Una jueza de investigación del tribunal de Amberes ha encendido las alarmas en Bélgica al advertir públicamente que el país podría estar encaminándose hacia la condición de un “narcoestado”. En una carta abierta difundida recientemente, y dirigida al Comité de Justicia, la magistrada denuncia la creciente infiltración del crimen organizado en instituciones clave y el debilitamiento del sistema judicial frente al poder de las redes del narcotráfico. Según informó Belgian News Agency, la jueza sostiene que “el Estado de derecho está siendo atacado desde dentro” y que la magnitud de la corrupción y la intimidación ya amenaza el funcionamiento normal de la justicia.
El foco de la crisis se sitúa en el puerto de Amberes, el segundo más grande de Europa, convertido en el principal punto de entrada de cocaína al continente. De acuerdo con información oficial retomada por el Financial Times, en 2023 se incautaron allí más de 116 toneladas de cocaína, cifra récord que revela la magnitud del tráfico. El diario británico señala que “por cada cargamento interceptado, varios logran pasar”, y que las organizaciones criminales han desarrollado sofisticadas redes de corrupción entre empleados portuarios, agentes aduanales y cuerpos policiales.
Bruselas, la capital del país, se ha visto afectada por una serie de tiroteos relacionados con las drogas, con más de 60 incidentes solo este año, 20 de los cuales ocurrieron este verano, recuerda el portal Politico. Añade que en respuesta a esta ola de violencia, el ministro del Interior belga, Bernard Quintin, ha anunciado que quiere desplegar soldados en las calles de Bruselas y otras ciudades importantes del país. A principios de este año, el gobierno belga aprobó la fusión de las seis zonas policiales de Bruselas en una sola unidad, que entrará en vigor a principios de 2027, con el fin de hacer frente a la creciente violencia.
La magistrada denunciante, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, ha vivido durante meses en una residencia protegida, custodiada por la policía. En su carta afirma que jueces y fiscales enfrentan amenazas crecientes y que algunos se abstienen de investigar casos sensibles por temor a represalias. “Cuando un juez no puede actuar sin miedo, la democracia está en riesgo”, escribió. Según The Brussels Times, el Ministerio de Justicia belga ha reconocido que las amenazas contra funcionarios judiciales “son graves y preocupantes” y ha prometido reforzar los sistemas de protección y vigilancia.
El concepto de “narcoestado” no es nuevo, pero su uso en el contexto belga ha provocado una intensa discusión política. La expresión describe a países donde las estructuras criminales influyen directamente en las decisiones gubernamentales y judiciales. En este caso, la jueza advierte que Bélgica no se encuentra todavía en esa situación, pero que “la línea de separación se está volviendo difusa”. Según el diario británico The Times, la magistrada sostiene que “las organizaciones delictivas están creando un poder paralelo que mina la autoridad del Estado y corrompe sus pilares”.
En la carta anónima, la jueza señala que un narcoestado se caracteriza por una economía ilegal, corrupción y violencia, condiciones que, en su opinión, cumple Bélgica. La jueza señala que las redes de blanqueo de dinero elevan los costes inmobiliarios, la corrupción penetra en las instituciones estatales y los secuestros pueden ordenarse a través de Snapchat.
“Este soborno se infiltra en nuestras instituciones. Los casos que he llevado en los últimos años -y solo soy uno de los 17 jueces de instrucción de Amberes- han dado lugar a la detención de empleados que ocupaban puestos clave en el puerto, funcionarios de aduanas, agentes de policía, funcionarios municipales y, lamentablemente, incluso personal del sistema judicial, tanto dentro de las prisiones como aquí mismo, en este edificio”, se lee en la carta pública.
Y agrega: “Un ataque a una vivienda con una bomba o armas de guerra, un allanamiento de morada o un secuestro se pueden ordenar fácilmente por Internet. Ni siquiera es necesario acudir a la dark web; basta con una cuenta de Snapchat”.
Uno de los episodios más trágicos que ilustra la escalada de violencia fue el asesinato, en enero de 2023, de una niña de once años en Amberes, víctima colateral de un ataque vinculado a ajustes de cuentas entre bandas. Este hecho conmocionó a la opinión pública y evidenció que la violencia asociada al narcotráfico ha traspasado los límites de las organizaciones criminales, afectando directamente a la población civil.
A pesar del panorama alarmante, las autoridades judiciales también registran avances en la lucha contra el crimen organizado. La agencia de noticias Reuters señala que un tribunal belga condenó recientemente a más de 100 personas vinculadas a redes de tráfico de drogas, en lo que se considera una de las mayores operaciones judiciales del país. Estas sentencias, que surgen de investigaciones en curso desde hace más de dos años, reflejan que el sistema judicial conserva capacidad para actuar, aunque bajo una presión cada vez mayor.
Los expertos en seguridad advierten que el problema no se limita a Bélgica. El puerto de Amberes comparte rutas de contrabando con Rotterdam y Hamburgo, formando un eje logístico que abastece a buena parte del mercado europeo. El Financial Times subraya que los cárteles latinoamericanos han aprovechado la apertura comercial y la densidad del tráfico marítimo europeo para ocultar cargamentos de cocaína en contenedores de mercancías legítimas, un modelo difícil de rastrear incluso con tecnología avanzada.
Por su parte, la comisionada nacional antidrogas de Bélgica, Ine Van Wymersch, advirtió en declaraciones a la AFP -y que retoma Belgian News Agency– que “el tiempo para reaccionar es ahora”. Propuso crear una estrategia nacional unificada que combine control aduanero, cooperación internacional, fortalecimiento judicial y políticas sociales en barrios vulnerables. “La represión sola no basta”, indicó, destacando la necesidad de prevenir el reclutamiento de jóvenes por las redes criminales.
En el plano político, el debate se ha instalado en el Parlamento, donde distintos partidos piden aumentar los presupuestos para la justicia y la policía federal. No obstante, algunos analistas advierten contra el uso indiscriminado del término “narcoestado”, al considerar que Bélgica sigue contando con instituciones sólidas, transparencia judicial y cooperación internacional efectiva. Para ellos, el país enfrenta un desafío profundo, pero aún está lejos de perder el control de su territorio y de su sistema político ante el crimen organizado.
