El gobierno de López Obrador enrareció las negociaciones comerciales con la Unión Europea con su insistencia por recuperar el control del Estado sobre el sector energético, dando prioridad a las empresas estatales sobre las privadas y a los combustibles fósiles sobre los renovables, afectando con ello los acuerdos con empresas europeas. Entre las concesiones que México debió hacer figura que las cuotas arancelarias de carne de vacuno y por el etanol se rebajaron a la mitad y las de aves de corral un tercio, además de la aplicación de reglas de origen más estrictas para los componentes de los vehículos eléctricos que exporte a Europa.
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BRUSELAS.- Las negociaciones del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea (UE) concluyeron en enero último y no hay manera de revertir las concesiones a la baja que en materia agrícola y automotriz se vio obligado a aceptar el gobierno de Claudia Sheinbaum para compensar el incumplimiento de los compromisos de 2018, que causaron las reformas constitucionales emprendidas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
“Las negociaciones políticas ya f inalizaron y nada es renegociable. Todo está hecho y ya pasamos a la ratif icación (del acuerdo)”, confirmó a el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, el 26 de marzo último.
De acuerdo con el funcionario europeo, algunas de las reformas constitucionales del obradorismo, como la eléctrica, resultaron en un recorte de las cuotas ya pactadas de carne, pollo y etanol que México podrá comerciar en Europa, y en mayores restricciones a la exportación de automóviles eléctricos.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad mexicana, incluyendo la Presidencia, ha explicado públicamente esa pérdida de oportunidades para el país que tuvo lugar en la negociación, y que fue informada desde f inales de enero último por su contraparte europea.
En abril de 2018, tras dos años de negociaciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto cerró con sus socios europeos el llamado “acuerdo de principio”, que actualizó el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en julio de 2000 y que forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la UE.
Ese “acuerdo de principio” –que anunciaron en comunicaciones oficiales tanto Bruselas como la secretaría mexicana de Economía, encabezada entonces por Ildefonso Guajardo– comprendía una mayor liberalización en el sector servicios, un entorno más favorable para las inversiones, la apertura casi completa del comercio de mercancías, incluyendo el de productos agrícolas, y nuevos capítulos en materia de desarrollo sostenible y combate a la corrupción.
En ese documento base sólo había quedado pendiente “amarrar algunos detalles técnicos de ciertos capítulos”, anunció la Comisión Europea en una nota informativa publicada el 21 de abril de 2018. El mismo boletín mencionó en particular el apartado sobre la participación de las empresas europeas en las licitaciones públicas del gobierno federal mexicano, al que se llegó a un compromiso mutuo dos años más tarde.
Las conversaciones estaban tan avanzadas que la institución calculó que antes de f inalizar ese año, 2018, los negociadores podían presentar un “texto legal acabado” para ser revisado y traducido a las 16 lenguas de la UE. Éste sería entonces sometido inmediatamente después a la ratif icación de los Estados miembro y del Parlamento Europeo.
Desinterés por Europa
Su administración, además de caracterizarse por un desinterés en los temas internacionales, incluyendo la relación política con Europa, enrareció las negociaciones al entrar en conflicto con actores importantes como el Parlamento Europeo, a cuyos integrantes acusó de “borregos” e “injerencistas” por cuestionar en una resolución emitida en marzo de 2022 la falta de protección de su gobierno a periodistas y activistas de derechos humanos en el país.
Sin embargo, lo que desvió definitivamente el curso de las negociaciones fue el continuo esfuerzo de López Obrador por recuperar el control estatal del sector energético, que lo llevó a mostrar una abierta hostilidad contra las empresas europeas, principalmente españolas de energía eólica.
“Tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España. Pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista”, denunció López Obrador el 10 de febrero de 2022. El día anterior había decidido hacer una “pausa” en las relaciones diplomáticas con ese país ibérico y reiterar que el gobierno de Madrid debe una disculpa a México por los abusos cometidos durante la Conquista.
En el acuerdo de 2018, negociado bajo los términos aperturistas de la reforma energética de Peña Nieto, los mexicanos se comprometieron a una serie de medidas benéficas para los europeos. Por ejemplo, mantener los precios liberados de los energéticos (sin control estatal), prohibir los monopolios a la exportación o garantizar a sus empresas la igualdad de condiciones en los procedimientos públicos para autorizar la explotación de los recursos naturales del país.
Entre 16 y 28% de las exportaciones totales de bienes de México al mercado europeo corresponde a energéticos, y alcanza hasta 60% en el caso de España, de acuerdo con fuentes periodísticas.
Los compromisos adquiridos en 2018, que se tambaleaban con las amenazas obradoristas de desmontar la legislación peñista, se volvieron imposibles de satisfacer cuando en octubre de 2021 el mandatario envió al Congreso una polémica propuesta de reforma del sector. Argumentó que ésta devolvería a México su “soberanía energética”, aunque en ella se daba prioridad a las empresas energéticas estatales sobre las privadas y promovía los combustibles fósiles sobre los renovables.
El entonces embajador de la UE en México, Gautier Mignot, advirtió en una rueda de prensa que el gobierno mexicano tenía que respetar los contratos con las empresas europeas –que la reforma cancelaba en el caso de las eólicas– o de lo contrario éstas dejarían de invertir en México o saldrían de él.
“Actualmente están frenadas las nuevas inversiones porque hay un contexto de incertidumbre”, comentó el francés.
El mencionado portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, relató a este medio que los negociadores mexicanos llegaron a una posterior ronda de conversaciones y plantearon su intención de modificar el “acuerdo de principio” para “alinearlo a las reformas constitucionales (de AMLO), incluyendo los cambios al sector eléctrico”.
Los europeos aceptaron hacerlo, pero con dos condiciones que permitieran “preservar el balance general de lo negociado” en 2018, refirió Gill.
Por un lado, y “mientras reajustaban sus compromisos a las reformas”, los mexicanos garantizaron a los europeos que sus inversionistas serán tratados en igualdad de condiciones que aquellos de Estados Unidos, Canadá y otros países con preferencias comerciales.
Por otro lado, aceptaron igualmente que los europeos retiraran algunas concesiones ya acordadas a México en 2018. Así, las cuotas de contingentes arancelarios de carne de vacuno y etanol fueron rebajadas a la mitad y las de aves de corral un tercio.
El “acuerdo de principio” establecía que la entrada de carne de vacuno mexicana libre de arancel aumentaría paulatinamente de dos mil toneladas métricas a 10 mil toneladas en el quinto año.
Antes del recorte, ese monto representaba apenas una tercera parte de las 30 mil toneladas métricas que obtuvieron los productores europeos en la negociación, según un escrito de la Comisión Europea entregado a los eurodiputados en agosto de 2020, y que fue consultado por Proceso.
Los mexicanos igualmente aceptaron la aplicación de reglas de origen más estrictas para los componentes de los vehículos eléctricos que exporte a Europa el país, el segundo que más coches de esta categoría vende en el mundo después de Alemania.
Estos ajustes acapararon hasta el final las rondas de negociación, relató Gill. Precisó que ambas partes acordaron incorporar una cláusula de revisión del acuerdo tres años después de su entrada en vigor con el objetivo de dar especial seguimiento a esos cambios.
Tras la finalización de las reformas constitucionales mexicanas, comentó el vocero, la Comisión Europea evaluó “con confianza la política energética nacional vigente en México”.
Por lo tanto, concluyó, “el acuerdo alcanzado garantiza la coherencia de (su) modernización con las reformas mexicanas en el sector energético, asegurando al mismo tiempo que el resultado global negociado pueda beneficiar a los operadores económicos de la UE”.
El texto también lo puedes leer en la edición mensual de la revista Proceso de fecha 1 de abril de 2025.
