En un episodio reciente del podcast Sobrevivir a la violencia se revela que la Fair Steel Coalition, junto a organizaciones de derechos humanos y representantes familiares de los defensores desaparecidos, interpuso formalmente una queja ante el Punto de Contacto Nacional de la OCDE en Luxemburgo por la desaparición de los activistas mexicanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Según el relato del episodio titulado Denuncia en Luxemburgo, producido por Underground Periodismo y la ONG Taula per Mèxic, la acción busca que se investigue la responsabilidad en los hechos de la empresa Ternium, que opera en México.
Un artículo del periódico Luxembourg Times confirmó esta información: la demanda señala a la empresa Ternium -con sede legal en Luxemburgo- como posiblemente vinculada al episodio de desaparición de los activistas mexicanos, acusándola de falta de cooperación y de evasión ante los reclamos de las familias.
Los dos activistas desaparecieron el 15 de enero de 2023 mientras regresaban de una asamblea comunitaria, en los límites entre Colima y Michoacán. Ricardo Lagunes era abogado defensor de derechos humanos, y Antonio Díaz líder indígena comprometido con su comunidad.
Desde entonces, sus familiares han denunciado que las autoridades mexicanas no han avanzado en las líneas de investigación que indagan el posible papel de actores vinculados a intereses extractivos. En el podcast se relata un escenario de obstáculos jurídicos, falta de transparencia y omisiones en el debido proceso.
El artículo de Luxembourg Times apunta que el conflicto entre la comunidad de San Miguel de Aquila (Michoacán) y la mina Las Encinas, operada por Ternium, ya llevaba años de tensiones. Las protestas locales, reclamaciones de impactos ambientales y denuncias de incumplimientos contractuales conforman el telón de fondo de esta disputa.
La queja ante el Punto de Contacto Nacional de la OCDE
En el podcast, Jean-Louis Zeien, presidente de una de las ONG demandantes, Iniciativa por un Deber de Vigilancia, reveló que la queja fue presentada ante el Punto de Contacto Nacional (PCN) de la OCDE en Luxemburgo para que este mecanismo de resolución no judicial actúe como puente entre las familias demandantes y la empresa señalada. Aunque los PCN no tienen fuerza coercitiva, pueden mediar, proponer diálogos y emitir recomendaciones para corregir presuntas violaciones a las Directrices de la OCDE sobre empresas y derechos humanos.
La versión de Luxembourg Times detalla que los abogados que representan a las familias han solicitado al PCN que exija a Ternium rendir cuentas, responder públicamente a los señalamientos y colaborar en las investigaciones. Se reclama que la empresa no ha atendido los pedidos legítimos de información ni manifestado disposición real para dialogar.
El artículo también indica que la demanda fue presentada en coordinación con Global Rights Advocacy (GRA) y la Seattle University International Human Rights Clinic, y precisa que Ternium no ha participado en procesos de interlocución ni ha hecho esclarecimientos públicos.
Para acompañar la presentación de la queja, la Fair Steel Coalition organizó acciones frente a la sede luxemburguesa de Ternium en el día de su Junta General de Accionistas (AGM), el 6 de mayo. Manifestantes -entre ellos familiares de Ricardo y Antonio- desplegaron pancartas, distribuyeron volantes y exigieron que la empresa responda al reclamo.
En esa ocasión, la coalición realizó una caminata simbólica hacia el Ministerio de Economía de Luxemburgo, para pedir que las autoridades nacionales cooperen y hagan efectiva la supervisión del cumplimiento empresarial.
Limitaciones y expectativas del mecanismo OCDE
En el podcast se relata que previo a su desaparición, Ricardo y Antonio habían sido amenazados durante asambleas comunitarias, presuntamente por actores armados vinculados a intereses económicos locales.
La información recopilada por Luxembourg Times aporta que en los meses previos al hecho, Antonio Díaz encabezaba un proceso para reinstaurar una autoridad agraria legítima en su comunidad, lo que implicaba renegociar contratos de la mina y cuestionar liderazgos locales favorables a la operación minera.
El mismo artículo refiere que, tras las desapariciones, nadie ha sido llamado a declarar por presuntas relaciones de la compañía con grupos que podrían haber intervenido en las amenazas o coerciones previas.
El podcast enfatiza que la presentación de la queja ante el PCN no garantiza resoluciones vinculantes. Los mecanismos de la OCDE pueden recomendar que las empresas modifiquen sus prácticas, pero no obligan legalmente a cumplir. Por ello, el objetivo es ejercer presión moral, mediática y diplomática.
El artículo de Luxembourg Times subraya esta limitación: aunque la demanda ha sido presentada, hay que esperar una respuesta oficial del PCN en Luxemburgo. La iniciativa tenía que pasar una etapa inicial de admisión y verificación.
No obstante, el hecho de que un caso mexicano sea llevado a una plataforma de responsabilidad empresarial en Europa es simbólicamente potente. Sirve para visibilizar las denuncias en un ámbito internacional y ejercer presión para que las investigaciones nacionales ganen impulso.
Corresponsabilidad estatal y empresarial en el foco del reclamo
Una de las claves que defienden tanto el podcast como el artículo es que esta queja busca señalar no solo la responsabilidad empresarial, sino también el deber del Estado mexicano de garantizar investigaciones adecuadas, independientes y con protección para las familias de los desaparecidos.
El artículo recuerda que el Parlamento Europeo ya se interesó por el caso, presentando un cuestionamiento formal respecto a la posible relación de Ternium con las desapariciones. El documento parlamentario, de marzo de 2023, señala que aunque no hay certeza de un vínculo empresarial, todos los actores deben respetar derechos fundamentales incluso en contextos de conflicto local.
En el podcast se sugiere que, de avanzar el mecanismo OCDE, las recomendaciones podrían incorporar exigencias de que México fortalezca sus capacidades de investigación, instale protocolos especializados para defensores desaparecidos y garantice la participación de familiares en el proceso.
Para las organizaciones que acompañan el caso, esta iniciativa representa una oportunidad para poner en jaque la impunidad corporativa transnacional. El podcast plantea que si el PCN luxemburgués admite la queja y emplaza a las partes a diálogo, podría crearse un precedente para otros casos similares en América Latina.
El artículo de Luxembourg Times concluye con una invitación implícita a las autoridades luxemburguesas: que no se queden como observadores silenciosos por el solo hecho de ser sede legal de la empresa señalada, sino que actúen como participantes responsables de un sistema de rendición de cuentas internacional.
Tras la publicación del podcast y el artículo del Luxembourg Times, sucedió algo que podría definir el fallo del PNC de Luxemburgo respecto a la denuncia mexicana. El 3 de septiembre último, el PCN de la OCDE en los Países Bajos determinó que la petrolera argentina Pluspetrol, con sede en Ámsterdam, violó los derechos de pueblos indígenas y normas ambientales en la Amazonia peruana.
Según un reportaje del portal suizo JusticeInfo, la denuncia fue presentada por federaciones indígenas apoyadas por ONG en 2020, señalando más de 1,900 sitios contaminados por derrames y residuos industriales. El PCN concluyó que las medidas de remediación son insuficientes y exhortó a la empresa a reparar los daños y garantizar participación comunitaria. Aunque las recomendaciones no son vinculantes, el caso marca un precedente en la rendición de cuentas de corporaciones transnacionales.
