A los eurodiputados que en marzo pasado instaron a su gobierno a proteger a los periodistas los llamó “borregos”. Ahora, a finales de octubre, Andrés Manuel López Obrador tachó de “momias” -por haber callado, dijo, ante presuntos fraudes en su contra- a los expertos europeos de la Comisión de Venecia que cuestionaron su propuesta de reforma electoral. No importó que México sea -por petición propia- miembro de ese organismo desde 2010 y que apenas hace dos años haya reforzado la “injerencia” del mismo tras acordar una alianza estratégica con el Consejo de Europa que lo tutela. ¿Cuál es la función de la Comisión de Venecia? ¿Qué relación ha decidido tener México con ese organismo consultivo del Consejo de Europa?
BBRUSELAS, Bélgica.- A pesar de que su propio gobierno acordó “ampliar el espacio de diálogo y el intercambio de buenas prácticas” con el Consejo de Europa, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó y llamó públicamente “momias” a los expertos europeos de uno de sus principales organismos consultivos: el Comité de Venecia.
Así sucedió luego de que un equipo de expertos independientes de ese comité concluyó en un reporte técnico “de opinión” que las reformas electorales que impulsan AMLO y su partido MORENA (Movimiento Regeneración Nacional) “no proporcionan suficientes garantías de independencia e imparcialidad” de los funcionarios y los jueces del tribunal que tutelan las votaciones en México.
“Qué bueno que opinen los europeos esos para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores (mexicanos), pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias. Nunca dijeron nada”, acusó el mandatario en su conferencia matutina del pasado 25 de octubre, ignorando que entre las funciones de la Comisión de Venecia no se incluye la de calificar resultados electorales.
Altos funcionarios del gabinete y dirigentes morenistas desacreditaron igualmente el análisis de los especialistas extranjeros, como fue el caso de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escribió un tuit en el que usó las nacionalidades de los autores del reporte para desdeñar sus capacidades: “La Comisión de Venecia: una española, un montenegrino, un maltés y un estoniano opinan que la propuesta electoral de AMLO es ‘onerosa’ (!) y no ofrece ‘garantías’ (?). Se nota que no conocen México”.
Gómez se refiere a Paloma Biglino, catedrática de derecho constitucional de la Universidad de Valladolid y experta en procesos electorales y legislativos; Srdjan Darmanović, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Montenegro y exministro de Relaciones Exteriores de ese país; Michael Frendo, abogado, consultor y exministro de Relaciones Exteriores de Malta, y Oliver Kask, juez y presidente de la Comisión Nacional Electoral de Estonia.
Tales reproches son incomprensibles. Apenas en octubre de 2020 el gobierno de López Obrador decidió no sólo seguir reconociendo, sino que reforzó la aceptación de esos informes de evaluación al haber establecido una “alianza estratégica” con el Consejo de Europa, la organización intergubernamental de la que forman parte 47 países europeos y dentro de la cual actúa la Comisión de Venecia.
Su propio subsecretario de Relaciones Exteriores, que en aquella época era Julián Ventura Valero, participó por videoconferencia en la reunión del Consejo de Europa en la que se formalizó esa alianza estratégica. En su discurso, el representante del gobierno lopezobradorista “destacó el compromiso de México con la profundización de sus vínculos con el Consejo”, “con el derecho internacional y con la construcción de soluciones colectivas a los grandes retos globales”, según refiere un comunicado de prensa que publicó la SRE el 7 de octubre de 2020 a raíz de ese acuerdo.
Con sede en Estrasburgo, al este de Francia, la misión de esa importante organización internacional nacida en 1949 -y de sus órganos consultivos- es promover un espacio donde imperen los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho; en particular, la Comisión de Venecia ofrece consejos jurídicos y asistencia a los países que se lo soliciten para que éstos puedan adecuar sus marcos legales a mejores estándares democráticos.
La relación actual con el Consejo de Europa da comienzo el 1 de diciembre de 1999, bajo la administración de Ernesto Zedillo, cuando México fue aceptado como observador permanente (a lado de Canadá, Estados Unidos, Japón y el Vaticano). El siguiente gobierno, el de Vicente Fox, logró dos años después el ingreso del país al Comité de Ministros del Consejo (su órgano de decisión), además de que abrió una representación diplomática en Estrasburgo que hasta la fecha da seguimiento a los grupos de trabajo de esa institución, y obtuvo el estatuto de miembro observador en la Comisión de Venecia.
Aun durante el gobierno foxista, el Comité de Ministros del Consejo -por iniciativa mexicana- aceptó que los países observadores participaran en las reuniones ordinarias de la Comisión de Venecia. En 2008, ya con Felipe Calderón en la presidencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió formalmente dejar de ser observador y convertirse en miembro permanente, lo que alcanzó en febrero de 2010.
“La obtención de (el estatuto de) miembro de pleno derecho de la Comisión de Venecia se considera un logro significativo de la diplomacia mexicana porque es un claro reconocimiento internacional a los considerables avances en el proceso de consolidación de la democracia en México. Por su parte, la membresía abrió a México la posibilidad de interactuar con la experiencia democrática de Europa”, explicó el gobierno de Calderón en la memoria documental que presentó la SRE al final de su sexenio.
La Comisión de Venecia ya ha emitido en el pasado “opiniones” sobre reformas constitucionales mexicanas; la más reciente de ellas fue requerida por el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
En junio de 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto -y a solicitud del presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés-, elaboró una sobre la reforma constitucional que al año siguiente creó el INE que hoy pretende cambiar López Obrador. Ese reporte consideró “muy positiva” aquella reforma (aunque criticó duramente el excesivo poderío de Televisa y TV Azteca contra el pluralismo electoral) y fue realizado por dos de los expertos que participan en el más reciente (Paloma Biglino y Srdjan Darmanović).
Anteriormente, en marzo de 2005 y a petición de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia adoptó otra opinión en la que no limitó sus cuestionamientos jurídicos. Ésta tenía que ver con las reformas al sistema de justicia con las que el gobierno de Fox intentaba combatir los feminicidios y las desapariciones de mujeres y niñas.
“No podemos dejar de reconocer que tenemos esos problemas de los que habla el reporte. Es doloroso como mexicano que un organismo externo tenga que intervenir para solucionarlos, pero hemos escuchado con atención sus recomendaciones”, señaló en aquella época a este corresponsal el entonces senador panista Fernando Margáin, quien en su calidad de presidente de la delegación parlamentaria de México en el Consejo de Europa participó en Estrasburgo en el debate relativo a ese reporte.
“Han pasado los tiempos -añadió el senador mexicano aquel mes de junio de 2005- en que esta participación extranjera la veíamos como una injerencia. Hoy, la colaboración y la cooperación internacional en temas de derechos humanos es necesaria”.
Es curioso que 17 años después, el 25 de octubre pasado, otro panista, el diputado Santiago Creel, reaccionara a las recientes recomendaciones de la Comisión de Venecia de manera contraria a la de Margáin y el gobierno foxista. Creel expresó que les agradecía mucho sus opiniones a los europeos, “pero ésta (la reforma electoral) es una cuestión entre nosotros, entre mexicanos”. Alejandro Moreno, diputado y líder nacional del PRI, también se quejó: “Que no nos vengan a decir (los expertos extranjeros) qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer”. No obstante lo declarado por el panista y el priísta, las opiniones de la Comisión de Venecia, como se sabe, son recomendaciones no vinculantes para ningún Estado.
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