El 17 de marzo pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que había emitido órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin -y su responsable de protección de la infancia- por la deportación forzada de niños como delito de guerra. Un informe de la ONU publicado el día anterior informa de los crímenes de guerra masivos cometidos por Rusia en Ucrania, incluido el traslado forzoso de niños. El detalle de ese informe fue publicado el 20 de marzo por el portal suizo Justice Info. Underground Periodismo Internacional lo reproduce en español con la debida autorización.
GINEBRA, Suiza.- En su informe, publicado el pasado 16 de marzo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania señala que funcionarios ucranianos y rusos declararon que miles de niños habían sido trasladados de Ucrania a la Federación Rusa desde el 24 de febrero de 2022, “con cifras que varían considerablemente”. Ucrania adelanta la cifra de 16.221 hasta finales de febrero de este año, pero la comisión no pudo comprobar estas cifras.
Rusia afirma que se trata de razones humanitarias, lo que la Comisión impugna. “La Comisión concluyó que las situaciones que ha examinado en relación con el traslado y la deportación de niños, respectivamente a Ucrania y la Federación de Rusia, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”, dice el informe.
Las autoridades rusas han tomado medidas legales y políticas con respecto a los niños ucranianos trasladados a la Federación Rusa, dice el informe. Estas medidas incluyen la concesión de la ciudadanía rusa y la colocación de niños en familias de acogida, “lo que parece crear un marco en el que algunos niños podrían acabar quedándose permanentemente en la Federación Rusa”. El informe cita a Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria rusa de derechos de la infancia, que también está sujeta a una orden de arresto de la CPI con Putin, y que dijo en una entrevista con la prensa el 22 de julio de 2022 que “ahora que los niños se han convertido en ciudadanos rusos, la tutela temporal puede convertirse en permanente”.
Cuando se le preguntó el jueves en Ginebra, Suiza, si la comisión de investigación de la ONU había compartido información con la CPI, el presidente de la comisión, el noruego Erik Møse, dijo a Justice Info que aún no había recibido ninguna solicitud de la CPI. El mandato de la comisión incluye la preservación de las pruebas para “futuros procedimientos judiciales”.
“LOS NIÑOS EXPRESARON UN MIEDO PROFUNDO”
La comisión de la ONU, compuesta por tres miembros, afirma haber identificado tres situaciones principales en las que los niños son transferidos por la fuerza: los niños que han perdido a sus padres o que han perdido el contacto con ellos durante las hostilidades; los niños que han sido separados después de que un padre haya sido detenido en un punto de control; y los niños colocados en instituciones.
El informe dice que ha examinado los incidentes relacionados con el traslado de 164 niños de 4 a 18 años de las regiones de Donetsk, Járkiv y Jersón. La comisión concluye que estas transferencias no estaban justificadas por razones médicas o de seguridad, y que las autoridades rusas dificultaron el restablecimiento del contacto entre padres e hijos. En la mayoría de los casos es responsabilidad de los niños hacerlo y, según los testigos, “muchos niños pequeños trasladados no han podido establecer contacto con sus familias y, en consecuencia, podrían perder todo contacto con ella por tiempo indefinido”.
Los padres también dijeron a la comisión que en algunos lugares de transferencia los niños llevaban ropa sucia, se les gritaba y se les insultaba. “Las comidas eran de mala calidad y algunos niños discapacitados no recibían los cuidados y medicamentos necesarios”, continúa el informe. “Los niños expresaron un profundo miedo a ser separados permanentemente de sus padres, tutores o seres queridos.”
¿CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD?
La deportación de niños es sólo uno de los muchos crímenes de guerra que la comisión cree que Rusia ha cometido en Ucrania, incluyendo homicidios voluntarios, ataques a civiles, tortura y violencia sexual. El informe señala posibles crímenes contra la humanidad concerniendo los ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania desde octubre de 2022 y las prácticas de tortura, especialmente en los centros de detención.
Los crímenes contra la humanidad se definen en los estatutos de los tribunales penales internacionales, incluida la CPI, como delitos graves “cometidos en el marco de un ataque generalizado o sistemático lanzado contra una población civil y con conocimiento de ese ataque”.
En una conferencia de prensa celebrada en Ginebra el 16 de marzo, el comisario colombiano Pablo De Greiff dijo que la comisión está “ahora en una posición mucho mejor para establecer esquemas” de delitos, en comparación con su anterior informe de septiembre. Amplió sus investigaciones de cuatro regiones iniciales de Ucrania a nueve. Afirma haber realizado entrevistas en persona y a distancia con 595 personas, incluidas 348 mujeres. Los lugares de destrucción, las tumbas y los lugares de detención, entre otros, fueron inspeccionados por la comisión, que también consultó documentos, imágenes de satélite y videos.
Sin embargo, la comisión no llegó a afirmar que Rusia también cometió crímenes contra la humanidad, además de crímenes de guerra. Refiere que esta cuestión debe ser investigada más a fondo.
LISTA DE SOSPECHOSOS
Además de su informe, la comisión indica que ha elaborado una lista de individuos y unidades militares sospechosos de crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario en el marco de la guerra en Ucrania. Se trata de un “trabajo en curso”, dijo De Greiff.
Esta lista es confidencial y parece, al menos por ahora, referirse a los soldados rusos en el campo en Ucrania. Pero el presidente Møse afirma que la comisión está tratando de establecer la cadena de mando.
“Cuando identificamos a los autores individuales -conocemos sus nombres a través de testimonios u otros documentos- la siguiente pregunta es si se trata de algo que va más allá, por ejemplo, hasta un comandante de la entidad militar en cuestión”, dice a Justice Info. “Entonces tratamos de ver si podemos identificar a los líderes de estas entidades. La siguiente pregunta será entonces si es posible subir más alto.”
La Comisión dice que presentará esta lista al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk.
RESPONSABILIDAD DE LOS UCRANIANOS
La comisaria Jasminka Džumhur, de Bosnia y Herzegovina, cree que también es importante que los ucranianos informen de ciertos crímenes y abusos. El informe cita dos casos ya conocidos de ucranianos que dispararon a prisioneros de guerra rusos, lo que, según la comisión, constituye crímenes de guerra.
El informe también expresa su preocupación por las acusaciones de tortura y malos tratos a los colaboradores. Desde el 24 de febrero de 2022, Ucrania ha abierto miles de investigaciones sobre acusaciones de colaboración con Moscú y traición. Como informó Justice Info, sus tribunales ya han dictado decenas de condenas.
“Las personas sospechosas de haber participado en ejercicios y actividades de colaboración afirman que han sido sometidas a diversos tipos de malos tratos”, dice Møse. “Este es un punto sobre el que no hemos podido concluir, porque aún no tenemos una corroboración al respecto. Pero es un tema que nos preocupa y sobre el que recomendamos realizar una investigación más profunda.”
REGISTRO DE VÍCTIMAS Y PERSONAS DESAPARECIDAS
Además de la responsabilidad penal, el informe de la comisión también subraya la necesidad de formas no judiciales de justicia, incluida la búsqueda de la verdad y las reparaciones. Recomienda a las autoridades ucranianas que creen ahora un registro de víctimas, sin esperar a que termine el conflicto.
“Lo que hemos observado en nuestros contactos con las víctimas, pero también basándonos en nuestra experiencia en otros lugares y en mi experiencia en Bosnia y Herzegovina, es que es importante en esta etapa del conflicto proporcionar un reconocimiento inmediato de las víctimas en la ley y en la práctica”, expone Džumhur a Justice Info, “porque si no lo haces a tiempo y no estableces un registro de víctimas para una posterior responsabilidad penal, será muy difícil hacerlo después”.
Según ella, Ucrania debería crear este índice “para evitar la duplicación y repetición de los testimonios y para prevenir el sufrimiento y el trauma de las víctimas. Es una lección aprendida de otros países en conflicto”.
Aunque la comisión reconoce que ciertas formas de justicia de transición son difíciles de aplicar antes de que termine el conflicto, cree que algunas cosas se pueden hacer ahora. “Cuando hablamos de verdad, también hablamos de prestar atención a las personas desaparecidas”, dice a Justice Info. “Ambas partes pueden crear un registro de personas desaparecidas para establecer la cooperación y proporcionar información a las familias.”
¿Quién es la coacusada con Putin, Maria Lvova-Belova?
La comisaria rusa de derechos de la infancia, Maria Lvova-Belova, es co-acusada con el presidente ruso Vladimir Putin por la Corte Penal Internacional de la deportación de niños ucranianos a Rusia. Basándose en artículos de medios rusos independientes, incluido un perfil publicado en el portal Verstka, el autor e investigador de historia militar ChrisO_wiki resumió el viaje de Maria Lvova-Belova y su ascenso en el aparato estatal ruso.
Nacida en Penza en 1984, Lvova-Belova se casó a la edad de 19 años con Pavel Kogelman, entonces programador y ahora sacerdote. Tuvo cinco hijos biológicos, adoptó otros cuatro y, en 2021, se convirtió en la tutora de otros trece niños discapacitados. Cofundó una organización benéfica para la adopción de huérfanos con Anna Kuznetsova, su futura predecesora como comisaria de la infancia.
Lvova-Belova se unió al Frente Popular Panruso de Putin en 2014 y rápidamente asumió el liderazgo de la organización Madres de Rusia. Siguió trabajando para causas benéficas en Penza, pero cuando su amiga Kuznetsova se convirtió en comisaria de la infancia en 2016, su financiación se disparó. Con fondos de subvenciones federales y regionales, empresas y oligarcas, ha puesto en marcha nuevos proyectos para niños y huérfanos con discapacidad. Uno de estos proyectos, el “New Banks Art Estate”, habría costado 190 millones de rublos (2,46 millones de dólares).
Lvova-Belova fue condecorada por la Iglesia Ortodoxa Rusa con la Orden de los Santos iguales a los Apóstoles del Gran Duque Vladimir III y se unió a la Cámara Cívica de la Federación Rusa, donde asesora al gobierno. En 2019, se presentó a las elecciones de la Duma (Consejo Municipal) de Penza y las ganó. Más tarde se convirtió en senadora representando a la región de Penza. Fue nombrada comisaria de Derechos de la Infancia en octubre de 2021, en sustitución de Kuznetsova, que había sido elegida para la Duma Nacional. Según Verstka, su candidatura a este puesto fue respaldada por figuras influyentes de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
El 11 de marzo de 2022, escribió en su hilo de la red social Telegram que Putin “apoya incondicionalmente la posibilidad de colocar huérfanos del Donbass en familias rusas”. Lvova-Belova-Belova firmó un acuerdo con Eleonora Fedorenko y Yulia Nazarenko, las comisarias de derechos de la infancia de las “repúblicas populares” de Donetsk y Luhansk, en el este de la Ucrania ocupada, para permitir el reasentamiento de niños de estas dos regiones en Rusia. Acompañó personalmente a los niños retirados de los territorios ocupados y los entregó a las familias de acogida rusas. En agosto de 2022, adoptó a un niño de 15 años llamado Philip, que había perdido a su familia de acogida ucraniana en el ataque ruso a Mariúpol.
En respuesta a la orden de arresto de la CPI, Lvova-Belova escribió: “Me alegro de que la comunidad internacional haya apreciado nuestro trabajo de protección de los niños, el hecho de que los rodeamos de cuidados y personas amorosas. Y es especialmente agradable estar en el mismo equipo que el presidente ruso Vladimir Putin. ¡Seguiremos trabajando!”
(Traducción: Underground Periodismo Internacional).
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