Habrá que esperar algunos años antes de que la Unión Europea (UE) pueda pedir cuentas a empresas de esa región que tengan que ver con abusos a los derechos humanos, como es el caso de una minera de Luxemburgo acusada de estar involucrada en la desaparición de los activistas mexicanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.
Así fue como respondió el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cuando se le cuestionó qué pueden hacer las autoridades europeas en aquellos casos en que sus empresas afecten a comunidades o permitan abusos a los derechos humanos en la zona donde están implantadas.
El pasado 15 de marzo, la eurodiputada Diana Riba, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, dirigió una “pregunta parlamentaria” a la Comisión Europea, el organismo de la UE que vigila el cumplimiento de los tratados del bloque con otros países.
“El 15 de enero de 2023 -escribió Riba-, Ricardo Lagunes, abogado defensor de los derechos humanos, y Antonio Díaz, líder indígena, desaparecieron en el estado de Colima. La desaparición se produjo en el contexto de un conflicto en curso entre la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, en Michoacán, y una empresa minera con sede en Luxemburgo, Ternium”.
Riba quiso saber qué instrumentos jurídicos o políticos puede emplear la UE para asegurarse que las empresas europeas “ofrezcan garantías a sus trabajadores y a las comunidades afectadas por su trabajo cuando realicen actividades de alto conflicto, en particular en zonas en las que operan agentes ilícitos”. Pidió también conocer cuáles son los recursos de la autoridad “para garantizar la reparación (de daños) a las víctimas en los casos en que estas empresas hayan perjudicado a comunidades o violado los derechos humanos”.
Organizaciones no gubernamentales han apuntado que los integrantes de la comunidad donde opera Ternium habían levantado diferentes denuncias en contra de la minera, a la que culpan de fomentar la fractura del tejido social en la zona y favorecer a representantes comunales afines a sus intereses de expansión.
Expertos de la ONU refirieron en un pronunciamiento el pasado 20 de febrero que los activistas “fueron vistos por última vez cuando asistían a una reunión comunitaria donde se debatieron acciones colectivas relacionadas con los impactos de la empresa (Ternium) sobre los derechos humanos”.
Relatan que Díaz es miembro de la comunidad que se ha visto afectada por la minera europea y que recibía asistencia jurídica de Lagunes. “Las empresas deben proporcionar toda la información de que dispongan en relación con la desaparición de los señores Lagunes y Díaz“, señala la declaración firmada, entre otros, por Pichamon Yeophantong, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
El pasado 2 de junio, Josep Borrell respondió a la eurodiputada Riber. En el punto esencial de su respuesta escrita señala que, una vez adoptada, será la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad la que podrá establecer un marco “para fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de valor mundiales, a fin de abordar específicamente los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente”.
Precisó que las autoridades administrativas asignadas por los Estados miembros de la UE serán las responsables de supervisar estas nuevas normas y podrán imponer multas en caso de incumplimiento. “Además -agrega Borrell-, las víctimas tendrán la oportunidad de emprender acciones legales por los daños y perjuicios que podrían haberse evitado con medidas adecuadas de diligencia debida”.
Esa directiva, en todo caso, va para largo. Apenas el 1 de junio pasado el Parlamento Europeo adoptó una posición respecto a la propuesta de directiva que presentó la Comisión Europea en febrero de 2022.
Lo que sigue será abrir una fase de negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y los gobiernos de los Estados miembros de la UE (el Consejo), el cual no se espera que finalice antes de 2024. Una vez que la directiva sea adoptada formalmente, los Estados miembros tendrán dos años más para integrarla a sus legislaciones nacionales.
Consultada por Underground, la eurodiputada Riba dice que esa “no era la respuesta que esperaba”. “(Borrell) no habla directamente del caso específico de las dos personas por las que preguntamos. Lo que hace es mencionar la Directiva sobre diligencia debida de las empresas”, comenta.
La eurodiputada y su partido sostienen que una medida europea congruente con su discurso humanista sería que se integrara al Acuerdo Global con México -cuya versión modernizada está por adoptarse- una cláusula democrática vinculante que permita suspender su funcionamiento en caso flagrante de violación a los derechos humanos. La que existe no ha sido evocada ni una sola ocasión en más de 20 años de vigencia a pesar del agravamiento de la situación de los derechos humanos en México en ese mismo lapso de tiempo.
➜Aquí puedes leer la carta de la eurodiputada Riba y la respuesta de Borrell.
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