En 2006 el gobierno español prefirió cerrar los ojos y no defender junto con la Unión Europea a dos ciudadanas catalanas agredidas por la policía de México durante un operativo en contra de la población de Atenco, que se oponía a la construcción de un aeropuerto en terrenos comunitarios de su municipio. Conocer la historia de cómo España dio la espalda a las jovencitas fue posible años después gracias a documentos entregados por la ley europea de transparencia. El portal de la revista Proceso publicó originalmente la información el 19 de octubre de 2016.
BRUSELAS, Bélgica.- Fue un espectáculo de violencia gratuita. El operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, en el Estado de México -contra pobladores que se movilizaban para detener la construcción de un aeropuerto en Texcoco-, dejó un saldo de dos personas muertas y decenas de manifestantes detenidos de manera arbitraria.
También 26 mujeres fueron víctimas de abuso sexual (el caso de 11 de ellas fue juzgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 28 de noviembre de 2018 falló contra el Estado mexicano). Entre las víctimas había dos ciudadanas españolas: María Sostres y Cristina Valls, cuyos casos no fueron llevados a la CIDH.
Como se recordará, el desproporcionado uso de la fuerza por parte de elementos federales y estatales indignó a defensores de derechos humanos en México y el extranjero, particularmente en Europa. Sin embargo, el gobierno español, encabezado entonces por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se negó a tomar la defensa de sus ciudadanas dentro de las instituciones de la Unión Europea (UE).
De haberlo hecho, España habría ejercido una fuerte presión internacional en contra del gobierno del presidente Vicente Fox, el de su sucesor Felipe Calderón y el del gobernador del Estado de México de la época, Enrique Peña Nieto, quien ganaría las elecciones presidenciales en 2012.
El gobierno de Rodríguez Zapatero abandonó a Sostres y Valls; prefirió actuar de una manera que favoreció a las autoridades denunciadas.
Documentos recientemente entregados a este corresponsal -resultado de una solicitud de acceso a la información de la UE- permiten recrear una historia desconocida por la opinión pública, la cual comienza el 24 de mayo de 2006, tres semanas después de los hechos de Atenco.
Aquel día, el entonces eurodiputado catalán Raúl Römeva presentó una pregunta escrita al Consejo de la UE, el organismo en el que los representantes permanentes de los Estados miembros (con puestos de embajadores y adjuntos), entre ellos los de España, toman decisiones conjuntas.
Römeva narró en su comunicación que Sostres y Valls “fueron expulsadas de México después de ser golpeadas y violadas por agentes de la Policía Federal Preventiva de México”. “En ningún momento –denunció Römeva– las autoridades mexicanas respetaron sus derechos más elementales a la integridad física y jurídica e, incluso, se vulneró el cumplimiento de un amparo que una juez mexicana falló y que impedía su repatriación”.
Acusó, además, que existió una “actuación pasiva de la diplomacia española”, pues “ningún representante del gobierno español se apersonó en las dependencias policiales donde se hallaban las detenidas”. El cónsul, escribió, “sólo apareció en la estación migratoria del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), donde las ciudadanas españolas esperaban su deportación, una vez ya conculcados sus derechos”.
Debido a que México y la UE sostienen un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, el cual se fundamenta en el respeto de los derechos humanos, Romeva expuso una serie de cuestionamientos al Consejo de la UE.
Quiso saber “qué actuaciones pensaba realizar la institución para expresar su preocupación, dada la gravedad de las acusaciones formuladas” por Sostres y Valls. Otra cuestión fue “si (el Consejo) tenía la intención de denunciar a México ante los organismos internacionales pertinentes, o solicitar que se investigue al gobierno de dicho país por su trato a las personas detenidas” ese día.
El 17 de julio de ese 2006 -casi dos meses más tarde y a través de su secretaría general-, el Consejo de la UE envió a los representantes permanentes de los Estados miembros, incluido el español, un borrador o anteproyecto de respuesta a los cuestionamientos realizados por Römeva.
En esa respuesta, por más sorprendente que parezca, el Consejo afirmó que no estaba enterado de nada: “El Consejo –decía– no ha sido informado hasta la fecha del problema que plantea Su Señoría (Römeva), por lo cual no ha podido tratarlo ni internamente ni con las autoridades mexicanas”.
La respuesta aseguraba, eso sí, que tanto la UE como México eran “conscientes de la importancia esencial de los derechos humanos”, puesto que así “ha quedado acordado en el artículo 1 del acuerdo” bilateral.
El Consejo advirtió por escrito que los representantes nacionales podían hacer observaciones a esa respuesta a más tardar el 21 de agosto siguiente (es decir, más de un mes después). Advirtió que de no haber tales observaciones, el borrador se sometería a su aprobación ante el Comité de Representantes Permanentes y el Consejo de la UE.
Pero aún así, el gobierno de España, el primer interesado en abogar por sus connacionales, no reaccionó; el gobierno de Rodríguez Zapatero no intercedió para que el caso lo retomara la UE y simplemente aprobó la respuesta tal cual, misma que fue publicada once días después, el 1 de septiembre de 2006, sin haber cambiado ni una coma.
Falsa declaración
El embajador español de la época era Carlos Bastarreche Sagües, quien después fue embajador en Francia, luego director de relaciones institucionales de la multinacional Airbus, y entre 2017 y 2021 embajador en Reino Unido. Su representante permanente adjunto era Cristóbal González-Aller Jurado, más tarde embajador en Turquía, representante adjunto ante la ONU en Ginebra y subsecretario de Asuntos Exteriores en el gobierno de Mariano Rajoy.
En esa ocasión, el Consejo pudo haber incurrido en una falsa declaración al afirmar que no contaba con información de los hechos ocurridos en México.
El 8 de agosto, cinco semanas antes de que el Consejo enviara a los representantes permanentes su borrador de respuesta a Römeva -con esa afirmación-, la entonces comisaria de Asuntos Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, declaró en otra comunicación dirigida al eurodiputado que las autoridades mexicanas ya habían informado a la Comisión Europea (otra institución mayor de la UE), y “por escrito”, “su versión de los hechos ocurridos en Atenco y sus consecuencias”.
Y más aún: detalló que “también había recibido información procedente de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales implicadas”, lo que había contribuido, expresó la comisaria, “a ampliar su visión y permitir una mejor comprensión de los hechos desde diferentes perspectivas”.
Ella sí mencionó el “tratamiento humillante” contra las mujeres en Atenco y comentó que el propio gobierno mexicano había “admitido” que “la profesionalidad y la formación de las fuerzas de policía (del país) sigue siendo un reto”.
¿Las autoridades mexicanas informaron del tema a la Comisión Europea, pero no al Consejo? ¿Los diplomáticos españoles, y de los demás países comunitarios, ignoraban en serio lo ocurrido en Atenco con sus ciudadanas? No. El 21 de agosto, el Consejo de la UE había también enviado a las representaciones permanentes el borrador de respuesta a la pregunta de otro eurodiputado español, Willy Meyer, quien acusaba “el tratamiento brutal” del que fueron objeto en Atenco las dos ciudadanas españolas y una alemana, Samantha Dietmar (por cuyo caso intercedió el entonces eurodiputado Tobias Pflüger).
Meyer preguntó si el Consejo había obtenido información sobre los arrestos y expulsiones de esas tres ciudadanas de la UE, y si se acercó a las autoridades mexicanas para conocer lo sucedido.
En el borrador de respuesta al eurodiputado Meyer, el Consejo de la UE reconoció lo que posteriormente negó en la respuesta a Römeva: que las autoridades mexicanas sí habían sido “consultadas” acerca de lo ocurrido a las ciudadanas europeas. Y no sólo eso: incluso admitió que la embajada de México ante la UE había “confirmado” que, “en caso de que las autoridades hayan cometido abusos”, se impondrían sanciones una vez concluidas las investigaciones.
Pero el Consejo de la UE siguió empecinado en negar los hechos y en su primer párrafo manifestó: “El Consejo no ha sido informado de los eventos referidos en la pregunta de Su Señoría y, en consecuencia, no han sido discutidos con las autoridades mexicanas”.
El gobierno de España volvió a guardar silencio y no presentó observaciones tampoco a la respuesta a Meyer. El que sí solicitó enmendar la respuesta fue Alemania, al percatarse de que era “intrínsecamente contradictoria”: “Por un lado se dice que no se llevaron a cabo discusiones entre el Consejo y las autoridades mexicanas, mientras que por otro lado se hace referencia a lo que contestaron los mexicanos”, expresó ese país en una correspondencia oficial.
Curiosamente, Alemania sólo pidió eliminar un enunciado, en el que se afirmaba que “el tema (de Atenco y las ciudadanas europeas) fue tratado por México como parte del diálogo político” con la UE. El resto de la información “contradictoria” se mantuvo en la respuesta que finalmente recibió el eurodiputado Meyer a finales de septiembre de 2006.
Una de las consecuencias diplomáticas de ese lamentable posicionamiento español (y europeo) se reflejó cuando en octubre de 2007 se publicó el Informe anual de la UE sobre derechos humanos en el mundo, correspondiente a hechos del año anterior.
En el documento –que emite el Consejo de la UE y en donde resume sus “trabajos y logros” en la promoción de los mismos–, el apartado relativo a México menciona: “en cuanto a las alegaciones (sic) de violaciones graves de los derechos humanos en Oaxaca y en San Salvador Atenco, la UE ha expresado su preocupación y sus deseos (sic) de que se investiguen en profundidad todos los casos de violación de los derechos humanos”. Nada más. Ni una palabra sobre los casos específicos de Sostres y Valls, y mucho menos del de Dietmar.
Última oportunidad
La historia no termina ahí. Cuatro años más tarde, el 29 de abril de 2010, el eurodiputado Römeva volvió a cuestionar al Consejo de la UE sobre la impunidad en que habían quedado “los crímenes sexuales cometidos por agentes de policía mexicanos en Atenco”.
En su escrito denunció que, en julio de 2009, “la Fiscalía Especial de México se declaró incompetente en los casos relativos a los abusos sexuales a mujeres en los incidentes de Atenco”, y que poco tiempo después “la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas envió a las autoridades locales del Estado de México una lista de más de 30 agentes de policía implicados en los abusos sexuales”, sin que hasta esa fecha fueran castigados.
El 31 de mayo de 2010, el Consejo de la UE presentó el borrador de su respuesta a los representantes permanentes de los Estados miembros, pero con una novedad: si no había observaciones, automáticamente el borrador quedaría aprobado (“procedimiento de aprobación tácita”, en el argot administrativo).
Como en ocasiones anteriores, el Estado español no se manifestó y el 28 de junio de ese año el Consejo de la UE señaló en su respuesta definitiva que la Delegación de la UE en México seguía los casos planteados por Römeva, pero, una vez más, soltó: “El Consejo no ha debatido ninguno de ellos en concreto y no corresponde al Consejo realizar las investigaciones”.
A partir de entonces el asunto cayó en el olvido de las instituciones de la UE.
(Versión editada y actualizada)
