Si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador absorbe el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), México corre el riesgo de regresar a las épocas en que el poder podía ocultar al ciudadano todo y sin consecuencias. Y más aún: el país perdería el respeto que ha alcanzado a nivel internacional como un referente de buenos estándares en la materia.
BRUSELAS, Bélgica.- Con todo y sus defectos, el desempeño del INAI —el organismo autónomo que garantiza en la práctica el derecho de los mexicanos a conocer la información gubernamental- ha sido el motor de una de las mejores leyes de transparencia que existen en el mundo, señala Helen Darbishire, directora ejecutiva de la organización Access Info Europe y una reconocida activista británica que desde hace años promueve a nivel internacional que las autoridades abran a la ciudadanía la información que generan.
“No hay ninguna duda de que la ley mexicana es muy buena. Y el nivel de conocimiento y uso que tiene de ella la población es mayor que en otros países. El mundo mira y conoce lo que hace México en ese campo, y gran parte de ese éxito se debe al trabajo que ha hecho el INAI”, explica Darbishire en entrevista con Underground Periodismo Internacional desde Madrid, en donde se ubica la sede de Access Info Europe.
Resalta el hecho de que desde 2003 que se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual dio nacimiento al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) -el antecedente del INAI-, esa institución ha impulsado la apertura informativa de las entidades públicas de México. Y con más fuerza a partir de 2014 cuando obtuvo su autonomía y amplió el paraguas de las entidades públicas bajo su vigilancia.
“La afirmación de que (el organismo) está para tapar la corrupción no es correcta”, sostiene Darbishire en referencia a una de las justificaciones que ha utilizado el presidente López Obrador para anunciar su intención de absorber al instituto en la Secretaría de la Función Pública o en la Auditoría Superior de la Federación, que depende del poder legislativo.
Los argumentos de López Obrador -expuestos desde 2019 y más recientemente a principios de enero- han sido hasta ahora de carácter económico y político y no ha abundado en detalles. Basa su decisión en que el INAI cuesta mucho dinero al erario y ha sido un instrumento, acusa, para proteger ilícitos y corrupción en otros sexenios. Lo ha llamado “organismo alcahuete” (encubridor) y “cortina de humo”.
Especialistas, organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranjeras, así como muchos periodistas cuyas investigaciones recientes sobre corruptelas han sido posibles gracias a la documentación oficial que han obtenido a través del INAI, se han pronunciado contra la intención presidencial de eliminarlo con una reforma.
En un comunicado de prensa, fechado el pasado 7 de enero, decenas de ONG -entre ellas Artículo 19 y Transparencia Internacional- advirtieron que depositar las funciones del INAI en la administración pública convertiría a ésta “en juez y parte”, ya que “concentraría y ejercería de una forma discrecional y arbitraria” sus propias obligaciones de transparencia.
Expusieron también que no se pueden alegar consideraciones monetarias cuando se está hablando de organismos como el INAI, que tutelan derechos y requieren presupuestos desahogados para mantener su independencia de los poderes sujetos a su escrutinio. Sobre todo, indican, en un contexto en que el gobierno actual ha continuado y hasta empeorado las prácticas de opacidad.
La propia oficina de la presidencia, por ejemplo, recibió en 2019 el número más alto desde que existe el sistema de transparencia de recursos de revisión de solicitudes que no fueron satisfechas (513), lo que supuso un incremento de 817 por ciento respecto a 2018, el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Además, señala el boletín, también en 2019 la misma oficina respondió el doble de veces que el año anterior que no existía la información pedida por los ciudadanos. El año pasado incluso se declaró incompetente para contestar en 389 ocasiones, un recurso que había dejado de usar esa entidad pública desde 2014.
Darbishire no es ajena al combate cuerpo a cuerpo de la sociedad civil para arrebatar a los gobiernos mayor transparencia. Su organización ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) tras las negativas de varios Estados miembros e instituciones comunitarias para abrir información pública. También ha llevado al Tribunal Superior de España un caso en contra del gobierno de ese país por negarse a divulgar ciertas medidas anticorrupción.
Conoce igualmente la larga lucha de los activistas mexicanos contra el ocultamiento de información por parte del régimen.
Ella es una de las representantes de la sociedad civil internacional en el Comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), una iniciativa de gobiernos y organizaciones ciudadanas para promover la transparencia, el empoderamiento de los ciudadanos y la lucha contra la corrupción, y que agrupa a 78 países del mundo. Fue creada en 2011 por los gobiernos de ocho naciones, una de ellas México.
Darbishire también forma parte del Consejo consultivo de otra iniciativa multilateral, la Carta Internacional de los Datos Abiertos, un conjunto de buenas prácticas de transparencia gubernamental que se firmó en el marco de la Cumbre Global de la OGP que tuvo lugar en México en octubre de 2015. Apenas el año pasado fue electa presidenta de la coalición mundial de la sociedad civil que promueve la Convención de la ONU contra la Corrupción.
Darbishire se muestra impresionada por el funcionamiento del sistema mexicano de acceso a la información oficial.
“Sólo hay que ver la cantidad de solicitudes que se han recibido (a nivel federal y en los últimos cinco años) para darse cuenta de su éxito: ¡más de dos millones! La ley ha mostrado que es una herramienta eficaz para que los mexicanos obtengan información sobre sus autoridades”, comenta a Underground.
-¿Con qué otros elementos puede asegurar que México tiene una de las mejores normativas?
-Nuestra organización hace una clasificación junto con el reconocido Centre for Law and Democracy de Canadá (el Ranking de Derecho a la Información), en el que aplicamos 61 indicadores a las leyes de 130 países para conocer su calidad en la letra. Por ejemplo, consideramos si esas leyes son un derecho constitucional, si cubren todas las entidades y poderes públicos o si disponen de un órgano garante independiente. En el caso de México la respuesta en muchos de esos puntos es “sí”.
México ocupa en ese ranking el segundo lugar, sumando 136 de 150 puntos máximos. El primero es Afganistán, cuya “ley ideal”, acota Darbishire, fue diseñada por consultores internacionales.
Refiere que otro elemento positivo de la ley mexicana es que dispone de un capítulo sobre “publicación pro-activa”, es decir, la apertura de información que pone a disposición del dominio público sin que se tenga que pedir, y que es superior en cantidad en comparación con otros países. Añade que los mexicanos son también pioneros en el reconocimiento constitucional del acceso a la información del gobierno como un derecho fundamental.
-El presidente López Obrador quiere que el cumplimiento de la ley de transparencia lo garantice su propio gobierno, se le comenta a la entrevistada.
-En las sociedades democráticas tenemos objetivos básicos, y uno de ellos es la separación entre la administración y los poderes que garantizan el ejercicio de todo tipo de derechos. Si no hay una verdadera independencia de parte de estos poderes (organismos), no se puede esperar la protección de un derecho fundamental.
-¿Qué tantos casos hay en el mundo de gobiernos que regulen la transparencia de ellos mismos?
-No todos los países tienen entidades independientes como México. Hay países en donde el organismo que debe garantizar el acceso a la información oficial tiene un estrecho vínculo con el gobierno. En Francia, por ejemplo, la Comisión de Acceso a Documentos Administrativos -el equivalente al INAI- francamente pertenece al Ministerio del Interior. Pero ese no es un buen modelo.
El esquema opuesto es el de los países nórdicos, cuya cultura de la transparencia es muy antigua y no necesitan organismos como el INAI. “Países como Suecia o Finlandia -expone- tienen ombudsman (defensores del pueblo) que si piden a una administración que entregue una información lo va a cumplir aunque no sea una obligación. Es como en Irlanda. Estuve en diciembre con el ombudsman Peter Tyndall y me contó que no necesita poderes vinculantes porque sus decisiones tienen un cumplimento de 99 por ciento”.
Pero esos son casos excepcionales. Darbishire señala que la tendencia es que cada vez más países tengan instancias independientes que protejan el derecho ciudadano a la transparencia gubernamental. Y la razón para hacerlo es que éstas, al estar especializadas en hacer cumplir ese derecho, garantizan un proceso más abierto y funcional para los ciudadanos.
Y acota: “A final de cuentas, en caso de que el presidente mexicano elimine al INAI seguirá teniendo enfrente un poder judicial independiente de sus decisiones. No resuelve nada y perderá mucho”.
Darbishire sostiene que actuar en contra del INAI también tendrá repercusiones fuera de las fronteras nacionales.
Relata una anécdota para ilustrar la proyección internacional que, asevera, han conseguido tener los estándares desarrollados por México.
Hace como 14 años, los representantes de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa -en el cual México tiene estatus de observador- discutían en su sede de Estrasburgo, Francia, qué normas aplicarían en un acuerdo sobre transparencia que estaban negociando.
Darbishire relata que llegaron expertos mexicanos del entonces IFAI y presentaron una exposición relativa a los avances de las leyes mexicanas que regían el acceso a la información pública.
“Recuerdo las caras de asombro de los delegados franceses o alemanes. No podían creer que México estuviera tan adelantado”, comenta Darbishire.
En aquella época, y como resultado de las presiones de la sociedad civil, México tenía ya una legislación vinculante y había incorporado como derecho fundamental en su constitución el acceso a los documentos oficiales.
La creación del IFAI significó una revolución en México, ya que en la práctica no había hasta entonces manera de exigir al poder la entrega de sus documentos. Pero también, opina la experta británica, marcó un camino a otros países: la ley alemana, por ejemplo, nació tres años después de la mexicana y la española tardó once años en hacerlo.
Los mexicanos tenían una ley tan innovadora, señala Darbishire, que consiguieron inspirar a los representantes de aquella reunión en Estrasburgo, que terminaron elaborando el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos oficiales firmado en la ciudad noruega de Tromsø dos años después.
En ese convenio -que apenas entró en vigor en diciembre pasado- se anima a los países europeos a permitir solicitudes anónimas de información. “¿De dónde venía eso?”, se pregunta Darbishire; “pues de los mexicanos”, responde.
Y el liderazgo mexicano sigue vigente. El año pasado -menciona la entrevistada- el INAI organizó muchos debates y webinarios para apoyar otros países de América Latina en la adaptación de sus estrategias de transparencia y datos abiertos durante la pandemia. Los asesoró para que fueran capaces de seguir contestando peticiones de documentos en esta situación de crisis sanitaria, cuando no están todos sus funcionarios en la oficina.
“El INAI está ahí para liderar el debate regional e internacional. Su desaparición tendría un impacto muy malo dentro de México, pero igualmente en lo que está haciendo en el mundo”, reitera la experta europea.
–¿En qué club de países se pondría México si López Obrador desaparece el INAI?
Darbishire toma tiempo antes de responder: “Los únicos países que se han retirado de la Alianza para el Gobierno Abierto son Rusia y Azerbaiyán porque no querían cumplir con los estándares. Es difícil decir que México entraría en el mismo saco. Diría más bien que sería extremadamente preocupante que lo hiciera. Como miembro del comité directivo de la alianza puedo declarar que estamos siguiendo el tema y, de hecho, lo hablamos estos días en la organización”.
Agrega: “Hay que entender que para cualquier gobierno es duro aceptar las críticas. El problema que plantean para ellos las leyes de transparencia es que alguien va a encontrar siempre algo para cuestionarlos. ¡Pero eso es parte del juego político del siglo XXI! Es algo que los gobiernos modernos tienen que asumir”.
Y es que la pandemia -destaca- reveló la trascendencia que tiene el hecho de que la información fluya desde lo alto hacia la ciudadanía.
Ningún gobierno del mundo, dice, ha escapado a las críticas, dado que ha sido imposible reaccionar de manera perfecta contra el nuevo coronavirus. Pero aclara que esa circunstancia “no quita que sea imprescindible que las sociedades sostengan un debate basándose en información pública que permita salvar vidas: necesitamos tener datos veraces para saber cómo actuar y entender los beneficios de una vacuna o el cumplimiento de los confinamientos. Y la transparencia nos ayuda como ciudadanos a depositar nuestra confianza en las instituciones, cumplir con sus decisiones y así evitar más muertes”.
Es por eso que lanza un “consejo” al presidente López Obrador: “Mire las cosas buenas que ha hecho México (en materia de transparencia y acceso a la información pública) y estudie cómo se puede mejorar aún más (…) México ha sido un pionero de ese campo en Latinoamérica. La eliminación del INAI significaría la violación de todos los estándares internacionales (de gobierno abierto). Y eso es algo muy grave”.
México, concluye, “no puede dar un paso atrás”.
DETRÁS DE LA HISTORIA
Es interesante la mirada que de un país se tiene desde fuera. Depende del tema, pero muchas veces no coincide con la que predomina internamente y casi siempre aporta frescura a los debates nacionales. Eso me ha pasado con México más de una ocasión. Por ejemplo, en Europa me he encontrado con expertos internacionales que expresan su reconocimiento a las instituciones electorales mexicanas. Y lo mismo he escuchado de la ley de transparencia. Cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció a principios de año que presentaría una reforma para absorber el órgano autónomo -que supervisa el acceso de los ciudadanos a la información oficial-, me pareció necesario conocer el punto de vista de una especialista europea que conoce el caso mexicano.
Copyright ©️ Todos los derechos reservados para Underground | Periodismo Internacional. Queda prohibida la publicación, edición y cualquier otro uso de los contenidos de Underground sin previa autorización.
