Desde que llegó al gobierno en 2010, el ultraderechista húngaro Viktor Orbán implementó una serie de reformas constitucionales al Poder Judicial con el objetivo de eliminar su independencia y someterlo al control del régimen. Para ello necesitó de una “supermayoría” en el Parlamento que obtuvo artificialmente por medio de más cambios legislativos. “Las primeras víctimas del autoritarismo son siempre los jueces y los tribunales”, refiere Viktor Kazai, experto húngaro en Estado de derecho. En entrevista con Underground Periodismo, el investigador de la Universidad Libre de Bruselas explica cómo se llevó a cabo la toma de la justicia en Hungría. Las similitudes con el proceso de la reforma judicial del morenismo en México son notables.
BRUSELAS, Bélgica.- Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, es una especie de oveja negra de la Unión Europea (UE): admira al presidente ruso Vladimir Putin, critica las instituciones supranacionales europeas, defiende ideas sumamente conservadoras y xenófobas, y no le importa romper con los principios democráticos y los derechos humanos para conservar su alta popularidad y seguir ganando elecciones como lo ha hecho desde 2010.
Cuando llegó al poder, una de sus primeras acciones -además de acabar con la independencia de los medios públicos- fue desmantelar la autonomía del Poder Judicial. Y lo hizo a través de varias reformas a la Constitución, las cuales pudo imponer gracias a la llamada “supermayoría” parlamentaria de su partido FIDESZ (Alianza de Jóvenes Demócratas).
A causa de esa ofensiva contra el Poder Judicial y otras medidas de igual corte autoritario, el régimen húngaro mantiene una tensa relación con las instituciones de la UE, en tanto que FIDESZ se retiró en 2021 del grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo frente a una inminente expulsión de sus filas.
“El problema con FIDESZ no es que sea de derecha. Su problema es que no acepta los principios fundamentales de la democracia constitucional”, señala Viktor Kazai, investigador en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas.
Kazai es un abogado húngaro especializado en derecho constitucional comparado y miembro del equipo de Civil Liberties Union for Europe, una organización que defiende los derechos humanos en Europa y cuya sede está en Berlín. Ha escrito también numerosas publicaciones académicas, muchas de ellas sobre las reformas constitucionales del gobierno Orbán (puedes consultar algunas aquí).
En entrevista, Kazai explica que la reforma del Poder Judicial en Hungría fue un “proceso progresivo, largo y complejo”, no como la que arrancó el presidente Andrés Manuel López Obrador y continúa su sucesora Claudia Sheinbaum. “Me impresiona la manera tan rápida y radical con la que México efectuó una reforma judicial tan amplia”, confiesa el experto.
Pero también está seguro de que proponer en Europa una reforma como la del régimen morenista en México sería interpretada como lo que es: la manifestación evidente de una violación a la independencia de los jueces: “Por eso -afirma- jamás a nadie se le ha ocurrido introducir un sistema así en Europa”.
-¿Qué fue lo primero que hizo Orbán para obtener el control de la justicia?
-Por un lado, puso en marcha la reforma de la Corte Constitucional y, por el otro, la del sistema judicial. Como en la mayor parte de los países europeos, en Hungría la Corte Constitucional no forma parte estrictamente hablando del sistema judicial.
“El gobierno lo que hizo fue modificar la composición de la Corte sin tener que despedir a jueces. ¿Y cómo lo logró? Primero, aumentando el número de puestos, para que pudieran ser electos nuevos jueces pero alineados con el gobierno.
“Eso fue posible porque el gobierno tenía, y tiene aun, una mayoría constitucional en el Parlamento. En Hungría, si el gobierno tiene una mayoría de dos tercios en el Parlamento, éste puede hacer lo que se le antoje”.
Kazai refiere que, para 2013, la mayoría de los miembros de la Corte Constitucional habían sido ya electos por el gobierno de Orbán. Los expertos consideran que a partir de ese año la Corte Constitucional se tornó leal al gobierno y dejó de ser independiente e imparcial.
Justicia alineada
Otra polémica medida de Orbán fue la de reducir las competencias de la Corte Constitucional, que perdió su derecho a ejercer el control sobre las finanzas y el presupuesto público, comenta Kazai. Además, la nueva Constitución, que entró en vigor en 2012, introdujo varias disposiciones que limitaron la autonomía de interpretación por parte de los jueces.
“Así, se ha vuelto extremadamente muy raro que la Corte Constitucional falle contra una decisión del gobierno. Sucede muy de vez en cuando, pero en los casos políticamente más importantes es imposible que la Corte opine distinto al Ejecutivo”, expone el investigador.
-¿Esas reformas fueron consultadas con la oposición y el Poder Judicial?
-Orbán no tuvo necesidad de convencer a nadie porque dispone hasta hoy de una mayoría constitucional en el Parlamento. En Hungría, donde hay un sistema parlamentario, el gobierno es electo por el grupo mayoritario del Parlamento, por lo que ambos están fusionados. Y dado que el gobierno tiene una mayoría constitucional, no requiere ninguna aprobación de los otros partidos.
-¿No pudo hacer nada la oposición o las ONG?
-La oposición se volvió extremadamente débil tras las elecciones de 2010. Está fragmentada en varios partidos. El Partido Socialista, que había gobernado hasta ese momento, se tornó muy impopular y los partidos opositores no querían nada que ver con él. Desde entonces no hay una oposición fuerte y unificada.
“Las ONG, por su lado, intentaron litigar y promovieron demandas estratégicas (en contra de las reformas judiciales) ante la Corte Constitucional. Pero en la mayoría de los casos no tuvieron éxito por una razón muy importante: el gobierno, con su mayoría parlamentaria, introdujo dichas reformas a la Constitución y formalmente no podían ser acusadas por anticonstitucionales”.
El gobierno atacó igualmente el sistema judicial, prosigue Kazai. Para empezar, obligó la salida prematura del presidente de la Suprema Corte, András Baka.
“El motivo oficial fue el cambio de nombre de la Corte Suprema a Kúria, pero la verdadera razón de esta decisión fue que el presidente criticó abiertamente la reforma judicial del gobierno”, afirma Kazai.
Agrega que años después, en 2016, András Baka ganó definitivamente el recurso que por ese caso interpuso contra Hungría ante la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, la cual declaró que la decisión de poner fin a su mandato fue motivada políticamente y que su único objetivo fue sancionarlo por sus críticas al régimen.
Jueces con miedo
La otra decisión del gobierno fue reducir la edad de jubilación de los jueces que era de 70 años. La acortó a 65 para los hombres y a 62 para las mujeres. El efecto inmediato de esa reforma -menciona Kazai- fue que el mandato de centenas de jueces acabó de pronto.
“Por supuesto, los más afectados por esta medida fueron los jueces más experimentados e influyentes que tenían las posiciones de presidentes y vicepresidentes de tribunales. Y entonces se nombraron nuevos jueces…”
-¿También vinculados al oficialismo?
Kazai guarda un corto silencio y responde: “No necesariamente. Aquí hay una sutileza: no hay forma de probar que los jueces nombrados estén ligados al gobierno. Pero evidentemente, ellos comprenden que el poder del gobierno es ilimitado, incluso en lo que concierne a la organización del sistema judicial, y saben que si son críticos con el gobierno pueden ser enviados a otra corte, enfrentar procedimientos disciplinarios o problemas administrativos que compliquen su vida y su trabajo. Los nuevos jueces entran en funciones con este miedo en la mente”.
El entrevistado se adentra entonces al procedimiento de nombramiento de los jueces.
“Ese aspecto tiene que ver con la tercera reforma de Orbán, la de la administración judicial. Hasta 2012, el Consejo Judicial fue el responsable de esa parte. La mayoría de sus miembros eran jueces o funcionarios judiciales.
“Eso cambió radicalmente en 2012 cuando este órgano fue reemplazado por dos instituciones: la Oficina Nacional del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Judicatura. La primera se convirtió en la principal administradora del sistema judicial. Es una institución presidida por una sola persona, elegida por la mayoría de dos tercios (del partido de gobierno) en el Parlamento. La primera presidenta de esta institución fue Tünde Handó, que era la pareja de un político muy conocido del gobierno de Orbán”.
El nombramiento de los jueces son responsabilidad de los propios tribunales, donde se generan las listas de candidatos. El primero de esa lista puede ser nombrado por quien preside la Oficina Nacional del Poder Judicial, pero si hay preferencia por otro de esa lista entonces se requiere el permiso del Consejo Nacional de la Judicatura.
“En estos casos -comenta Kazai- lo que hizo la presidenta Handó fue abusar de sus poderes al invalidar el procedimiento de selección o enviar a jueces de un tribunal a otro para ocupar el puesto vacante con su candidato; la Oficina tiene más influencia en la designación de altos cargos en los tribunales.
Puntualiza que el Consejo Nacional de la Judicatura fue autorizado a controlar el trabajo de la presidenta, pero jamás lo consiguió porque no dispone de las competencias jurídicas suficientes.
Foto: Philippe Buissin/Parlamento Europeo
Control absoluto
Kazai sigue en su explicación de las reformas posteriores:
“El gobierno intentó separar la justicia administrativa del sistema judicial. ¿Y por qué? Porque la justicia administrativa toca todos los litigios que tienen que ver con el ejercicio de poder del gobierno. De todo el sistema es la más importante políticamente. Pero el gobierno no lo logró porque entre 2015 y 2018 no tuvo mayoría de dos tercios en el Parlamento a raíz de que algunos representantes murieron o como consecuencia de las elecciones parciales que hubo.
“Por otro lado, a la UE no le gustó para nada esa reforma. En ese momento (diciembre de 2019) entró en funciones la nueva Comisión Europea. No sabemos si es cierto o no, pero podemos suponer que hubo una suerte de negociación entre la Comisión Europea y el gobierno de Orbán: el comisario húngaro propuesto para formar parte de la Comisión (Olivér Varhelyi) no sería aprobado si esa reforma se realizaba. Hungría cedió.
“En 2019, sin embargo, el gobierno húngaro cambió las reglas de legibilidad para el nombramiento del presidente de la Suprema Corte. El gobierno quería a toda costa elegir a un candidato que no estaba calificado: András Varga, quien fue miembro de la Corte Constitucional elegido por el gobierno de Orbán. Pero Varga no era juez. Así que el gobierno cambió las bases de legibilidad y el Parlamento eligió a András Varga en 2021 sin haber sido juez anteriormente.
-Fue a partir de otra reforma que lo consiguió…
-Sí. El Consejo Nacional de la Judicatura opinó que András Varga no era ni independiente ni imparcial, pero el Parlamento (dominado por el partido de Orbán) ignoró por completo ese rechazo. Así, la justicia la representa hoy en Hungría una persona que no fue juez y que fue designado por el Parlamento sólo después de adoptar una ley que lo hizo posible.
-¿Y la oposición sigue fragmentada? Vemos que hay protestas. Recientemente, gente salió a las calles de Budapest para manifestarse contra la máquina de propaganda en que se convirtieron los medios públicos.
-Los partidos de oposición han intentado unir fuerzas sin resultado. No han ganado suficiente fuerza para ejercer un control políticamente efectivo desde el Parlamento. Los ataques a la independencia de la justicia, por otro lado, no han provocado el mismo rechazo social que otras medidas. No ha habido protestas masivas, sólo quejas planteadas por organizaciones profesionales.
“La oposición siempre ha criticado las reformas, pero desde que la Corte Constitucional se volvió fiel al gobierno, lo que ha hecho es tratar de presionar a través de las instancias de la UE y convencerlas de activar el procedimiento de infracción del artículo 7 sobre violaciones a los principios fundamentales de la UE (en 2018 la Comisión Europea activó dicho procedimiento, pero sólo para analizar si existía “un riesgo claro de violación grave” en Hungría).
Lo que este año cambió radicalmente, apunta Kazai, es la emergencia de un nuevo partido político: TISZA (Respeto y Libertad). Lo fundó Péter Magyar, un exfuncionario y marido de la antigua ministra de justicia de Orbán, Judit Varga, de la que se separó hace algunos meses.
Este nuevo partido ganó varios escaños en las elecciones del Parlamento Europeo (en julio pasado). Según los sondeos -plantea el investigador húngaro- TISZA es un poco más popular que FIDESZ.
“El mensaje que intenta comunicar TISZA no tiene nada que ver con la independencia judicial. Su líder sabe muy bien que con ese mensaje es imposible ganar elecciones. Dado que es un partido muy nuevo y que sus miembros proceden de todos lados, no sabemos qué podrá hacer con el sistema judicial después de las elecciones de 2026”.
Mayoría artificial
Tales reformas al Poder Judicial no eran necesarias, asevera Kazai. El objetivo real era apoderarse de él:
“Es lo que vemos en la mayor parte de los países europeos cuando comienzan procesos autoritarios: las primeras víctimas son siempre los tribunales y los jueces. Y es así porque el sistema judicial ejerce un control efectivo sobre el gobierno y la mayoría parlamentaria. Por eso es esencial para los líderes autoritarios adoptar reformas que eliminen la independencia judicial”.
-Y Orbán sigue ganando elecciones y siendo muy popular…
-La situación es más compleja. Desde 2010 el gobierno de Orbán siempre ha ganado las elecciones con dos tercios del Parlamento. Pero eso no quiere decir que dos tercios de la población húngara apoye al gobierno. Esa mayoría se debe al sistema electoral.
-Explíqueme, por favor.
-El sistema electoral húngaro es mixto: casi la mitad de los integrantes del Parlamento son electos en circunscripciones en las que hay que ganar por mayoría de votos; los otros son electos en un sistema proporcional de votos sobre listas de partidos. Por eso, aún si un partido no es votado por la mayoría de los electores, puede tener una mayoría de hasta dos tercios en el Parlamento. Eso fue muy evidente en 2018 cuando FIDESZ recibió solamente 49 por ciento de los votos populares, pero a causa de este sistema mixto el partido ganó de nuevo dos tercios del Parlamento.
–Es una mayoría artificial…
-Por supuesto. Y lo más inquietante es que el sistema electoral ha siempre sido reformado de manera unilateral (por el régimen) sin consultar ni llegar a compromisos con ningún partido político.
-¿Entonces el sistema electoral también proviene de una modificación del gobierno?
-Claro. En 2010, cuando FIDESZ ganó por primera vez las votaciones, el sistema electoral era distinto. El actual es resultado de varias modificaciones del gobierno. El gobierno de Orbán manipula el sistema electoral según los sondeos. El sistema de elecciones municipales, por ejemplo, es manipulado cada cuatro o cinco años, sobre todo antes de las elecciones, para favorecer a los candidatos oficialistas. Ahora que TISZA se ha vuelto tan popular imagino que el gobierno va a manipular el sistema electoral una vez más para ganar otra vez la mayoría o minimizar el riesgo de perder las elecciones.
-FIDESZ nació como un partido liberal y se fue radicalizando a la derecha…
El problema con FIDESZ no es que sea de derecha. El problema es que es antidemocrático, que no acepta los principios fundamentales de la democracia constitucional. Las reformas contrarias a los valores europeos no tienen nada que ver con los valores conservadores. Los intelectuales conservadores de Hungría cuestionan también al gobierno.
-Como experto constitucionalista y conocedor de lo que pasa en Hungría, ¿qué piensa de la idea de que los jueces y magistrados sean electos por voto popular?
-Hay que hacer una diferencia entre la elección de los altos cargos del sistema judicial y la de los jueces ordinarios. En Europa, la regla principal es que los jueces no son electos directamente por el pueblo. ¿Por qué? Porque los jueces deben estar aislados del pueblo y del sistema social. De ellos se espera que estén sometidos a la ley y sólo a la ley; nunca al sentimiento del pueblo. Evidentemente los jueces ejercen su función dentro de un contexto social , pero la ley debe ser interpretada independiente e imparcialmente.
“El contexto social y político no deben tener un impacto decisivo sobre las decisiones de los jueces. Por supuesto, el sistema judicial debe ser controlado por un poder democrático. Por eso puede ser aceptable la participación del Parlamento o del Ejecutivo en el nombramiento del presidente de la Corte Suprema o de miembros del Consejo Judicial, siempre y cuando el proceso no esté demasiado politizado. Pero en lo que concierne a los jueces ordinarios, la base del sistema judicial, la influencia política no tiene cabida. De ninguna manera deben implicarse el Parlamento o el Ejecutivo en la elección de jueces ordinarios”.
-Imaginemos que un día un país de la UE se propone hacer eso: someter al voto popular la selección de jueces...
-Dado que esa práctica no existe en Europa, tal reforma sería la manifestación evidente de una violación a la independencia de los jueces. Y por eso jamás a nadie se le ha ocurrido introducir un sistema así. Las jurisprudencias de la Corte de Justicia de la UE y de la Corte Europea de Derechos Humanos son muy claras: la influencia política en el nombramiento de jueces es inaceptable en Europa.
