BRUSELAS, Bélgica.- Muchos exportadores mexicanos no dan suficiente seguimiento a las nuevas reglamentaciones europeas que afectan el acceso de sus productos a ese mercado, el segundo más importante tras el de Estados Unidos.
“Cualquier propuesta de ley primero se somete a consultas públicas de la Comisión Europea, en las que pueden opinar empresarios y asociaciones” de todo el mundo, explicó a este medio César Guerra Guerrero, que como funcionario de la Secretaría de Economía fue jefe negociador en la modernización del tratado de libre comercio México-UE, aun por ratificar.
Afirma que el empresariado mexicano tiene que poner más atención porque “se nos están pasando cosas”.
Desde que entró en vigor el tratado bilateral hace más de 24 años, el valor del flujo comercial en ambos sentidos se ha cuadruplicado, mientras que el de bienes mexicanos hacia Europa creció casi seis veces al pasar de 5.4 a 31.6 miles de millones de dólares en ese periodo, esto de acuerdo con cifras oficiales.
Guerra expone que de esas consultas pueden derivar ajustes a los proyectos de nuevas reglas comerciales, por lo que no es estratégicamente pertinente que las empresas mexicanas interesadas no se enteren de ellas o las dejen pasar.
“Lo que pasa es que la Comisión Europea después oficializa sus propuestas, las discute el Parlamento Europeo y el Consejo con los Estados miembros de la UE y finalmente las aprueban, y todo eso sin que los exportadores mexicanos hayan seguido el proceso legislativo”, señala.
Pone de ejemplo dos normativas derivadas del Green Deal (Pacto Verde), un conjunto de políticas faro de la UE con las que pretende eliminar sus emisiones de carbono en 2050.
Por un lado, el Reglamento contra la deforestación mundial, aprobado el 31 de mayo de 2023. Su puesta en marcha resultó tan compleja que su entrada en aplicación se recorrió un año (al 30 de diciembre de 2025) para las grandes empresas, y un año y medio para las pequeñas y medianas.
Por otro, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Emisiones de Carbono, que se implementará el 1 de enero de 2026 tras una etapa de transición que arrancó en octubre de 2023.
La primera mereció apenas un comentario de México en la consulta que recibió casi mil opiniones entre enero y febrero de 2019; la segunda, que registró 617 respuestas entre julio y octubre de 2020, solo tres.
Café y cacao
El Reglamento exige a las empresas un certificado de que en la fabricación de sus productos no se talaron árboles ni se pisotearon derechos humanos, específicamente de pueblos indígenas.
Están sujetas a esa obligación artículos como el café o el cacao en forma de manteca, grasa o aceite, cuyas ventas mexicanas a la UE alcanzaron 541 y 102 millones de euros entre 2019 y 2023, respectivamente, además del chocolate, que tan sólo en 2023 registró ventas por 17 millones de euros a Alemania.
Ismael Aznar Cano, experto legal de la consultora PriceWaterhouseCoopers, advierte que “esta nueva normativa tiene implicaciones especialmente significativas, pues exige a las empresas una mayor ‘diligencia debida’ (responsabilidad y prevención de riesgos) en sus cadenas de suministro”.
Las exportadoras mexicanas deberán probar que su producción no ha destruido zonas forestales desde el 31 de diciembre de 2020, lo cual se puede constatar con imágenes satelitales.
El problema es que los caficultores en México son negocios pequeños que carecen de asistencia adecuada, refiere Guerra Guerrero, actual secretario general de la Cámara de Comercio México-UE, con sede en Bruselas.
“Sobre todo al principio, la nueva reglamentación nos perjudicará a la hora de obtener ciertos permisos”, confirmó Juan Ramón Rangel Silva, propietario de Réé, una empresa basada en Amberes, Bélgica, que desde 2018 comercializa en Europa café orgánico mexicano.
Además de cacao y café, el reglamento abarca maderas, carne de res, soya, caucho y aceite de palma. Sin embargo, en su discusión en el Parlamento Europeo se propuso incluir el aguacate y las berries (frutos del bosque).
Entre 2019 y 2023, México exportó aguacate por un valor de 655 millones de dólares y de las segundas 116 millones de euros.
Esta vez quedaron fuera esos productos mexicanos, pero podrían ser los siguientes en ser incluidos en el reglamento, advierte Guerra.
Arancel medioambiental
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Emisiones de Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) afecta a México de otra forma.
Se trata de un arancel ambiental de la UE para bienes cuya producción necesitó un gasto intensivo de energía y generó gran cantidad de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático: cemento, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno.
De este modo la UE busca que no ingresen a su mercado productos que provengan de países en los que las políticas climáticas son menos estrictas o son inexistentes, como México.
Aunque esta medida compete a corporativos trasnacionales con recursos de inteligencia comercial y experiencia en mercados globales, su evolución podría afectar componentes inesperados.
Desde hace meses el despacho español Cuatricasas pidió a sus clientes estar atentos, dado que el CBAM “podrá ir ampliando su ámbito de aplicación gradualmente”.
Lo que se viene, dice Guerra, es la revisión de cualquier eventual “competencia desleal” que pueda aparecer a lo largo de las cadenas de producción.
Por ejemplo, los vehículos que exporta México a la UE, y que por ahora no están sujetos al mecanismo de ajuste porque el acero que contienen entra al mercado transformado en chasis y autopartes, podrían en un futuro caer en su esfera de competencia.
El sector automotriz pesa la mitad de la relación comercial bilateral. En 2022, la exportación a la UE de coches ensamblados en México tuvo un valor de seis mil millones de dólares, o más de 180 mil unidades de pasajeros, según datos de Eurostat.
“Hay varios ‘huecos’ que los europeos quieren llenar. No te dicen qué productos derivados de estos insumos serán sujetos al mecanismo, ni cuándo. Pero nosotros en México tendríamos que empezar ya a revisar cómo nos afectaría”, concluye Guerra.
