parlamento Europeo que pueden legislar en materia de comercio interior. Según los documentos internos del PENP –copia de los cuales obtuvo Proceso–, éste garantiza a los consorcios agremiados “tres o cuatro sesiones con eurodiputados”, que incluyen “juntas de trabajo y participación en reportes parlamentarios”; así mismo, “compartir con ellos estudios, informaciones y conocimientos disponibles relativos a las políticas económicas actuales”.
Por otro lado, las trasnacionales pueden “ser anfitrionas de dos o tres encuentros con eurodiputados o altos oficiales del Parlamento Europeo”, quienes son invitados a visitar sus instalaciones bajo la organización del plan. La finalidad: “exponerles los compromisos” de la compañía correspondiente.
Cemex, por ejemplo, propone a los eurodiputados visitar sus plantas en Rüdersdorf o Kollenbach, en Alemania, o las de Barrington y Rugby, en Gran Bretaña, para mostrarles el uso de combustibles alternativos y la reducción de sus emisiones contaminantes.
La protección a la biodiversidad es el tema que Cemex pretende abordar en las visitas a dos canteras en Hampshire, donde aplica técnicas para la recuperación del entorno. Finalmente, en materia de logística y transporte, les propone visitar una plataforma en la región francesa de Marolles sur Seine.
Violaciones
En franca violación al mandato de velar por los intereses públicos, la dirección y promoción del PENP la ostentan destacados miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), la fuerza mayoritaria en el hemiciclo legislativo.
El jefe del programa es el presidente del Parlamento Europeo, el alemán Hans-Gert Pöttering, a quien la izquierda eurolegislativa liga con los poderosos industriales de su país. Pöttering es también jefe de la Asociación Internacional de Negocios y Parlamentos, la organización británica que gestiona el plan europeo. Su registro en Gran Bretaña la clasifica como una “sociedad anónima sin fines de lucro”.
Por otro lado, el presidente del Consejo del PENP es el vicepresidente del Parlamento Europeo, el español Alejo Vidal-Quadras Roca, un antiguo dirigente del Círculo de Empresarios de España.
La directora ejecutiva del plan es Natalia Federighi Rincón. Antes de llegar a ese puesto, Federighi fue asistente del eurodiputado español José Ignacio Salafranca Neyra, quien tuvo la jefatura de la misión europea de observación de las elecciones presidenciales mexicanas de 2006.
El pasado 15 de abril hubo una audición pública sobre la transparencia del lobby en la capital de la UE. Ahí, la copresidenta del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, la italiana Mónica Frassoni, acusó al programa de realizar un “simple lavado de cerebro” con la intención de “implantar en los eurodiputados una imagen positiva de las empresas”.
El 4 de abril, en una carta de protesta dirigida a Pöttering –copia de la cual obtuvo Proceso–, Frassoni denunció que dicho programa viola disposiciones del Parlamento Europeo. La causa: desde diciembre pasado, el PENP cuenta con una oficina dentro del propio Parlamento Europeo (el despacho 202, en el quinto piso del edificio E).
“La Decisión sobre patrocinio del 9 de junio de 1997, consolidada el 1 de mayo de 2004, estipula que ‘los patrocinios del Parlamento Europeo deben ser otorgados solamente a eventos específicos’; en ningún caso éstos pueden ser permanentes”, advierte la eurodiputada.
Añade que los patrocinios, según la misma normativa, “no deben significar implicaciones adicionales” ni “tener propósitos comerciales”, por lo que el apoyo del Parlamento Europeo al plan quebranta también sus propias regulaciones financieras. El despacho del PENP no paga renta, dispone de un correo electrónico oficial del Parlamento Europeo y un número telefónico y otro de fax, cuyas facturas salda la misma institución.
Por otra parte, pese a que las trasnacionales “asociadas” aportan al programa una cuota anual de 23 mil 500 dólares por concepto de “honorarios”, “parte” de los costos del PENP –como la transportación y el hospedaje de los representantes de las empresas– lo asume el presupuesto parlamentario.
Por eso Frassoni demandó a Pöttering “aclaraciones” sobre el plan. Pöttering no contestó, pero el pasado 24 de abril la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo (en donde se reúnen los presidentes de los siete grupos políticos) decidió pedir a quienes se encargan de las cuestiones administrativas y financieras retirar la oficina al programa.
“Lobby” español
Lo anterior no impidió que el pasado 28 de abril el PENP organizara una visita de eurodiputados y congresistas latinoamericanos a la Fundación Telefónica en Lima, Perú, para explicarles su proyecto Proniño, contra el trabajo infantil. Fue una de las actividades oficiales de la Asamblea Euro-latinoamericana, que se reunió en esa capital del 29 de abril al 1 de mayo, en el marco de los eventos previos a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-Latinoamérica que se celebrará del 13 al 17 de mayo.
De acuerdo con comunicaciones que obtuvo este semanario, el 26 de marzo Vidal-Quadras –por medio de una carta con el membrete de “vicepresidente” del Parlamento Europeo– solicitó a Salafranca, presidente de la Asamblea Eurolatinoamericana, anunciar a los eurodiputados la “oportunidad” de visitar las instalaciones en Lima de Telefónica, Suez (la compañía francesa de distribución de agua), BBVA y British Petroleum.
A ellas se refiere en la carta como “nuestras empresas”.
Así lo hizo Salafranca durante la reunión preparatoria de la delegación europea que fue a Perú. El 28 de abril, más de 100 eurodiputados recibieron la invitación en sus correos electrónicos oficiales, que envió el español José Javier Fernández Fernández, el administrador principal de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y jefe del Secretariado europeo de la mencionada asamblea.
En un archivo adjunto, Fernández incluyó la presentación del programa, además de los datos de contacto “en caso de requerir mayor información o arreglos para la visita”. El 6 de julio de 2007, Telefónica presentó al eurodiputado Salafranca el mismo proyecto, pero en Quito, Ecuador. Lo acompañaron dos diputados locales y dos centroamericanos. Previamente se había efectuado una reunión de la Asamblea Eurolatinoamericana.
Los documentos del PENP subrayan que, en esa ocasión, Salafranca expresó que había sido “interesantísimo descubrir cómo la compañía española promueve la abolición del trabajo infantil, a través de educación de calidad y tecnología que provee a las zonas más pobres y de más duro acceso del país”. No mencionó nada sobre las repetidas acusaciones de ONG contra la empresa por violar sistemáticamente los derechos laborales de sus trabajadores latinoamericanos.
*ACTUALIZACIÓN: Frente a las presiones, la oficina del PENP en el Parlamento Europeo cerró ese mismo año, 2008.
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