Julio 3 / 21
BRUSELAS, Bélgica.- A México y Filipinas los separa una distancia de 12,400 kilómetros. Para llegar a ese país insular de Asia, clavado en el Océano Pacífico, hay que volar 18 horas ininterrumpidas desde la Ciudad de México. Sin embargo, esas naciones, tan lejanas geográficamente una de otra, tienen un rasgo en común: comparten profundas crisis de derechos humanos ligadas a la “guerra contra las drogas” que libra cada una de ellas desde hace algunos años.
Alarmadas por el excesivo uso de la fuerza que impunemente ejercen los cuerpos de seguridad mexicanos y filipinos al amparo del combate a las drogas, organizaciones locales y extranjeras de protección de derechos humanos acudieron a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Holanda. Durante años le han solicitado que investigue en ambos países los numerosos casos que, por las evidencias que han recabado y presentado ante la Corte, pueden configurarse como crímenes de lesa humanidad, y que junto con los de guerra, agresión y genocidio está en posibilidad de enjuiciar.
Es por eso que tras el reciente anuncio que hizo la fiscalía de la CPI en el sentido de que abrirá una investigación sobre la situación en Filipinas, los activistas mexicanos que buscan lo mismo para México ven alimentado su optimismo.
SUSCRÍBETE PARA SEGUIR LEYENDO ESTA NOTA