Algunas mujeres trans peruanas han decidido dejar su país para irse a vivir a Francia con la idea de tener mejores perspectivas de vida. Allá, sin embargo, indocumentadas y solas enfrentan muchos obstáculos, sobre todo aquellas que se emplean como trabajadoras sexuales. Y es que con las leyes francesas que abolieron la prostitución, pasaron de ser delincuentes a víctimas, pero en lugar de mejorar, su situación empeoró y quedaron expuestas a una mayor violencia que ya se cobró la vida de Vanesa Campos y Jessyca Sarmiento.
Viviana Varin, militante ambientalista y feminista franco-peruana realizó durante un año una inmersión dentro de organizaciones comunitarias transgénero en París
que ofrecen orientación y apoyo psicológico. A través de este reportaje -publicado por la revista belgo-francesa Ballast-, Varin ofrece una descripción de sus recorridos de vida, dificultades y aspiraciones. Con autorización de la autora, Underground reproduce para sus lectores un fragmento de ese trabajo.
PARÍS, Francia.- Es un lunes de agosto de 2020 en la capital francesa. En el local de Acceptess‑T, la sala está llena. Es el día en que la asociación recibe a los y las nuevas integrantes, y también el de la permanencia psicológica. Hace unos días tuvo lugar una marcha en el Bosque de Boulogne (bosque situado al límite oeste de París donde ejercen muchas trabajadoras sexuales) en homenaje al triste aniversario de la muerte de Vanesa Campos, una mujer trans peruana asesinada en 2018 en ese lugar. Quedan algunos afiches del llamado a la movilización. En un pequeño grupo, dos peruanas empiezan a conocerse y conversan sobre la marcha: “¿Según tú, cuántas somos? Yo digo que unas 700, 800… ¡o de repente 1,000 chicas!”.
Es difícil saber cuántas personas representan a la comunidad transgénero peruana en Francia, concentrada en París y principalmente constituida por mujeres trans. Han venido solas, gracias a una amiga de la infancia o a través de la ayuda de una “madre”: una trabajadora sexual mayor ya establecida en la capital, que se encarga de la llegada de una joven, quien, a cambio, debe trabajar para ella cierto tiempo. Es un sistema que puede generar abusos, pero que tiene que ver ante todo con una ayuda mutua. Para las mujeres trans peruanas, el trabajo sexual es prácticamente la única forma de migrar.
Esta actividad estigmatizada las expone tanto a la epidemia de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) como a la violencia, aún más dura a enfrentar en un país extranjero donde, a pesar de la comunidad, están bastante aisladas. Y es para responder a esta acumulación de vulnerabilidades que Acceptess‑T nació. La asociación no atiende solamente a las personas trans migrantes, también le presta una atención específica a la gran precariedad en que viven las personas extranjeras.
Giovanna Rincón, militante trans franco-colombiana, cofundadora y ahora directora de la asociación, explica la necesidad de sobrepasar el marco del territorio para pensar las reivindicaciones trans: “Acceptess‑T nació en 2010 para ayudar a las personas trans, migrantes, trabajadoras sexuales y fuertemente afectadas por la epidemia del sida, lo cual era una realidad menos marcada dentro del movimiento trans francés. Había una necesidad de enfocarse en otras discriminaciones que afectan a las personas más vulnerables”.
Acceptess‑T es un espacio de acogida, de acompañamiento social y de mediación sanitaria para sus usuarios y usuarias. En alianza con otras organizaciones, incluyendo el Sindicato del trabajo sexual (STRASS por sus siglas en francés), Acceptess‑T se moviliza contra la criminalización de la prostitución y por la aplicación del derecho común a los y las trabajadoras de ese sector, en un contexto “abolicionista” (la abolición jurídica de la prostitución) que las dos organizaciones califican de “putofóbico”. Señalan a estas políticas represivas del Estado francés como responsables de los dramas a repetición, así como de la exclusión de las personas trans trabajadoras sexuales.
Criminalización
En 2016, en el marco de la lucha contra el “sistema prostitucional”, Francia adoptó una ley calcada sobre el modelo sueco que penaliza a los compradores de servicios sexuales, es decir, a los clientes. Esta medida anuló el delito de “racolage passif” (la búsqueda pasiva de clientes) que entró en vigor en 2003. De este modo, las trabajadoras sexuales pasan del estatuto de delincuentes al de víctimas a las que hay que salvar de la trata y de la violencia.
Al asociar sistemáticamente prostitución y violencia, los y las abolicionistas han logrado justificar medidas represivas en nombre de la defensa de los derechos de las mujeres. Sarah-Marie Maffesoli es jurista y coordinadora de Jasmine 2, un programa de lucha contra las violencias hacia los y las trabajadoras del sexo, implementado por la ONG Médicos del mundo. Maffesoli explica por qué es tan difícil hablar del trabajo sexual en Francia: “Los ideólogos abolicionistas están en una lógica de que prostitución es igual a violencia. Para ellos, luchar contra esa violencia es luchar contra la prostitución. Entonces siempre es difícil hablar del tema. Sin embargo, es completamente posible reconocer la violencia dentro del ejercicio del trabajo sexual sin decir que es violento en sí. Es necesario deconstruir (desmontar) esta asociación y preguntarse contra qué violencia se lucha y cómo”.
Las mismas trabajadoras sexuales terminan banalizando las agresiones: “La banalización de las violencias es una forma de protección indispensable porque no puedes ir a trabajar todos los días diciéndote que te vas a morir. Pero lo que pasa es que mientras más violento es el ambiente del trabajo sexual, más se niega la realidad de la violencia”. Por lo tanto, es importante poder hablar de ello y proponer herramientas de defensa. Es lo que el proyecto Jasmine ha implementado a través de talleres de autodefensa por y para trabajadoras sexuales, y dispositivos de ayuda en línea disponibles en 10 idiomas (alertas, presentación de denuncias, acceso a estructuras de apoyo y a médicos).
Por otro lado, a la línea abolicionista francesa se suman una serie de reformas sucesivas del derecho de asilo que también han influenciado la represión del trabajo sexual. Como lo describen Charlène Calderaro y Calogero Giametta en los resultados de una investigación -publicada en abril de 2019 en Anti-Trafficking Review- también los prejuicios racistas alimentan las retóricas del rescate y de la igualdad de género: “Para entender la lógica que le sirve de base al modelo de penalización del cliente (de la prostitución) en Francia, es necesario ir más allá de los argumentos morales defendidos por los dirigentes políticos franceses respecto a la trata humana y a la igualdad de género. Hay que tomar en cuenta cómo el género y la sexualidad han ido conectándose cada vez más a las cuestiones raciales en el debate público francés desde el inicio de los años 2000. Esto va más allá del trabajo sexual”. Su investigación sostiene que las políticas represivas contra el trabajo sexual se sitúan dentro de un marco más amplio de control de la inmigración: “Las leyes que reprimen la prostitución no sólo refuerzan categorías al margen sino que también sirven estrategias de control estatal mucho más amplias”.
A pesar de que aspiran a ejercer una profesión menos estigmatizada, menos agotadora y menos peligrosa, todas estas mujeres reconocen que el trabajo sexual, que suelen calificar de “no muy digno”, les permite construir sus vidas, sus cuerpos y apoyar a sus familias, a veces después de haber sido rechazadas.
“Es mi cuerpo”
Teresa es una joven trans de unos veinte años que llegó a París en 2017, poco tiempo después de que llegara su hermana gemela, Vania, transgénero también. Las dos vienen de Pucallpa, una ciudad de la selva peruana. Con Luna, quien llegó a la capital en 2011 desde Trujillo, las tres viven juntas en un pequeño departamento de un edificio de Saint-Ouen (ciudad situada justo a las afueras de París), en el que residen sólo mujeres trans peruanas desde hace casi veinte años.
Teresa declara: “Es mi cuerpo el que uso, es mi decisión y no le hago daño a nadie, eso es primordial”. Luna es una de las usuarias más activas de Acceptess‑T; dice deberle mucho a la asociación. Es voluntaria, participa en las movilizaciones, lleva clases de francés y, al mismo tiempo, está comenzando como agente de mantenimiento.
Durante un almuerzo en un restaurante de Saint-Ouen, Luna cuenta con emoción: “No denigro el hecho de ser puta porque me ha permitido hacer un montón de cosas. He construido mi casa de cuatro pisos en Perú, he comprado mi carrito, he viajado, he comprado algunas cosas de calidad para mí y para mi familia. Pero sobre todo, he mejorado la calidad de vida de mi madre, mandándole dinero cada mes. En el Perú jamás hubiera podido ayudarlos y ahora, siempre que vuelvo, soy yo la que hace los regalos y que procura la emoción que yo sentía de niña. Eso es una gran satisfacción”.
Para Giovanna Rincón, la respuesta del Estado que consiste en reprimir e incitar a las trabajadoras a dejar su actividad no es la adecuada, aún menos para las personas trans migrantes. Explica que no existe ningún verdadero acompañamiento de salida porque la transfobia no lo permite: “A nosotras, mujeres trans migrantes, nos afectan todas las reformas: la del ‘racolage’ en 2003, la de la penalización del cliente en 2016, así como las reformas sucesivas del derecho de asilo que hacen más frecuentes los controles por perfiles raciales.
“También vivimos la instrumentalización política de la violencia contra nosotras por parte del Estado y, sobre todo, del Ministerio encargado de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que sigue reforzando sus leyes abolicionistas y chantajeándonos para poder obtener nuestros papeles: si dejas de prostituirte, te regularizamos. ¡Y todo eso cuando las mismas asociaciones abolicionistas no logran asegurar el trabajo de salida de la prostitución porque la transfobia está por todas partes!”
Agresiones a la alza
A pesar de que el objetivo sea dejar el trabajo sexual, los obstáculos para lograrlo también son importantes en Francia. Además, pese a que las condiciones de ejercicio son mucho más peligrosas, tampoco es tan sencillo alejarse de un mundo que se ha vuelto conocido. Xavier Mabire, psicólogo de Acceptess‑T, desde hace tres años se encarga de la permanencia de los lunes. Es un testigo directo de las dificultades de inserción y la violencia que viven las chicas: “Francia no les deja otra opción que ir al Bosque (de Boulogne). Algunas chicas dicen que fue un buen lugar para trabajar pero que las condiciones están empeorando. Después del asesinato de Vanesa Campos, han habido muchos más pedidos para la permanencia psicológica por parte de jóvenes que habían sufrido agresiones graves. Y es por eso que hemos decidido alargar los horarios de la permanencia”.
En su informe anual de 2019, la asociación francesa SOS Homofobia calificó al 2018 de “año negro” para las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexual). Las agresiones presentaron un aumento de más del 50 por ciento en contra de las personas trans. El informe 2020 revela que la tendencia no se ha invertido. Las agresiones contra esa población han aumentado más del doble en un año (130 por ciento), sobre todo contra las mujeres trans. Según Giovanna Rincón, la fuerte mediatización del asesinato de Vanesa Campos tuvo un doble filo: “Desde su asesinato, las violencias han aumentado de manera muy clara. Su mediatización, positiva, también ha incitado a la violencia”.
Cada una de las entrevistadas ha vivido varios episodios de agresiones o detenciones. Los cuentan con mucho dolor pero también con humor, para adoptar la distancia tan necesaria. Todas expresan su frustración de no poder presentar denuncias por miedo a ser deportadas.
Luna, quien ha conocido la época del “racolage” (atraer clientes), ha vivido muchas detenciones que, hoy, cuenta sonriendo a pesar de que le hayan generado un profundo desprecio hacia la policía: “Me han detenido por ‘racolage’ 11 o 12 veces, era caserita ya (risas). La primera vez fue traumática porque estaba en el Bosque, no hablaba francés y no entendía lo que pasaba. ¡Y con la policía, ser trans no ayuda ! Eres como un payaso vestido de mujer, y con sus miradas o sus gestos te basurean. Ahora controlan a los clientes, ya no existe lo del ‘racolage’ o quizás se cansaron de mí (risas)”.
Teresa ha vivido varios episodios mucho más violentos: “He sido violada una vez y he vivido otras agresiones que no he querido denunciar porque no tengo papeles. Siento que eso me hace vulnerable. No quiero que me reenvíen al Perú sin haber podido cumplir mis metas”.
Las asociaciones trabajan sobre esta falta de conocimiento de su derecho a denunciar a pesar de que no tengan papeles. Katherine es una mujer trans de 35 años. Llegó en 2013 de Lima y ahora es mediadora social en Acceptess‑T. Ella insiste sobre la importancia de conocer sus derechos, pero a la vez reconoce que no siempre basta: “Antes yo no denunciaba. Ahora sé que en la comisaría te tienen que escuchar porque como víctima tenemos los mismos derechos que los demás. ¡El problema es que a veces tu palabra de mujer trans, extranjera y trabajadora sexual no cuenta!”.
Las chicas quisieran que la presencia policial fuera protectora en vez de represiva ya que, como lo dice Katherine, los rateros y agresores son el principal problema: “Hay muchos rateros que les roban tanto a las chicas como a los clientes. Y si no los defiendes, pues sales perdiendo. Frente al ratero, Vanesa no pensó en protegerse, defendió a su cliente y su negocio porque de eso vivimos, con eso ayudamos a nuestras familias. Si no reaccionamos, el cliente va a pensar que somos cómplices…”.
La noche del 21 de febrero de 2020, un agresor en serie atropelló a Jessyca Sarmiento, dejándola muerta en una calle del Bosque. Tenía 38 años y vivía en el edificio de Saint-Ouen. Era una excelente cocinera que todas la querían por su generosidad. Al día siguiente, conmocionadas por la noticia, sus compañeras organizaron un lunch en la casa de Giovanna Magrini, una mujer trans brasileña que acaba de obtener una apartamento social en el sur de París, después de haber vivido 19 años con las peruanas en Saint-Ouen. Es una figura conocida en el edificio y mantiene vínculos fuertes con sus ex-colocatarias que considera como sus hermanas o hijas.
Durante la comida, videos muy violentos de la muerte de Jessyca circularon en los grupos de WhatsApp de las chicas. Las imágenes son insostenibles. Pocos días después, Acceptess‑T organizó una marcha. Se volvieron a reunir, conversaron y escribieron algunas palabras en francés y en español: “STOP TRANSPHOBIE #NiUnaMenos!”. Una pancarta entre otras el día de la marcha, en medio de rosas blancas y de velas. Entre 200 y 300 personas estuvieron presentes, así como varias organizaciones: Acceptess‑T, el STRASS o Médicos del Mundo. La marcha pasó primero por el lugar donde Vanesa fue asesinada y terminó en el de Jessyca. Los eslóganes estaban llenos de cólera y de emoción, los discursos también. Las amigas de Jessyca y su hermano, recién llegado del Perú, compartieron su dolor y exigieron justicia. El homenaje se terminó y todo un grupo se dirigió hacia la estación de bus más cercana para regresar. Dentro del bus, siguieron las consignas: “Jessyca, presente, Vanessa, presente!”
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DETRÁS DE LA HISTORIA
El 25 de noviembre de 2011 estuve presente en La Haya cuando el abogado Netzaí Sandoval entregó a la CPI el primer expediente público con cientos de casos de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en México por fuerzas del Estado. Recuerdo que, al término del día, otro corresponsal mexicano y yo platicamos con él en un café de paso en la estación de trenes de esa ciudad. Sandoval estaba muy entusiasmado y convencido de que los casos que acababa de presentar a la fiscalía la obligaban a intervenir en lo que ahora sabemos que era el comienzo de un tsunami de violencia.
Pocos días después entrevisté al profesor belga Eric David, una eminencia en justicia internacional. Me explicó que cualquier solicitud de intervención en México de la CPI podría ser improcedente no por falta de pruebas respecto de las atrocidades cometidas por militares y fuerzas de seguridad contra civiles, sino por un tecnicismo del derecho internacional: los cárteles del narcotráfico no pueden ser considerados parte beligerante.
Por ello, me dijo, desde una perspectiva legal no existe en México una situación de guerra interna que implicaría la confrontación entre dos entes armados organizados y responsables de sus actos ante la justicia internacional. Era 2011. Ha pasado una década y aquí estamos parados, observando que la CPI ha decidido investigar por primera vez actos criminales en el marco de una “guerra contra las drogas”, y a un conjunto de ONG empujando a la fiscalía para que reconozca que en México existe un conflicto armado no internacional que jurídicamente le permita intervenir como lo ha hecho en Filipinas.
