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BRUSELAS.- La modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea (UE), aprobada por el pleno del Parlamento Europeo este 8 de julio, fue presentada por ambas partes como una oportunidad para fortalecer una relación estratégica en medio de la incertidumbre geopolítica provocada sobre todo por el presidente estadunidense Donald Trump.
Sin embargo, a pesar de su aprobación mayoritaria, dentro del Parlamento Europeo persisten voces de izquierda que consideran que el nuevo tratado reproduce un viejo problema: privilegiar el comercio mientras los compromisos en materia de derechos humanos, derechos laborales y protección ambiental permanecen sin mecanismos efectivos de cumplimiento.
Ésa es la principal crítica de la eurodiputada catalana Diana Riba, integrante del grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, quien en entrevista con Proceso, días antes de la aprobación, sostiene que la estructura misma del acuerdo mantiene un desequilibrio que, a su juicio, resulta incompatible con los desafíos políticos y sociales del siglo XXI.
“La preocupación más importante es la propia herramienta”, afirma desde su oficina en el Parlamento Europeo. “Es un tema que nos preocupa con todos los acuerdos de libre comercio que impulsa la Unión Europea”.
Para la eurolegisladora, el problema no radica únicamente en la relación con México. La misma lógica, dice, se ha repetido en negociaciones como las realizadas con el Mercosur: un modelo donde los compromisos económicos adquieren carácter obligatorio mientras las obligaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente quedan reducidas a declaraciones políticas.
Explica: “Los acuerdos (europeos) normalmente se estructuran sobre tres grandes pilares: el económico, los derechos humanos y los derechos medioambientales. Lo que vemos es que no conseguimos que esas tres estructuras sean vinculantes ni que tengan el mismo peso dentro del acuerdo”.
Sólo buena voluntad
Riba considera que esa asimetría convierte los capítulos sociales en instrumentos de buena voluntad, pero no en obligaciones reales para los Estados ni para las empresas.
“En el acuerdo con México, como también ocurrió con Mercosur, la parte comercial sí es vinculante, sí compromete a los Estados. En cambio, los apartados sobre derechos humanos y medio ambiente pueden estar muy bien escritos sobre el papel, pero no existe ningún tipo de vinculación. Si se incumplen, simplemente no pasa nada”, lamenta.
Para la eurodiputada, esa ausencia de consecuencias representa uno de los principales vacíos de la política comercial europea:
“Nos parece un grave error —dice— que en pleno siglo XXI se sigan creando estructuras de libre comercio sin tener en cuenta los derechos humanos y los derechos medioambientales”.
La crítica adquiere un tono aún más severo cuando se refiere a la prioridad que, desde su punto de vista, las instituciones europeas continúan otorgando al crecimiento económico por encima de otros valores.
En ese sentido, acusa, “no estamos dispuestos a que la economía marque una agenda internacional de derechos humanos y medioambiental. Nuestras relaciones con otros países tienen que ir mucho más allá de las relaciones económicas”.
En su opinión, la contradicción resulta evidente cuando la UE impulsa compromisos internacionales para combatir el cambio climático, pero después esos principios no quedan reflejados en los tratados comerciales.
Pone un ejemplo: “Hacemos esfuerzos políticos muy importantes para alcanzar acuerdos como el de París (de 2015) y después esos compromisos —ratificados por la UE y México— no se trasladan a acuerdos de libre comercio como el que ahora se está aprobando”.
La entrevistada sostiene que el problema se refleja también en los mecanismos de consulta para las comunidades donde operarán las inversiones derivadas del tratado: “En cuestiones de derechos humanos, de género o medioambientales, que una empresa consulte o no a la población donde pretende instalarse no es vinculante. Al final depende únicamente de un acuerdo político”.
Para Riba, esa situación termina fortaleciendo un modelo económico que prioriza la rentabilidad sobre las personas.
“Lo que hacemos —afirma— es seguir contribuyendo a este capitalismo feroz que pasa por encima de las vidas humanas, de los territorios y de nuestros derechos como personas”.
Soberanías
Las objeciones de Diana Riba no se limitan al contenido del acuerdo entre México y la UE. También alcanzan el proceso político que acompañó su discusión dentro del Parlamento Europeo, donde la mayor parte de las enmiendas críticas al informe interno de evaluación del mismo fueron descartadas durante las negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios (Proceso, edición 36 correspondiente a junio de 2026).
A juicio de la eurodiputada, dicho informe interno —en el que se posicionó el Parlamento Europeo frente al acuerdo— representaba una oportunidad para replantear la política comercial europea. Sin embargo, considera que tal informe terminó privilegiando la lógica económica sobre un debate de fondo acerca del tipo de relaciones que Bruselas debe construir con sus socios internacionales.
“Estos informes internos tendrían que ser una oportunidad para decirnos la verdad, para expresar realmente cuáles son nuestras críticas a los acuerdos de libre comercio”, afirma.
Riba explica que su grupo buscó incorporar una visión más amplia del tratado, insistiendo en que los tres pilares —economía, derechos humanos y protección ambiental— debían fortalecerse mutuamente y no funcionar con distintos niveles de exigencia jurídica.
“Era una oportunidad para hablar de esos tres pilares y de cómo tienen que enlazarse y reforzarse entre sí, para no crear negociaciones políticas únicamente desde lo económico y no desde una perspectiva mucho más humana y medioambiental”, refirió durante la entrevista.
Sin embargo, reconoce que la correlación de fuerzas en la Eurocámara condujo a otro desenlace, refiriéndose a la posición mayoritaria del grupo del Partido Popular Europeo (derecha) y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (izquierda socialdemócrata).
“Una vez más encontramos que no se cumplen los objetivos que queremos para nuestras relaciones políticas. Han sido mayorías que han preferido abordar este informe desde otro punto de vista”, comenta Riba.
La legisladora asegura que durante las negociaciones del contenido de dicho informe existió diálogo entre las distintas fuerzas políticas, pero considera que el contexto internacional está modificando las prioridades de la UE.
“Hemos trabajado transversalmente entre todos los partidos políticos, pero creemos que, por el contexto geopolítico actual, estamos dejando de lado una reflexión sobre qué sistemas políticos queremos construir y qué tipo de relaciones debemos mantener con terceros países”.
En ese escenario, añade un argumento que suele quedar fuera del debate público sobre el tratado: el impacto que este tipo de acuerdos puede tener sobre la propia economía europea.
Preocupada, mencionó: “No sólo hablamos de derechos humanos, medioambientales o laborales en México. También sucede aquí. Europa atraviesa un momento delicado en el que hablamos constantemente de soberanía alimentaria, industrial y energética”.
Desde su perspectiva, algunos sectores productivos europeos podrían verse afectados por una mayor deslocalización de empresas, debilitando la capacidad industrial que Bruselas intenta recuperar en medio de la competencia global.
En un tono franco, dice: “Acuerdos como el de México también hacen que nuestras propias empresas se deslocalicen. Estamos perdiendo puestos de trabajo y capacidad soberana en algunos sectores. El automóvil es un ejemplo muy claro”.
La eurodiputada sostiene que esa contradicción debería formar parte de la discusión política sobre los tratados comerciales: “Si nuestro objetivo político es reforzar la soberanía industrial europea, generar estas interdependencias puede terminar haciéndonos un mal favor”.
Pese a sus críticas, Riba rechaza que su oposición al acuerdo signifique un cuestionamiento a la relación entre México y la UE. Al contrario, insiste en que ambos comparten una visión semejante sobre numerosos desafíos internacionales y que precisamente por ello el tratado debería aspirar a estándares más altos.
“México es un gran socio, un gran país amigo con el que tenemos que seguir trabajando porque vemos el mundo de una manera bastante similar”. Añade que tanto Europa como México enfrentan retos comunes frente al cambio climático, la defensa de los derechos fundamentales y la consolidación democrática.
La tarea pendiente, afirma, consiste en fortalecer los vínculos entre parlamentos, organizaciones civiles, sindicatos y movimientos sociales para impulsar modificaciones futuras que hagan efectivos los compromisos sociales del acuerdo.
“Seguiremos insistiendo desde la diplomacia, desde la sociedad civil y desde la movilización de los trabajadores de México y Europa. Esas conexiones son fundamentales para seguir avanzando”.
Promesas incumplidas
Otros eurodiputados de izquierda también cuestionan el acuerdo. Un grupo de ellos incluso formalizó su rechazo mediante una opinión de minoría, un documento —cuya copia obtuvo Proceso— que aparecerá anexado al informe interno final que sí lo respalda.
La iniciativa fue presentada por la irlandesa Lynn Boylan, del partido Sinn Féin, junto con Marina Mesure, de Francia Insumisa; Rudi Kennes, del Partido del Trabajo de Bélgica, y Danilo Della Valle, del Movimiento 5 Estrellas de Italia, todos integrantes del grupo europarlamentario La Izquierda.
La opinión de minoría es un mecanismo que permite a los legisladores dejar constancia formal de su desacuerdo con un informe aprobado por la mayoría.
Los cuatro eurodiputados sostienen que la nueva estructura comercial “no generará los beneficios que promete”, en abierta discrepancia con la Comisión Europea, que lo presenta como una herramienta para hacer frente a la incertidumbre económica y geopolítica.
El documento cuestiona especialmente el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados, al advertir que concede a las empresas la posibilidad de demandar a los gobiernos cuando adopten regulaciones en favor del interés público, sin establecer derechos equivalentes para trabajadores, comunidades o el medio ambiente.
A juicio de los legisladores, esa disposición contradice la decisión de la propia Unión Europea de abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía para evitar litigios de esa misma naturaleza.
También afirman, como Riba, que el acuerdo favorece la deslocalización industrial, en particular del sector automotriz hacia México, y enfrenta a los trabajadores europeos y mexicanos en una competencia basada en menores costos laborales, en vez de impulsar empleos dignos.
Además, consideran que el tratado restringe el margen de acción de los gobiernos para diseñar políticas públicas, promueve un modelo extractivista y privilegia las exportaciones agroalimentarias sobre la soberanía alimentaria de ambas regiones.
Como uno de sus principales argumentos, recuerdan que la evaluación oficial del acuerdo vigente concluyó que, tras casi dos décadas de aplicación, sus efectos económicos fueron marginales para ambas partes, incluso medidos en términos del PIB (0.34% para México y 0.01% para la UE durante el periodo 2000-2017).
Por ello, sostienen que existen pocos elementos para esperar que la versión modernizada cumpla las promesas de crecimiento que le atribuye la Comisión Europea.
Los firmantes, sin embargo, aclaran que su rechazo no implica un distanciamiento con México. “Apoyamos una relación más sólida entre la Unión Europea y México y una cooperación más estrecha, pero en otros términos”, concluyen.
