Es falso que el expresidente Felipe Calderón -o cualquier otro funcionario actual o antiguo- esté siendo investigado por la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI), como lo han asegurado el presidente Andrés Manuel López Obrador, su hasta hace poco secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como medios y comunicadores afines al gobierno. Hasta ahora sólo se conoce públicamente una veintena de “comunicaciones” (demandas) que sobre todo organismos de derechos humanos han entregado a la fiscalía de la CPI con el objetivo de que ésta abra un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad, y posiblemente también de guerra, cometidos en México a partir del sexenio de Calderón. Pero esas “comunicaciones” -que llegan de casos de todo el mundo- excepcionalmente conducen a una investigación, señala un reportaje de Janet H. Anderson, la corresponsal en La Haya del portal suizo Justice Info, el cual Underground Periodismo Internacional reproduce en español con la debida autorización.
Año tras año, la Corte Penal Internacional (CPI) recibe miles de “comunicaciones”, en su mayoría de ONG, que denuncian presuntos delitos que quieren que investigue la fiscalía. Sólo cinco de ellas -una proporción ínfima- han dado lugar a investigaciones oficiales. Y todo el mundo está de acuerdo en que el sistema no es transparente. ¿Por qué siguen presionando las ONG? ¿Y crece su influencia?
“Los exámenes preliminares son como una puerta de hierro muy difícil de franquear”. Esta es la conclusión de un representante de la sociedad civil tras intentar que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue presuntos crímenes, según un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicado en 2020. “Hay una enorme vaguedad”, afirma Amal Nassar, ex representante de la FIDH ante la Corte, que “continúa” a pesar de los informes periódicos de la fiscalía sobre las “comunicaciones” que recibe y cómo se transforman en exámenes preliminares (la etapa que precede a una investigación completa de la CPI).
El término “comunicaciones” es el término oficial en la CPI para lo que, en otros ordenamientos jurídicos, podría equivaler a una denuncia si se permitiera tal vía legal ante el tribunal internacional, o para lo que, más en general, es una forma que tienen las ONG de presionar al tribunal, más concretamente a la fiscalía.
Desde su creación hace más de veinte años, la CPI ha recibido al menos 15.000 comunicaciones, de las cuales más de 700 se han considerado “merecedoras de un análisis más detallado”, jerga interna para describir el proceso de selección inicial.
La gran mayoría de las comunicaciones recibidas por el tribunal con sede en La Haya son “manifiestamente ajenas a la jurisdicción de la Corte”, según los informes periódicos de la CPI sobre los exámenes preliminares desde 2011. Otras están relacionadas con un examen preliminar o una investigación ya en curso, mientras que de las más de 700 presentaciones iniciales que han sido objeto de una evaluación fáctica y jurídica en profundidad por parte de la fiscalía de las alegaciones y la situación que contenían, sólo unas 50 han sido analizadas en su totalidad según los criterios que se exponen a continuación.
EL “PROCESO DE FILTRADO” DEL FISCAL DE LA CPI
El proceso se describió hace unos diez años en un documento político que sigue un “proceso de cribado en cuatro fases”. Estas fases incluyen la evaluación de la jurisdicción del tribunal, si los presuntos delitos entran dentro de su mandato, si existen juicios locales y si el enjuiciamiento redundaría en interés de la justicia.
Aunque antes existía una unidad separada para los exámenes preliminares dentro de la fiscalía, dirigida por el actual fiscal Karim Khan, gran parte del trabajo de la oficina se organiza ahora en equipos nacionales que se ocupan de todos los aspectos de las investigaciones y los procesamientos, dirigidos por dos fiscales adjuntos. La única excepción es Ucrania, de la que se ocupa directamente el fiscal. Los exámenes preliminares, sin embargo, son responsabilidad del fiscal adjunto Nazhat Shameem Khan (sin relación con Karim Khan).
“Toda la información recibida se procesa, se examina en profundidad y, en caso necesario, se convierte en pruebas”, explica Cristina Ribeiro, Coordinadora Superior de Investigaciones y Análisis de la Fiscalía de la CPI. “Antes de abrir una investigación, (estas comunicaciones) son una parte importante de nuestro punto de partida”.
CRITERIOS DE SELECCIÓN POCO CLAROS
El mencionado informe 2020 de expertos independientes, en el que se proponen más de 350 cambios necesarios para mejorar la CPI, resume el enfoque de la fiscalía a la hora de examinar las comunicaciones como “conservador”. Señala que la decisión sobre si una comunicación debe apoyarse y convertirse en una investigación corresponde esencialmente al fiscal. Por supuesto, el fiscal debe tener “discreción e independencia”, pero “explicitar estos criterios podría ser beneficioso”, añaden los expertos.
Según el informe, se han abierto cinco exámenes preliminares a raíz de la información recibida por el Tribunal: Venezuela, Filipinas, Bangladesh (Myanmar), Burundi y la reapertura de la situación relativa a la conducta de las fuerzas británicas en Irak.
Megan Hirst, abogada penalista británica, elogia en principio el sistema: “Cualquiera puede presionar al Tribunal” y “la fiscalía debería poder recibir toda la información posible”. Pero el 90% de los análisis de las comunicaciones “son rechazados por el fiscal”, lo que “plantea la cuestión de los criterios aplicados por el fiscal para decidir la apertura de un examen preliminar”, señalan los expertos. “Sigue siendo difícil evaluar los criterios utilizados por el fiscal, ya que no son transparentes”.
En un acto celebrado el mes pasado sobre las relaciones entre el tribunal y las organizaciones de la sociedad civil, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang afirmó que “no le gusta el término lobby”, subrayando que la independencia del fiscal está “en el corazón de la credibilidad del tribunal”. Aunque la CPI está abierta a este tipo de contribuciones, sus prioridades deben ser referidas por los Estados y por el Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó. Cuestiones como la gravedad de los presuntos crímenes entran en juego, al igual que los recursos. “Nuestra capacidad total no nos permite examinar más de ocho situaciones”, explicó. Y “ya estamos en 11 situaciones… No quiero intervenir sin tener los recursos necesarios para obtener resultados”.
FALTA DE TRANSPARENCIA
“En la práctica”, dice Hirst, “no es evidente desde fuera con qué frecuencia las comunicaciones influyen realmente en las decisiones del fiscal o contribuyen a una investigación. Si eres una ONG e intentas presentar una comunicación útil a la [fiscalía], puede resultar difícil”.
“Para una comunicación que presentamos, son entre un año y dos años de trabajo”, explica Jimena Reyes, directora de la oficina de las Américas de la FIDH. “Y, obviamente, es bastante frustrante cuando no pasa nada, como en el caso de México, donde ni siquiera se ha propuesto un examen preliminar”. Reyes recuerda el día en que las organizaciones de víctimas organizaron una manifestación frente a la CPI, en torno a la escultura ofrecida por las autoridades mexicanas llamada “alas de la justicia”, para “afirmar nuestro desacuerdo con el hecho de que no pase nada”, después de haber presentado información sobre casos que afectan a miles de personas.
“Tal vez no sea fácil para la fiscalía ser franca sobre la selección de casos y cómo se toman las decisiones. Pero tienen que analizarlo. No digo que todo el mundo vaya a estar contento cuando conozca las decisiones, pero tiene que haber más transparencia y comunicación sobre estas decisiones”, afirma Hirst.
¿POR QUÉ LO HACEN LAS ONG?
Ribeiro reconoce que las comunicaciones de las ONG “se están volviendo realmente sofisticadas” y que algunas tienen “muchos tipos diferentes de pruebas, incluida la conservación de documentos publicados en línea”.
Pero en este contexto, en el que muy pocas comunicaciones logran atravesar la “puerta de hierro” y la mayoría se quedan a las puertas, ¿por qué las ONG siguen enviando su información al Tribunal? Para Nassar las razones no son uniformes, como tampoco lo son las ONG. Hirst advierte que “cada (ONG) tiene sus propios intereses y niveles de experiencia”.
Kate Gibson, abogada defensora británica que ha participado en varios juicios de la CPI, señala las diferentes razones por las que las ONG deciden presentar comunicaciones: “Algunas comunicaciones son increíblemente detalladas y tienen como objetivo conseguir que el Fiscal abra una investigación. Otras organizaciones de la sociedad civil utilizan las comunicaciones como un ejercicio de defensa. Algunas situaciones son políticamente delicadas y presentar una comunicación a la fiscalía puede ser una forma muy buena de llamar la atención sobre una situación delictiva concreta.”
Reyes reivindica el éxito en la presentación de información a la fiscalía al haber subrayado ésta por primera vez en el examen preliminar sobre Colombia que “hay razones para creer que en Colombia se han cometido crímenes contra la humanidad”. Era la primera vez que alguien decía que los crímenes contra la humanidad habían sido cometidos por militares, por las FARC (principal guerrilla del conflicto colombiano) y por paramilitares. Y eso desempeñó realmente un papel muy importante en el proceso judicial”.
OTRAS LIMITACIONES Y ESCOLLOS
¿Podrían las comunicaciones de las organizaciones de la sociedad civil y su seguimiento causar problemas más adelante en los juicios? “Existe la opinión de que los esfuerzos de la sociedad civil están orientados a perseguir a los autores de los crímenes y que, por tanto, una mayor colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y la fiscalía aumenta la desigualdad de armas entre ésta y la defensa. Pero eso es demasiado simplista”, afirma Gibson. “Lo más preocupante es que la mayor colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y la fiscalía juega con esa idea arraigada de que la Corte existe como mecanismo para acabar con la impunidad. Y cuando nos fijamos el objetivo de prevenir la impunidad, el riesgo es que las absoluciones se vean como fracasos, como algo que salió mal, y las condenas como que todo salió bien.”
Las organizaciones que someten las comunicaciones no siempre las difunden públicamente. Nassar aduce varias explicaciones, como “la confidencialidad y la seguridad”, pero también puede ser “para distinguirlas de otros esfuerzos de defensa”. Las ONG a veces razonan que no hacer públicas sus comunicaciones puede reforzar la relación privilegiada que buscan con el fiscal de la CPI y establecer su fiabilidad y credibilidad. También dan a veces los nombres de los presuntos autores de los crímenes y les preocupa que la divulgación de su comunicación tenga el efecto contrario de comprometer la posible detención de los sospechosos. Por ejemplo, durante años ha habido comunicaciones específicas sobre crímenes cometidos en Ucrania sin que las organizaciones que las presentaban las divulgaran ni el fiscal hiciera nada al respecto. Por tanto, la reticencia de algunas ONG a hacer públicas sus comunicaciones puede reforzar la falta de transparencia del sistema en su conjunto.
Aunque reconoce la utilidad de las comunicaciones de las ONG, Ribeiro afirma no obstante que “cuanto más sofisticadas sean, mejor será la base de la investigación, así que ¡bien hecho!”.
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