BRUSELAS, Bélgica.- Meses antes de que 39 migrantes fueran dejados morir -el pasado 27 de marzo- durante el incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración donde permanecían detenidos, activistas de derechos humanos alertaron a una delegación de eurodiputados sobre el crecimiento insostenible de las detenciones de esa población en tales centros federales dependientes de la Secretaría de Gobernación.
Ello quedó asentado en un reporte -cuya copia tiene Underground– que se entregó en la reunión de la Delegación para México del Parlamento Europeo el pasado 30 de marzo en Bruselas.
La delegación de eurodiputados, provenientes de siete fuerzas políticas, estuvo del 3 al 5 de noviembre en la Ciudad de México y Quintana Roo en el marco de la XXVIII sesión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
El mencionado documento es un «reporte de misión» en el que se informa del contenido de las conversaciones que sostuvieron el 3 de noviembre los diputados del Parlamento Europeo con representantes de organizaciones mexicanas de la sociedad civil, entre ellas los centros de derechos humanos Fray Matías de Córdova y Fray Bartolomé de las Casas.
«Del debate sobre la violación de derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo se desprende un panorama complicado y preocupante: los migrantes, la mayoría de ellos provenientes del Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras), de Cuba y Haití, cruzando México para entrar en Estados Unidos, están expuestos a diversos tipos de abusos, entre otros, asesinatos, secuestros, extorsiones, abusos sexuales, asaltos y robos por parte, tanto de grupos criminales en México, como de la policía y los agentes de inmigración. Además, existe el agravante de que muchos de estos delitos no se denuncian y, por tanto, quedan impunes», señala el reporte del Parlamento Europeo.
Continúa: «En particular se expresó preocupación por el cierre del diálogo político entre las comunidades de migrantes y el gobierno de México y por la militarización de la política migratoria, en particular por el hecho que la Guardia Nacional realiza funciones de control y verificación migratoria».
Y subraya: «Otra preocupación nace de que se registra la asignación de militares retirados en al menos 18 de las 32 delegaciones del Instituto Nacional de Migración (INAMI). El número de detenciones de personas migrantes ha pasado de 198.000 en 2015 a 307.000 en 2021. (Ello) A pesar de que, a partir de la reforma en materia de infancia migrante en 2020, está prohibida la detención migratoria de menores, en la práctica siguen siendo detenidos».
Esa perspectiva, sin embargo, contrastó con las afirmaciones de María Rita Díaz Ferraro, funcionaria de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas -suscrita a la Secretaría de Gobernación-. Díaz Ferraro aseguró a los eurodiputados que la política migratoria que puso en marcha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador «está basada en el respeto de los derechos humanos y con perspectiva de género«, de acuerdo con el reporte europeo.
En ese viaje los miembros del Parlamento Europeo se reunieron igualmente con el entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard, con quien también dialogaron sobre la política migratoria del país.
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