Luego del ataque sorpresa de Hamás contra Israel la mañana del pasado sábado 7 -que dejó 700 muertos según un conteo provisional y la toma de entre 100 y 150 rehenes-, el gobierno de Benjamin Netanyahu ordenó el bombardeo de objetivos en la Franja de Gaza -causando por el momento más de 500 víctimas mortales- y el bloqueo total de ese territorio. La tensión amenaza con desbordar el conflicto a una escala mucho mayor.
Así, frente a la continua represión de Israel contra los palestinos condenada por organismos de derechos humanos, la brutal ofensiva de Hamás en suelo israelí dirigida contra civiles desarmados, y la actual escalada de violencia y la que se avecina, vale la pena preguntarse cuáles son las reglas que la comunidad internacional ha acordado para que la guerra guarde un mínimo de humanidad.
Bajo esa lógica la organización Human Rights Watch (HRW) publicó este 9 de octubre un repertorio de 18 preguntas con sus respuestas abordando precisamente las principales cuestiones relacionadas con las leyes de guerra que rigen las hostilidades actuales entre Israel y Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza.
El propósito, explica HRW, “es facilitar el análisis de la conducta de todas las partes implicadas en el conflicto con el fin de disuadir las violaciones de las leyes de la guerra y fomentar la rendición de cuentas por los abusos cometidos”.
La redacción de Underground Periodismo Internacional decidió publicar algunas de esas interrogantes, las que consideramos básicas al tratarse del obligatorio respeto por la vida de los civiles por parte de todos los campos del conflicto armado. Si quieres saber más, aquí puedes encontrar el documento completo.
¿Qué derecho internacional humanitario se aplica al actual conflicto armado entre Israel y los grupos armados palestinos?
El derecho internacional humanitario reconoce la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza como un conflicto armado en curso. Las hostilidades y ataques militares actuales entre Israel y Hamás y otros grupos armados palestinos se rigen por las normas de conducta en hostilidades basadas en el Derecho Internacional Humanitario, que consiste en el Derecho Internacional de los Tratados, en particular el Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra de 1949, y el Derecho Internacional Humanitario consuetudinario aplicable en los denominados conflictos armados no internacionales, que se refleja en los Protocolos Adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra. Estas normas se refieren a los métodos y medios de combate y a las protecciones fundamentales para civiles y combatientes que ya no participan en las hostilidades, tanto para Estados como para grupos armados no estatales.
Entre las normas del Derecho Internacional Humanitario destaca la de que las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre combatientes y civiles. Los civiles nunca pueden ser el objetivo de un ataque. Las partes beligerantes deben tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo los daños a civiles y bienes de carácter civil, como viviendas, comercios, escuelas e instalaciones médicas. Los ataques sólo pueden dirigirse contra combatientes y objetivos militares. Están prohibidos los ataques dirigidos contra civiles o que no discriminen entre combatientes y civiles, o que causen un daño desproporcionado a la población civil en comparación con los beneficios militares previstos.
Además, el artículo 3 Común establece una serie de protecciones fundamentales para los civiles y las personas que ya no participan en las hostilidades, como son los combatientes capturados y los que se han rendido o han quedado incapacitados. Prohíbe la violencia contra esas personas -en particular el asesinato, los tratos crueles y la tortura-, así como los ultrajes contra su dignidad personal y los tratos degradantes o humillantes, y la toma de rehenes.
¿Afecta el contexto político, incluida la resistencia a una ocupación y los desequilibrios de poder, al análisis realizado en virtud del derecho internacional humanitario?
Las leyes de la guerra no hacen distinciones formales entre las partes de un conflicto en función de los desequilibrios de poder u otros criterios. Los principios fundamentales del derecho internacional humanitario siguen siendo aplicables. Violarlos atacando deliberadamente a civiles o llevando a cabo ataques indiscriminados nunca puede justificarse aduciendo la injusticia de la situación política u otros argumentos políticos o morales. Permitir que se ataque a civiles en circunstancias en las que existe una disparidad de poder entre fuerzas opuestas, como ocurre en muchos conflictos, crearía una excepción que prácticamente anularía las normas de la guerra.
Es decir, independientemente de que una parte beligerante pueda o no hacer un uso legítimo de la fuerza en virtud del derecho internacional, debe respetar las leyes de la guerra.
Las partes en conflicto también están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, independientemente de la conducta de las otras partes beligerantes. Es decir, las violaciones de las leyes de la guerra por una de las partes no justifican las violaciones por la otra parte. Las denominadas represalias beligerantes -actos normalmente ilícitos pero permisibles en determinadas circunstancias- están prohibidas contra civiles o la población civil.
¿Puede Israel atacar mezquitas o escuelas en Gaza?
Las mezquitas e iglesias -como todos los lugares de culto- y las escuelas son presuntamente bienes de carácter civil que no pueden ser atacados a menos que se utilicen con fines militares, como cuarteles generales o almacenes de armas y municiones.
El principio de proporcionalidad también se aplica a estos objetos.
Todas las partes están obligadas a tener especial cuidado en las operaciones militares para evitar daños a escuelas, lugares de culto y otros bienes culturales.
¿Son lícitos los cohetes disparados por grupos armados palestinos contra Israel?
Como partes en el conflicto armado, las facciones armadas de Hamás, la Yihad Islámica y otros grupos armados palestinos están obligados a respetar el derecho internacional humanitario. Los ataques contra instalaciones militares y otros objetivos militares están permitidos por las leyes de la guerra, pero sólo si se toman todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil. Las leyes prohíben a los grupos armados palestinos atacar a civiles o lanzar ataques indiscriminados o ataques que causen un daño desproporcionado a los civiles en comparación con la ventaja militar esperada. Los comandantes de los grupos armados palestinos también están obligados a elegir los medios de ataque que puedan dirigir contra objetivos militares y minimizar los daños incidentales a civiles. Si las armas utilizadas eran tan imprecisas que no podían dirigirse contra objetivos militares sin imponer un riesgo sustancial de daños a civiles, entonces el grupo no debería haberlas desplegado.
Human Rights Watch ha constatado en hostilidades anteriores que los cohetes lanzados por los grupos armados palestinos -incluidos los cohetes de corto y largo alcance mejorados de fabricación local, los cohetes “Grad” y los cohetes importados de otras fuentes- son tan imprecisos que son incapaces de ser dirigidos de manera que se discrimine entre objetivos militares y objetos civiles cuando se lanzan hacia zonas pobladas. Esta imprecisión e incapacidad para apuntar a objetivos militares se ven exacerbadas en los mayores alcances a los que se dispararon algunos cohetes contra Israel.
El uso de tales cohetes contra zonas civiles viola la prohibición de ataques deliberados e indiscriminados. Del mismo modo, una parte que lanza cohetes desde zonas densamente pobladas o que sitúa objetivos militares en zonas civiles o cerca de ellas -haciendo así a los civiles vulnerables a los contraataques- puede no estar tomando todas las precauciones posibles para proteger a los civiles bajo su control contra los efectos de los ataques.
¿Qué se entiende por “castigo colectivo” de la población civil?
Las leyes de la guerra prohíben castigar a cualquier persona por un delito que no haya cometido personalmente. Castigo colectivo es un término utilizado en el derecho internacional para describir cualquier forma de acoso y sanción punitiva, no limitada a las penas judiciales, sino que incluye sanciones de “cualquier tipo, administrativas, policiales o de otro tipo”, que se imponen a grupos de personas por acciones que no han cometido personalmente. La imposición de castigos colectivos -como, en violación de las leyes de la guerra, la demolición de casas de familias de combatientes u otros objetos civiles, como edificios de varios pisos, como forma de castigo- es un crimen de guerra. Que un ataque o una medida puedan constituir un castigo colectivo depende de varios factores, entre ellos el objetivo de la medida y su impacto punitivo, pero de especial relevancia es la intención que subyace a una medida concreta. Si la intención era castigar, pura o principalmente como resultado de un acto cometido por terceros, entonces es probable que el ataque haya sido un castigo colectivo.
