La creciente violencia ligada al narcotráfico en Bélgica ha abierto un debate inédito en este país: la posibilidad de desplegar al ejército en las calles para apoyar a la policía. La propuesta, impulsada por el ministro del Interior Bernard Quintin, del partido liberal francófono Movimiento Reformador (MR), busca responder a una oleada de tiroteos, explosiones y ajustes de cuentas que han sacudido a Bruselas y Amberes, las dos principales ciudades del país, en los últimos meses. Quintin defiende que el Estado debe movilizar todos sus recursos, incluidas las fuerzas armadas, para recuperar el control de los barrios más golpeados por la delincuencia organizada, reporta la agencia de noticias Belga.
El plan, bautizado como “Plan para las grandes ciudades”, contempla patrullas mixtas de policías y militares en zonas sensibles de Bruselas, como estaciones de metro y barrios donde los tiroteos son frecuentes. Además, se prevé que el ejército asuma tareas de vigilancia estática en embajadas, plantas nucleares u otras instalaciones críticas, para liberar efectivos policiales que puedan concentrarse en el patrullaje urbano. No sólo Bruselas y Amberes entran en el plan, también se incluye a Lieja, Mons, Charleroi y Gante.
Sin embargo, la propuesta tropieza con serios obstáculos legales y políticos. El ministro de Defensa, Theo Francken, del partido separatista flamenco Nueva Alianza Flamenca (N-VA por sus siglas en neerlandés), ha reconocido que no existe aún un marco jurídico que permita a los militares desempeñar funciones de policía. Cualquier despliegue requeriría definir protocolos estrictos sobre las competencias, la responsabilidad legal y las reglas de intervención de los soldados en territorio nacional, recuerda el portal Brussels Times.
Las posiciones partidistas reflejan la polarización del debate. El MR ha empujado con fuerza la idea, respaldado por su líder Georges-Louis Bouchez. La N-VA, aunque no descarta la medida, insiste en la necesidad de garantías legales. El Partido Socialista (PS), el mayoritario en la parte francófona del país, ha mostrado apertura limitada: alcaldes como el de Charleroi aceptan la presencia de soldados, pero subrayan que éstos “no son policías” y que la prioridad debe ser reforzar los cuerpos de seguridad civil. En cambio, los liberales flamencos del Open VLD y los ecologistas de Écolo/Groen critican el riesgo de “militarizar el espacio público” y advierten que se trata más de un gesto simbólico que de una solución real a la violencia ligada a la droga, de acuerdo con información de la agencia Belga.
El debate no se limita al terreno político. Los sindicatos militares también han expresado sus reservas. Alegan que los soldados no están entrenados para labores de orden público y temen que la falta de un marco legal claro los exponga a responsabilidades penales en caso de incidentes. Para ellos, el ejército no debe sustituir a la policía, sino enfocarse en su misión principal: la defensa exterior.
Portada del periódico Le Soir de este 28 de septiembre.
La sociedad belga, por su parte, muestra signos de cansancio ante la inseguridad. Una encuesta de Ipsos de marzo de 2024 indicó que el 66% de los residentes de Bruselas siente que la seguridad ha empeorado, mientras que el 69% reclama más presencia policial en las calles. El 78% incluso exige sanciones más duras contra los consumidores de drogas. Una encuesta publicada este 28 de septiembre en los principales medios belgas arrojó una posición calificada por éstos de “paradójica”: a pesar de que la mayoría de los encuestados afirma sentirse segura en sus barrios, casi dos de cada tres de los encuestados (64%) quieren que los militares patrullen sus calles, como sucedió tras la oleada de atentados terroristas de 2015.
La discusión belga no ocurre en el vacío. En Francia, la operación Sentinelle desplegó miles de soldados para proteger espacios públicos después de los atentados de 2015. Y un sondeo de 2024 mostró que el 70% de los franceses vería con buenos ojos que el ejército interviniera directamente contra el narcotráfico en los barrios más violentos.
En Bélgica, el horizonte está marcado por una fecha clave: el 8 de abril de 2026, cuando entrará en vigor el nuevo Código Penal. Para entonces, el gobierno espera contar con un marco legal que clarifique las funciones del ejército en tareas de apoyo a la seguridad interna.
Este texto fue redactado por un editor de Underground Periodismo con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Como es nuestra práctica sistemática, su contenido fue meticulosamente verificado.
