BRUSELAS.– En un frente común birregional, un grupo de 30 legisladoras de México y del Parlamento Europeo emitió un posicionamiento público para exigir la libertad de la defensora de derechos humanos indígena Kenia Hernández, quien ha superado los 2,000 días de reclusión en lo que califican como un caso emblemático de “criminalización” de la protesta social.
El pronunciamiento, difundido este mayo de 2026, denuncia que la detención de la abogada amuzga no responde a un ejercicio de justicia, sino a un “grave ensañamiento judicial” derivado de su labor en defensa del territorio y los derechos de las mujeres. Hernández, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, fue detenida originalmente en 2020 y, desde entonces, su proceso ha estado marcado por irregularidades y una severidad penal desproporcionada.
Hernández fue encarcelada por presuntos delitos enmarcados en las constantes manifestaciones que emprendía en favor de los derechos humanos sobre una carretera federal, y se encuentra privada de la libertad con una pena de 21 años y nueve meses por un total de nueve cargos. Aunque la activista fue recientemente absuelta de ocho de esas causas penales federales tras un acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales (Capufe), aún permanece privada de la libertad por sentencias del fuero común en el Estado de México que su defensa califica como fabricadas.
Presión desde la Unión Europea
Entre las firmantes destaca la eurodiputada Diana Riba i Giner, del grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, quien ha liderado el seguimiento del caso en la Unión Europea (UE). Riba, junto a otras parlamentarias de su grupo político y del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, señaló que el Estado mexicano debe cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El encarcelamiento de Kenia, sostiene el documento, es un mensaje de amedrentamiento “por haberse atrevido a alzar su voz”, y subraya que “no podemos seguir permitiendo que las voces de las mujeres indígenas y de quienes defienden los derechos humanos sean silenciadas tras las rejas”.
“#KeniaLibreYa”
La exigencia de las legisladoras se suma a la intensa campaña internacional “Libertad para Kenia Ya”, articulada por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y más de 20 organizaciones globales como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Esta red ha denunciado el régimen de máxima seguridad al que Hernández es sometida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 16 de Morelos, alertando sobre el aislamiento y la falta de atención médica adecuada.
La campaña ha llevado el caso ante organismos internacionales y ha facilitado visitas de delegaciones de abogadas y europarlamentarias a los penales de Morelos y el Estado de México para verificar su estado de salud. Asimismo, el activismo ha trascendido al ámbito familiar. Su hijo Joel Hernández, de 12 años, ha encabezado giras nacionales e internacionales para entregar cartas a las autoridades mexicanas, exigiendo que la política de justicia del actual gobierno alcance finalmente a su madre. “Es urgente que el modelo de justicia muestre que los modelos racistas, clasistas y patriarcales que atraviesan las estructuras de poder ya se están quebrantando (…) Urge garantizar la liberación de Kenia”, concluye el texto de las legisladoras.
Pronunciamiento
