A pesar de que China se comprometió a respetar las libertades en Hong Kong cuando este territorio le fue devuelto por los británicos en 1997, el gobierno de Pekín se empeña en imponer medidas autoritarias que son respondidas por un activo movimiento prodemocracia. La ley de seguridad nacional -aprobada a mediados del año pasado- es el más reciente intento del régimen de Xi Jinping para endurecer el control de la disidencia.“Esta ley fue diseñada para provocar la autocensura”, dice a Underground Tom Gundry, el editor en jefe del medio independiente Hong Kong Free Press.
TOKIO, Japón.- Tras casi dos años de protestas estudiantiles -a veces violentas- en contra de las leyes autoritarias que quiere imponer China a Hong Kong, las autoridades de educación de esa Región Administrativa Especial anunciaron a principios de febrero que en las escuelas primarias se enseñará la cultura y la lealtad a los símbolos patrios chinos.
Una reciente encuesta de la Universidad de Hong Kong indica que en los últimos 20 años el porcentaje de habitantes que en esa ciudad se considera “chino” cayó de 30 a 10%; la mayoría se asume como “hongkonés”.
El sindicato de profesores de Hong Kong ha alertado que el plan educativo de China es “restrictivo y represivo” y bloquea el desarrollo de ciudadanos independientes. De tal forma que los niños en la excolonia británica comenzarán desde muy pequeños el adoctrinamiento que alimente su orgullo de ser chinos.
Y no sólo eso, ya que, además, tendrán que estudiar -desde el jardín de niños- la controvertida Ley de seguridad nacional de Hong Kong que el año pasado impuso el régimen chino sin haber dado a conocer previamente su contenido a la opinión pública ni a las autoridades locales.
Dicho texto -que generó expresiones de inconformidad de las democracias occidentales y las organizaciones de derechos humanos- entró en vigor el 30 de junio de 2020, un año después de que iniciaran en Hong Kong las manifestaciones contra el intento fallido de Pekín de poder extraditar a ciudadanos desde ese territorio.
La ley estipula que serán castigados hasta con penas de cadena perpetua los delitos de “secesión”, “subversión”, “terrorismo” y “convivencia con fuerzas extranjeras”, conceptos cuya definición es tan imprecisa y general que prácticamente cualquier acto de oposición podría considerarse una amenaza a la seguridad nacional.
Muchos ciudadanos que estaban acostumbrados a compartir noticias políticas han cerrado sus cuentas en las redes sociales para no meterse en líos y algunas librerías comenzaron a deshacerse de obras que tratan temas incómodos para las autoridades o libros de autores que simpatizan con el movimiento prodemocracia, como Hong Kong ciudad-Estado del líder independentista Joshua Wong o Mis viajes por comida y justicia de la legisladora Tanya Chan.
El alcance de la ley es tan extenso que el gobierno declaró ilegal la canción Gloria a Hong Kong, el himno de las protestas (que algunos consideran también el de la ciudad) por su supuesto mensaje “separatista y subversivo”.
Pero también periodistas, caricaturistas, artistas e incluso maestros se han convertido en el blanco de las autoridades chinas.
La asociación de periodistas de Hong Kong han denunciado que esta ley violenta el trabajo de los profesionales de la comunicación, ya que los forza a autocensurarse para no enfrentar represalias. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU señala que la redacción del texto lleva a “una interpretación discriminatoria o arbitraria que podría menoscabar la protección de los derechos humanos”.
La ley refiere en su artículo nueve que el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong “tomará las medidas necesarias para fortalecer la comunicación pública, la orientación, la supervisión y la regulación sobre asuntos relacionados con la seguridad nacional, incluidos los relacionados con las escuelas, universidades, organizaciones sociales, los medios de comunicación e internet”.
También inquieta la jurisdicción internacional que se confiere, ya que se aplica a cualquier ciudadano, aunque no sea de nacionalidad china ni resida en Hong Kong o haya estado ahí.
Teóricamente, cualquier persona puede ser arrestada en ese territorio especial, aunque estuviera en tránsito, y ser deportada a China para ser sometida a juicio. Si la persona acusada se encuentra en China, ésta podría ser objeto de una detención arbitraria o incluso secreta, privarla de contacto con su familia y de un abogado de su elección.
Prensa enemiga
La autocensura en la prensa de Hong Kong existe desde que ese protectorado británico fue devuelto a China en 1997, pero se ha intensificado en años recientes y se ha acentuado mucho más tras la imposición de la Ley de seguridad nacional, comenta a Underground el investigador independiente en derechos humanos Patrick Poon, quien antes trabajó para Amnistía Internacional.
Desde Hong Kong, explica que los periodistas se sienten bajo presión y son mucho más cautelosos al hablar con entrevistados y usan sistemas de comunicación más seguros, además de que cubren las protestas con mayor cuidado, incluso si éstas son pequeñas.
“Ahora deben pensar mejor si pueden cubrir ciertos temas y cuestiones que podrían considerarse sensibles y que potencialmente pudieran violar la nueva ley”, comenta Poon, quien alguna vez fue periodista.
Este hecho ya ha provocado que algunos medios hayan trasladado parte de sus equipos fuera de Hong Kong, como es el caso del New York Times, que los desplazó a Seúl, Corea del Sur.
Tom Grundy es el fundador y editor en jefe del diario digital Hong Kong Free Press, un medio sin fines de lucro que nació apenas en 2015 con el objetivo defender la libertad de expresión y cubrir el movimiento a favor de la democracia.
Expone: “Vemos que a muchos periodistas no les han renovado sus contratos; vemos casos de librerías que cierran o sabemos de editores que aparentemente son secuestrados. Y si miras el panorama mediático actual, la mayoría de la prensa escrita es propiedad del Partido Comunista Chino, de conglomerados chinos o de personas con intereses en China y con buena relación con el gobierno de Pekín”.
La ley de seguridad “es tan vaga -dice en entrevista con este medio- que nadie sabe cuándo será aplicada. No se conocen las líneas rojas de la misma y nunca se ha dado respuesta a las peticiones de esclarecimiento. Tal como lo escribí en (el diario británico) The Guardian (en julio de 2020), creo que esta ley está diseñada para provocar que los medios se autocensuren”.
Grundy comenta que ya tienen listo un plan de contingencia en caso de que su medio sea amenazado legalmente o incluso si la plantilla debe dejar Hong Kong de inmediato. El Hong Kong Free Press dispone de un asesoramiento legal continuo y ha tomado una serie de medidas para poder funcionar desde otro lugar, además de que todas sus comunicaciones y archivos han sido trasladados a dispositivos encriptados.
“Lo que al final estamos haciendo -señala- es continuar con nuestro trabajo pero preparados para lo peor”.
Cada vez peor
El investigador de Amnistía Internacional en Hong Kong, Kai Ong, observa que la autocensura en el periodismo local ha empeorado en los últimos años. La propia organización ha documentado casos en los que los editores de medios televisivos censuraron contenido político.
Ong explica a este corresponsal que por esa y otras razones Hong Kong nunca ha obtenido más de 50 puntos -de 100- en el índice de libertad de prensa de la Asociación de Periodistas de Hong Kong.
Otro conteo es más explícito en exhibir el declive en esa materia. En 2013 Hong Kong se clasificaba en el lugar número 58 de 180 países analizados por Reporteros Sin Fronteras; en 2017 cayó al 73, y en 2020 -el listado más reciente- se encontraba ya en el 80.
Desde que promulgó la nueva ley, el gobierno de Pekín no ha reparado en mostrar su poderío para amedrentar a la prensa nacional e internacional basada en esa importante ciudad portuaria y centro financiero.
En septiembre último la policía anunció que sólo reconocería a los periodistas que estuvieran registrados por el Departamento de información del gobierno de Hong Kong o aquellos que trabajan para “grupos mediáticos reconocidos internacionalmente”, y dejaría de considerar como tales a quienes únicamente dispongan de una acreditación emitida por un medio local.
Anteriormente, el 10 de agosto pasado, 200 policías participaron en una espectacular redada en la redacción del peródico independiente The Apple Daily y arrestaron a su dueño, el millonario anglo-taiwanés Jimmy Lai, acusándolo de violar la Ley de seguridad nacional al conspirar con fuerzas extranjeras. El operativo incluyó la detención de otros miembros de su familia y la de varios líderes pro-democracia.
El juicio del hombre de negocios se llevará a cabo en abril próximo.
“Poco a poco vemos como están acabando con la libertad de prensa y de expresión”, opina el mencionado Grundy, quien agrega que “incluso a periodistas de medios tan famosos como el Financial Times o The New York Times se les está negando la visa para trabajar en la ciudad”.
Sin embargo -aclara Kai Ong, de Amnistía Internacional-, los más vulnerables son los medios independientes, a los que el gobierno les niega repetidamente la acreditación para cubrir ciertas conferencias de prensa y que no cuentan con los mismos recursos que tienen los grandes medios para protegerse de conflictos legales.
Caricaturas peligrosas
La Ley de seguridad nacional también impacta directamente al humorismo gráfico, que ha ayudado a dar proyección internacional a la llamada Revolución de los paraguas.
El sexagenario Wong Kei-kwan, mejor conocido como Zunzi, es uno de los caricaturistas políticos más populares de la excolonia británica. Aunque toma con calma la situación y dice que en los últimos 20 años ha escuchado en repetidas ocasiones que perdería su libertad de dibujar, reconoce que “bromear ahora puede ser muy peligroso”.
El respetado caricaturista -quien se atrevió recientemente a dibujar al presidente chino Xi Jinping desnudo y sentado en un trono- asegura que si algo ha aprendido en su larga trayectoria es que un cartón puede tirar rápidamente la pretensión de los poderosos de hacer creer a la gente que son ejemplos a seguir.
Otro popular caricaturista es el que se esconde tras el nombre de Ah To. En su caso, prácticamente de un día para otro dejaron de aparecer sus cartones en el semanario Ming Pao de Hong Kong. El hecho coincidió con la aprobación de la Ley de seguridad.
El semanario Ming Pao aseguró a la agencia informativa Reuters que tomó la decisión de suspender el trabajo del caricaturista político -simpatizante del movimiento disidente- por el único motivo de que necesitaba renovar sus contenidos y no para evitar problemas con la nueva ley.
Sobre este asunto, Ah To sólo dijo a la agencia británica que él había resuelto “continuar y persistir” en sus “valores”, los cuales por supuesto resultan incómodos para China.
Uno de los cartones más polémicos del ilustrador, por ejemplo, es aquel que muestra a un activista prodemocracia de Hong Kong parado frente a una hilera de camionetas policiacas, en obvia referencia a aquella icónica imagen del manifestante anónimo que, poniéndose delante, frena la marcha imponente de un tanque en la Plaza Tiananmen durante las protestas estudiantiles de 1989 que pedían la apertura del régimen.
El cartón, publicado en 2019, se titula La historia se repite.
Un ejemplo más es el del artista conocido bajo el seudónimo de Childe Abaddon, quien también ha tomado precauciones tras la promulgación de la ley china.
En junio de 2020 salió a la luz un libro que él mismo editó, Voces, el arte de la resistencia (Voices, the art of the resistence), en el que presenta una colección de obras gráficas -realizadas por 50 artistas- relacionadas con la ola de manifestaciones en Hong Kong.
El volúmen tuvo tal éxito de ventas que incluso se agotó en la tienda digital Amazon. No obstante, el artista ha declarado que no piensa sacar una segunda edición por temor a las consecuencias que ello pudiera generar.
Es la misma razón por la que casi dos mil artistas y trabajadores de la cultura de Hong Kong expresaron en un comunicado conjunto que la nueva legislación había creado “un clima de miedo y autocensura”.
“¿Se considerará que la participación en un festival internacional de arte o la invitación a artistas extranjeros a Hong Kong para el intercambio artístico inducen la intervención de países o fuerzas extranjeras?”, se preguntó el colectivo, uno de cuyos firmantes, el joven historietista Lau Kwong Shin, incluso anunció su intención de irse a vivir a otro lado.
Y es que, como señala el referido investigador Poon, “escritores, críticos y, en realidad, casi todo el mundo en Hong Kong está en riesgo si expresa puntos de vista -en internet o en la vida real- que el gobierno pueda considerar una violación a la ley de seguridad”.
Su manto amenazador alcanza a la sociedad hongkonesa por completo.
DETRÁS DE LA HISTORIA
Me llamó mucho la atención qué tanto está amenazada la libertad de prensa en la antigua colonia británica. Por eso me pareció interesante abrir un poco más esta puerta para dar a conocer lo que sucedía y cómo estaban viviendo creadores y periodistas esta experiencia represiva proveniente del régimen chino.
En un principio resultó complicado contactar a fuentes que quisieran hablar, especialmente por la desconfianza que suscita la comunicación por redes, pero también porque debido a la pandemia es complicado viajar a Hong Kong. Afortunadamente, gracias a la oficina de la prensa extranjera de Japón, y muy especialmente al consultor e investigador Patrick Poon, pude contactar con la mayoría de los entrevistados que explican la situación en esa región especial de China.
Copyright ©️ Todos los derechos reservados para Underground | Periodismo Internacional. Queda prohibida la publicación, edición y cualquier otro uso de los contenidos de Underground sin previa autorización.
