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La Corte Penal Internacional investigará guerra contra las drogas… en Filipinas

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Pese a los más de 12 mil kilómetros que separan a México de Filipinas, ambas naciones tienen en común una “guerra contra el narcotráfico” -emprendida por sus respectivos Estados- que ha dejado muerte y abiertas violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas de seguridad estatales. Recientemente la Corte Penal Internacional anunció que comenzará a investigar en el país asiático presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Rodrigo Dutarte. La decisión inyecta optimismo a ONG mexicanas, quienes desde el 2011 han solicitado en vano al organismo internacional investigar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad dentro de la espiral de violencia comenzada por el entonces presidente Felipe Calderón y que hasta el momento -según las estimaciones de distintas ONG- ascienden a más de 250 mil víctimas, incluída sociedad civil.

Julio 3 / 21


BRUSELAS, Bélgica.- A México y Filipinas los separa una distancia de 12,400 kilómetros. Para llegar a ese país insular de Asia, clavado en el Océano Pacífico, hay que volar 18 horas ininterrumpidas desde la Ciudad de México. Sin embargo, esas naciones, tan lejanas geográficamente una de otra, tienen un rasgo en común: comparten profundas crisis de derechos humanos ligadas a la “guerra contra las drogas” que libra cada una de ellas desde hace algunos años.

Alarmadas por el excesivo uso de la fuerza que impunemente ejercen los cuerpos de seguridad mexicanos y filipinos al amparo del combate a las drogas, organizaciones locales y extranjeras de protección de derechos humanos acudieron a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Holanda. Durante años le han solicitado que investigue en ambos países los numerosos casos que, por las evidencias que han recabado y presentado ante la Corte, pueden configurarse como crímenes de lesa humanidad, y que junto con los de guerra, agresión y genocidio está en posibilidad de enjuiciar.

Es por eso que tras el reciente anuncio que hizo la fiscalía de la CPI en el sentido de que abrirá una investigación sobre la situación en Filipinas, los activistas mexicanos que buscan lo mismo para México ven alimentado su optimismo.

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DETRÁS DE LA HISTORIA

El 25 de noviembre de 2011 estuve presente en La Haya cuando el abogado Netzaí Sandoval entregó a la CPI el primer expediente público con cientos de casos de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en México por fuerzas del Estado. Recuerdo que, al término del día, otro corresponsal mexicano y yo platicamos con él en un café de paso en la estación de trenes de esa ciudad. Sandoval estaba muy entusiasmado y convencido de que los casos que acababa de presentar a la fiscalía la obligaban a intervenir en lo que ahora sabemos que era el comienzo de un tsunami de violencia.

Pocos días después entrevisté al profesor belga Eric David, una eminencia en justicia internacional. Me explicó que cualquier solicitud de intervención en México de la CPI podría ser improcedente no por falta de pruebas respecto de las atrocidades cometidas por militares y fuerzas de seguridad contra civiles, sino por un tecnicismo del derecho internacional: los cárteles del narcotráfico no pueden ser considerados parte beligerante.

Por ello, me dijo, desde una perspectiva legal no existe en México una situación de guerra interna que implicaría la confrontación entre dos entes armados organizados y responsables de sus actos ante la justicia internacional. Era 2011. Ha pasado una década y aquí estamos parados, observando que la CPI ha decidido investigar por primera vez actos criminales en el marco de una “guerra contra las drogas”, y a un conjunto de ONG empujando a la fiscalía para que reconozca que en México existe un conflicto armado no internacional que jurídicamente le permita intervenir como lo ha hecho en Filipinas.

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