Las autoridades de México y la Unión Europea celebraron el pasado 13 de diciembre en Bruselas el XII Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos. Ello en el marco del acuerdo bilateral que entró en vigor en 2000 y cuya modernización finalizó este 17 de enero. El día previo al diálogo, organizaciones de la sociedad civil de ambos lados del Atlántico se reunieron para discutir el estado de crisis en que se encuentran tales derechos en México y la UE y presentar recomendaciones a funcionarios europeos y enviados del gobierno de Claudia Sheinbaum. A nombre de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-UE, un colectivo de ONG, Pablo Ramírez Obando presentó un balance del largo diálogo que en dicha materia han sostenido las autoridades con las organizaciones civiles. En su ponencia advirtió que si las alertas de las ONG son ignoradas, los gobernantes seguirán contribuyendo a la vulneración de los derechos humanos y serán políticamente responsables de ello. En un ejercicio de transparencia, el activista mexicano comparte ese balance con los lectores de Underground.
BRUSELAS, Bélgica.- México es un país de enormes contrastes. Vive, desde hace años, una auténtica crisis de violencia y de derechos humanos. Para enfrentarla cuenta, entre otros recursos, con un territorio increíblemente rico y un tejido social con prácticas centenarias de participación democrática que se reproducen, sosteniendo así la gobernabilidad del país.
La Unión Europea (UE), por su parte, enfrenta el reto de mantenerse como uno de los centros de la globalización en el mundo multipolar. Para enfrentarlo cuenta, entre otros recursos, con vínculos históricos e institucionales, normas, principios y valores.
El planeta entero enfrenta un conjunto de retos que no pueden superarse de manera aislada: guerras, militarización, inseguridad alimentaria, pobreza, desigualdades, cambio climático y degradación del entorno natural, flujos migratorios, crecimiento de los fascismos y la intolerancia, frágiles cadenas de suministros, la presencia mundial de la economía criminal, por mencionar algunos.
La dimensión global de todos los anteriores desafíos exige, para superarlos, la transformación de las relaciones internacionales basadas en el control, la dominación, la competencia y la concentración del poder, por otras que se fundamenten en la diversidad, la solidaridad, la cooperación y la colaboración. Es decir, abrazar el multilateralismo con base en la total adhesión a los principios democráticos y los derechos humanos, así como a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados y a los principios del Estado de Derecho y del buen gobierno.
El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, y los Estados Unidos Mexicanos (o Acuerdo Global) con sus cuatro pilares -diálogo político, cooperación, marco institucional para la relación bilateral, y comercio- sentaron las bases para ello.
Se desarrollaron mecanismos de diálogo político como el Consejo Conjunto, el Comité Conjunto, la Comisión Parlamentaria Mixta, la Asociación Estratégica, el Plan Ejecutivo, diálogos sectoriales –en derechos humanos, medio ambiente, cambio climático, educación, seguridad pública y procuración de justicia, entre otros–, además de diversas herramientas de cooperación.
Así, más de 24 años después de la entrada en vigor del Acuerdo Global, México y la UE han transformado sustancialmente sus formas de relacionarse mucho más allá del ámbito económico y comercial y con ello -y esta es la parte más importante- muestran su voluntad y capacidad de contribuir, con prácticas concretas de cooperación, intercambio y diálogo, a la gobernanza global, a la paz y la seguridad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos.
Ejemplo de ello fueron los Foros de Diálogo con la Sociedad Civil, y lo son el Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos que sostienen autoridades y el Seminario de la Sociedad Civil que lo precede. Estos son espacios seguros donde personas defensoras de derechos humanos pueden denunciar realidades de violencia y vulneración de derechos humanos, plantear propuestas y escenarios alternativos con el objetivo de contribuir al desarrollo de relaciones más transparentes, democráticas, justas y equitativas entre las partes.
Lamentablemente, muy buena parte de las denuncias y preocupaciones sobre el vínculo entre el acuerdo de asociación y la vulneración de derechos humanos, expresadas por parte de la sociedad civil en estos foros y espacios de diálogo a lo largo de los años, siguen vigentes. Como lo siguen, también, buena parte de sus propuestas, que en general promueven la disposición de las partes a tomar acciones afirmativas en torno a los derechos humanos. Buscan, sobre todo, el desarrollo de espacios para hacer realidad y efectiva la participación de quienes promueven el respeto de los derechos humanos en el desarrollo del Acuerdo.
A casi 25 años de relación bilateral y 12 de la primera edición del seminario, las experiencias y aprendizajes asociadas a espacios de promoción de la paz y los derechos humanos son innumerables. El balance es claro: los canales de diálogo que se han abierto son de una profunda relevancia toda vez que han contribuido a detener o prevenir violaciones a derechos humanos y fomentar la paz.
Ahora bien, estas experiencias son también una invitación a redefinir su metodología y alcance, para evitar con ello el desgaste del proceso, que corre el riesgo de convertirse en un escenario con argumentos recurrentes donde se actualizan las cifras del horror siempre en aumento en ambos lados del Atlántico.
Urge el reconocimiento de una dimensión positiva de la Cláusula Democrática, la constitución de un espacio de coordinación que ponga la paz y los derechos humanos en el centro de las diferentes herramientas de relación bilateral, e incluya la participación de la sociedad civil.
Urgen igualmente instrumentos de cooperación política en materia de derechos humanos, que sean adecuados y, sobre todo, vinculantes, como podrían ser mecanismos para concentrar, registrar y dar seguimiento tanto a lo que se presenta en los diferentes encuentros de diálogo como a los compromisos asumidos por las autoridades.
Para tomar decisiones urge una evaluación de impacto que valore los efectos de la implementación del Acuerdo Global en los derechos humanos de ambas partes, en México y en la UE. Urge la socialización de los elementos de diálogo político y cooperación del Acuerdo en Principio, así como la apertura del proceso de modernización de estos elementos a la participación de la sociedad civil como un ejemplo de ampliación del espacio democrático.
México y la UE no se asocian para generar los mayores ingresos posibles. Se asocian para velar por la construcción de un mundo con base en principios y valores democráticos, con base en derechos humanos.
Si las y los tomadores de decisiones escuchan las contribuciones de las sociedades civiles encontrarán herramientas para ello. Y al revés, si ignoran su testimonio pueden seguir contribuyendo a la generación de las condiciones en las que los derechos humanos se vulneran, y tener una responsabilidad política en ello.
Más pronto que tarde, las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos encontrarán en el derecho al acceso a la justicia argumentos en sus diferentes elementos -reconocimiento, verdad, reparación, garantías de no repetición y castigo a los responsables– para asociar el horror que enfrentaron con el proceso de toma de decisiones que generó las condiciones en donde tuvo lugar la violencia.
Este proceso, por ejemplo, no terminará cuando una empresa transnacional sea condenada por participar directa o indirectamente como una entidad perpetradora. Deberá alcanzar también a las instituciones, a quienes tomaron la decisión de seguir adelante con el desarrollo de relaciones comerciales sabiendo que se carecía de las herramientas necesarias para llamarles a la rendición de cuentas, y cuando había argumentos suficientes para vincularlas con la vulneración de derechos humanos y la destrucción del entorno natural.
Finalmente, compañeros y compañeras de la sociedad civil, hemos de mantener los esfuerzos por fortalecer la comunicación y la coordinación entre organizaciones mexicanas y europeas para seguir colaborando con autoridades de ambos lados del mundo, así como para exigirles mecanismos de supervisión mucho más sólidos y permanentes a favor de los derechos humanos en ambos territorios, y dentro del Acuerdo Global también.
Si éste finalmente se ratifica, esperemos que fortalezca las herramientas de acción exterior de México y la UE, especialmente las de diálogo político y cooperación, para poner siempre los derechos humanos por delante de los intereses económico-comerciales. De lo contrario, hemos de seguir insistiendo hasta que así sea. La vida, la paz, la seguridad, y los derechos humanos, nos van en ello.