La Corte Penal Internacional investigará guerra contra las drogas… en Filipinas

DETRÁS DE LA HISTORIA

El 25 de noviembre de 2011 estuve presente en La Haya cuando el abogado Netzaí Sandoval entregó a la CPI el primer expediente público con cientos de casos de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en México por fuerzas del Estado. Recuerdo que, al término del día, otro corresponsal mexicano y yo platicamos con él en un café de paso en la estación de trenes de esa ciudad. Sandoval estaba muy entusiasmado y convencido de que los casos que acababa de presentar a la fiscalía la obligaban a intervenir en lo que ahora sabemos que era el comienzo de un tsunami de violencia.

Pocos días después entrevisté al profesor belga Eric David, una eminencia en justicia internacional. Me explicó que cualquier solicitud de intervención en México de la CPI podría ser improcedente no por falta de pruebas respecto de las atrocidades cometidas por militares y fuerzas de seguridad contra civiles, sino por un tecnicismo del derecho internacional: los cárteles del narcotráfico no pueden ser considerados parte beligerante.

Por ello, me dijo, desde una perspectiva legal no existe en México una situación de guerra interna que implicaría la confrontación entre dos entes armados organizados y responsables de sus actos ante la justicia internacional. Era 2011. Ha pasado una década y aquí estamos parados, observando que la CPI ha decidido investigar por primera vez actos criminales en el marco de una “guerra contra las drogas”, y a un conjunto de ONG empujando a la fiscalía para que reconozca que en México existe un conflicto armado no internacional que jurídicamente le permita intervenir como lo ha hecho en Filipinas.