La difusión de un video en el que varios hombres armados hacen referencias al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a La Chapiza, facción del Cártel de Sinaloa, ha vuelto a situar en el centro del debate la presunta presencia de integrantes del crimen organizado mexicano en la guerra de Ucrania. La grabación, difundida por Al Jazeera el 6 de octubre, muestra a combatientes que aparentemente se encuentran en territorio ucraniano. No obstante, la autenticidad de las imágenes, las identidades de los participantes y las circunstancias de su incorporación al conflicto requieren todavía una verificación independiente.
El gobierno mexicano anunció una investigación para esclarecer los hechos. El 8 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las imágenes estaban siendo examinadas y señaló que todavía no existía certeza sobre su autenticidad ni sobre las condiciones en las que los mexicanos podrían haber llegado al frente. La mandataria contempló distintas posibilidades de reclutamiento, incluidas empresas privadas y fuerzas militares extranjeras, sin atribuir la operación directamente al Ejecutivo ucraniano.
La información fue publicada por la agencia EFE el 8 de octubre y por EL PAÍS al día siguiente de las declaraciones presidenciales, y ambos medios dejaron constancia de que las autoridades mexicanas seguían investigando el caso y que no se había establecido oficialmente la responsabilidad del Gobierno de Kiev.
La posible presencia de individuos vinculados con los cárteles mexicanos en la guerra de Ucrania ha dado lugar a dos controversias relacionadas, pero distintas: las sospechas de que algunos extranjeros intentan adquirir experiencia militar para trasladarla posteriormente a organizaciones criminales, y las acusaciones de que el gobierno ucraniano mantiene una política deliberada de cooperación con el narcotráfico.
La segunda afirmación, difundida principalmente por fuentes rusas y canales atados a Moscú, va mucho más allá de la primera. Que una persona con presuntos antecedentes criminales consiga incorporarse a una unidad militar no demuestra que el Estado que la recibe haya organizado su reclutamiento para favorecer a una organización delictiva.
La distinción es fundamental para evaluar las informaciones publicadas desde 2025 sobre supuestos mexicanos y colombianos que habrían intentado acceder a formación militar en Ucrania, así como las acusaciones posteriores sobre el entrenamiento de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acción de la propaganda rusa para desacreditar al gobierno de Ucrania ligándolo con falsedades a los cárteles mexicanos está estudiada.
Una investigación de Verificado, publicada el 3 de julio de 2026, documentó cómo una acusación del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) vinculó al Gobierno ucraniano con los cárteles mexicanos y el supuesto tráfico de drogas hacia Europa. Según el medio mexicano, el comunicado ruso no aportaba pruebas que sustentaran sus afirmaciones y fue reproducido por distintos medios afines a Moscú, entre ellos Sputnik, TASS, RT y Pravda.
La investigación también identificó una difusión coordinada del mensaje en redes sociales, con publicaciones en varios idiomas y contenidos similares. El patrón, señaló Verificado, presentaba características compatibles con una campaña de interferencia y manipulación informativa.
Esto no demuestra que cada denuncia sobre posibles combatientes vinculados al crimen organizado sea inventada. Significa que las acusaciones sobre una colaboración institucional entre Kiev y los cárteles no pueden considerarse probadas únicamente porque las difundan organismos oficiales rusos o medios que reproducen sus comunicados.
Este 20 de octubre, poco antes de cerrar la edición de este texto, se publicó en medios de comunicación que el SVR insiste en acusar a Ucrania de entrenar a sicarios de carteles mexicanos en el manejo de drones en condiciones de combate real. Sin presentar pruebas, la agencia agregó que el pago por este entrenamiento procedía del dinero obtenido por los narcotraficantes por la venta de sustancias prohibidas en Estados Unidos y se transfería a funcionarios cercanos al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Las sospechas de infiltración y el interés por los drones
El caso conocido como “Águila-7” es uno de los ejemplos más concretos citados en los reportes sobre una posible infiltración de personas vinculadas al crimen organizado latinoamericano en unidades militares ucranianas. Según una investigación publicada por Intelligence Online y recogida por Defense News el 30 de julio de 2025, se trataría de un ciudadano mexicano que se incorporó en marzo de 2024 a la estructura de voluntarios extranjeros de Ucrania utilizando, presuntamente, documentación salvadoreña falsa y presentándose como voluntario humanitario.
De acuerdo con esas publicaciones, el hombre recibió formación en el manejo de drones en Leópolis, en el oeste de Ucrania. Durante el entrenamiento, sus instructores habrían advertido que ya poseía conocimientos técnicos avanzados, entre ellos el manejo de transmisores analógicos y la identificación de puntos ciegos de sistemas de detección térmica. Esas capacidades despertaron sospechas sobre sus antecedentes y sobre sus verdaderas razones para incorporarse a las fuerzas ucranianas.
Las investigaciones citadas por los medios apuntaron a posibles vínculos previos con el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), una unidad de élite del Ejército mexicano. El dato es relevante porque antiguos integrantes de ese cuerpo militar se incorporaron en el pasado a organizaciones criminales, entre ellas Los Zetas. Sin embargo, esa relación histórica no demuestra por sí sola que “Águila-7” perteneciera a un cártel ni que actuara por encargo de una organización concreta.
La hipótesis de los investigadores era que algunos voluntarios extranjeros podrían estar aprovechando su incorporación a unidades ucranianas para adquirir conocimientos sobre drones FPV -First Person View, aparatos pilotados mediante una cámara que transmite imágenes en tiempo real- y trasladar después esas habilidades a organizaciones criminales. En el caso de “Águila-7”, la sospecha se habría originado por la combinación de una identidad presuntamente falsa, su nivel técnico y su interés por ese tipo de formación. No obstante, estos indicios no equivalen a una prueba pública de que recibiera instrucciones de un cártel ni de que regresara a México para utilizar lo aprendido en actividades criminales.
La información disponible debe leerse con cautela: Defense News atribuyó los datos a Intelligence Online, que citó fuentes de inteligencia, y The Insider también describió una investigación en curso. No se han aportado públicamente, en esas informaciones, documentos judiciales que permitan verificar de forma independiente todos los detalles del caso. Por tanto, “Águila-7” constituye una presunta infiltración investigada, no una prueba concluyente de que el Gobierno ucraniano reclute deliberadamente a integrantes de cárteles mexicanos.
La narrativa rusa: de la infiltración individual a una supuesta alianza estatal
El 2 de marzo de 2026, EUvsDisinfo, un proyecto del Servicio Europeo de Acción Exterior dedicado al análisis de campañas de desinformación, examinó una publicación que acusaba a Ucrania de suministrar armas al CJNG y entrenar a sus integrantes en operaciones con drones.
El mensaje, difundido por Telegram, presentaba la supuesta colaboración como una política autorizada por el gobierno de Volodímir Zelenski. Según el análisis europeo, ese mensaje no aportaba pruebas suficientes para sostener esa conclusión y aprovechaba el contexto de violencia en México tras la muerte -el 22 de febrero- de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, para asociar a Ucrania con el crimen organizado.
El análisis también recogió informaciones sobre presuntos integrantes del CJNG que habrían viajado a Ucrania haciéndose pasar por voluntarios extranjeros. Según esos reportes, los servicios de inteligencia mexicanos y ucranianos habrían cooperado para detectar posibles infiltraciones. La existencia de una investigación sobre individuos sospechosos, sin embargo, no demuestra que el Estado ucraniano organizara su reclutamiento ni autorizara una operación de entrenamiento destinada a beneficiar a los cárteles.
EUvsDisinfo situó esta acusación dentro de una narrativa más amplia que presenta las armas occidentales enviadas a Ucrania como una fuente de abastecimiento para organizaciones criminales y terroristas. El mecanismo consiste en convertir una sospecha sobre personas concretas en una acusación contra todo un gobierno, eliminando las diferencias entre infiltración, negligencia y colaboración institucional.
Un antecedente de esta estrategia apareció en abril de 2024, cuando el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) afirmó que empresas militares privadas estadounidenses reclutaban a miembros de cárteles mexicanos y colombianos encarcelados en Estados Unidos para enviarlos a combatir junto a Ucrania, supuestamente a cambio de una amnistía. EUvsDisinfo examinó aquella historia y concluyó que no existían pruebas fiables que acreditaran el programa de reclutamiento descrito.
Estos antecedentes permiten identificar una pauta de amplificación informativa, pero no eximen de investigar posibles casos reales de infiltración. La conclusión debe limitarse a lo que las pruebas permiten establecer: las acusaciones de colaboración institucional entre Kiev y los cárteles no están demostradas por los reportes citados.
El supuesto armamento ucraniano en manos de los cárteles
Otra pieza de esta narrativa es la afirmación de que las armas occidentales entregadas a Ucrania terminan en manos del crimen organizado mexicano. Una de las historias más difundidas fue la de un supuesto lanzamisiles Javelin estadounidense que habría aparecido en poder de un integrante de un cártel.
El 15 de junio de 2023, el medio estadounidense de verificación PolitiFact examinó un vídeo difundido en TikTok que supuestamente demostraba el desvío de armamento hacia México. La publicación se basaba en un segmento de Milenio TV del 31 de mayo de ese año sobre armas utilizadas por un presunto integrante del Cártel del Golfo, en Tamaulipas.
Sin embargo, el reportaje original no afirmaba que el arma hubiera llegado desde Ucrania. La referencia a los sistemas utilizados por las fuerzas ucranianas se interpretó posteriormente como si acreditara la procedencia del armamento. Además, el analista de defensa Mark Hvizda, de RAND, identificó el arma de las imágenes como un AT4, no como un Javelin. Aunque ambos son sistemas antiblindaje, son armas diferentes.
PolitiFact concluyó que no había pruebas de que un cártel mexicano hubiera recibido armamento estadounidense enviado a Ucrania y calificó de falsa la afirmación examinada. El vídeo no demostraba el supuesto desvío: la identificación del arma era incorrecta y no existía evidencia que estableciera su procedencia.
La historia formaba parte de una narrativa más extensa sobre el supuesto tráfico de armas occidentales hacia organizaciones criminales y terroristas. En agosto de 2024, EUvsDisinfo examinó otra publicación de ese tipo y señaló que no aportaba pruebas verificables de una operación organizada de desvío de armamento.
Un informe posterior de Small Arms Survey, organización independiente especializada en armas pequeñas y violencia armada, también examinó las acusaciones sobre la proliferación internacional de armamento procedente de Ucrania. Su análisis concluyó que las pruebas disponibles no justificaban afirmar que existiera un desvío sistemático y generalizado de armas occidentales.
Estas evaluaciones no demuestran que ninguna arma pueda desviarse de su destino original. La conclusión es más acotada: los casos citados no prueban una política de suministro de armas a los cárteles por parte del gobierno ucraniano.
Qué conocimientos sobre drones podrían adquirir los voluntarios
La preocupación por la posible infiltración de individuos vinculados con el crimen organizado tiene una dimensión tecnológica. Ucrania se ha convertido en un escenario de empleo intensivo de sistemas aéreos no tripulados, incluidos drones FPV -controlados mediante una cámara que transmite imágenes al operador- y plataformas destinadas al reconocimiento, la vigilancia y otras misiones militares.
De acuerdo con información del Ministerio de Defensa de Ucrania, la experiencia adquirida en ese entorno puede abarcar el pilotaje, la interpretación de imágenes, el mantenimiento de los equipos y la coordinación con otras unidades. En puestos especializados, también puede incluir conocimientos generales sobre comunicaciones, limitaciones de los enlaces de control y funcionamiento de los sistemas de guerra electrónica.
No todos los voluntarios reciben el mismo entrenamiento. La formación depende de la unidad, la función asignada, la experiencia previa y las necesidades operativas. Tampoco existe evidencia pública suficiente para determinar qué técnicas concretas habrían aprendido los mexicanos mencionados en los reportes de inteligencia.
La preocupación es que un individuo pueda trasladar conocimientos adquiridos durante su servicio militar a una organización criminal después de abandonar el frente. Los cárteles mexicanos ya han utilizado drones en actividades ilícitas, de modo que una mejora de sus capacidades podría representar un riesgo para las fuerzas de seguridad y las organizaciones rivales.
Pero la posibilidad de una transferencia de conocimientos no demuestra que el gobierno ucraniano haya entrenado deliberadamente a narcotraficantes. Para establecer esa responsabilidad sería necesario acreditar que las autoridades conocían sus vínculos criminales, que autorizaron su formación con ese propósito o que participaron en una operación destinada a beneficiar a los cárteles.
