Un pequeño grupo de países ricos es responsable de casi la mitad de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Sin embargo, en lugar de ayudar a los países afectados -en su mayoría pobres- a enfrentar la crisis del clima que obliga a sus habitantes a dejar sus hogares, Estados Unidos o la Unión Europea han preferido gastar más en militarizar sus fronteras para impedir la llegada de esos migrantes. Así lo plantea el Transnational Institute de Holanda en un informe recientemente publicado. Underground entrevistó a uno de sus autores.
BRUSELAS, Bélgica.- Karina es una migrante hondureña que ahora vive en Estados Unidos. Se vio obligada a arriesgar su vida y la de sus hermanas en un peligroso viaje rumbo al norte. Entre otras razones, Karina tomó esa difícil decisión porque a causa de las sequías no había agua en su región. Sólo disponía un poco de ella durante tres horas al día.
Byron, en tanto, es un guatemalteco que perdió todo su patrimonio luego de que el huracán Eta provocara la inundación de su pueblo en noviembre de 2020. En éste vivían 600 familias. Fue en ese momento que el joven emprendió el camino hacia Estados Unidos, como lo hicieron también otros 339,000 compatriotas suyos afectados por catástrofes naturales el año pasado.
Ambos testimonios forman parte del reporte titulado en español Muro contra el clima, elaborado para el Transnational Institute (TNI) -con sede en Ámsterdam- por los investigadores Todd Miller, Nick Buxton y Mark Akkerman. Presentado el 25 de octubre último, el documento -cuya versión completa sólo está disponible en inglés- plantea que los casos antes citados ofrecen una fotografía precisa de un fenómeno que han bautizado como “el muro climático global”.
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Y es que Byron -señala el reporte- “tuvo que enfrentar en su ruta migratoria muros, agentes de seguridad armados y sistemas de vigilancia que, aunque estén desplegados por Estados Unidos, comienzan a 258 kilómetros de distancia de su casa, en la frontera fuertemente reforzada con México”.
Eso está pasando en las fronteras de todos los países ricos. Lo mismo hace, por ejemplo, la Unión Europea con los Estados del norte de África. El objetivo de esas políticas es extender sus fronteras al sur de los países vecinos porque no quieren a los inmigrantes cerca de las suyas ni asumir sus responsabilidades”, comenta Nick Buxton en entrevista con Underground desde Escocia, a donde viajó para asistir en Gasglow a la cumbre climática COP26.
La situación resulta absurda e injusta: mientras que Estados Unidos, el país de destino de Byron, es responsable desde 1850 de 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero -principales causantes del calentamiento planetario y, por ende, del aumento de la fuerza de los huracanes como el que lo afectó-, Guatemala lo es de apenas 0.02 por ciento. El conjunto de los 33 países de Latinoamérica, con el doble de la población estadounidense, producen no más del cinco por ciento de tales emisiones.
Lo interesante del informe radica en el contraste que encontró entre el presupuesto que destinan los países más contaminantes a luchar contra el cambio climático y aquel para reforzar militarmente sus fronteras, que es más del doble.
Se trata del grupo de siete países ricos cuyas emisiones colectivas concentran históricamente 48 por ciento de los mencionados gases: Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá, Francia y Australia. Ellos gastaron, entre 2013 y 2018, más de 33 mil 100 millones de dólares en el control de sus fronteras y la inmigración; en cambio, contribuyeron en el mismo periodo con sólo 14 mil 400 millones de dólares al esfuerzo para frenar el calentamiento del planeta.
Si se ve por separado, los peor posicionados en ese balance son Estados Unidos, que gasta once veces más en tales controles fronterizos que en “financiamiento climático” (19 mil 600 millones de dólares contra sólo mil 800 millones); Australia, trece veces más (2 mil 700 millones contra 200 millones), y Canadá, que lo hace hasta quince veces más (mil 500 millones contra cien millones solamente).
Cambio de paradigma
El informe resume -y denuncia- la situación de la siguiente manera: “Estos países construyeron un ‘Muro contra el Clima’ para frenar las consecuencias del cambio climático, en el que los ladrillos surgen de dos dinámicas distintas pero interrelacionadas: primero, al incumplirse la entrega de fondos prometidos que ayudarían a los países a mitigar el cambio climático y adaptarse a él y, en segundo lugar, la respuesta militarizada a la migración que expande la infraestructura fronteriza y de vigilancia.
Esta situación -prosigue el documento- le brinda pingües ganancias a la industria de seguridad en las fronteras, así como un sufrimiento incalculable a refugiados y migrantes que emprenden viajes cada vez más peligrosos, y con frecuencia letales, en busca de la seguridad en este mundo transformado por el clima”.
Parte de la investigación se enfoca en el fenómeno migratorio actual hacia Estados Unidos. Apunta que se da por hecho que sus causas obedecen a factores socioeconómicos tales como la falta de oportunidades, la violencia criminal y la pobreza que prevalecen en los países expulsores, pero rara vez a la crisis climática.
Sin embargo, se señala, Centroamérica es la “zona cero” del impacto del calentamiento global en todo el continente, ya que en palabras de Chris Castro, un reconocido activista climático estadounidense y consejero en la materia de la ciudad de Orlando, Florida -a quien cita el informe-, “es un paradigma (del cambio climático) que lo húmedo se vuelve más húmedo, lo seco más seco, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Todo es más extremo”.
Precisamente, en septiembre de 2018, después de un año de severas sequías en Centroamérica, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan, dijo ante la prensa que, “al parecer”, la inseguridad alimentaria y no la violencia jugaba un “factor clave de expulsión” de los guatemaltecos, quienes aquel año representaron el mayor flujo migratorio en crecimiento.
Y la situación no hace más que empeorar, explica el informe. A la llegada de la pandemia de COVID-19, la región fue igualmente golpeada durante 2020 por dos huracanes consecutivos de categoría cuatro. El Programa Nacional de Alimentos de la ONU (WFP por sus siglas inglesas) estimó en enero de 2021 que la población centroamericana que sufría hambre por causas climáticas había crecido de 2.2 millones en 2018 a ocho millones a principios de este año, casi el cuádruple. Por otro lado, una encuesta realizada en febrero pasado por la misma institución internacional arrojó que 15 por ciento tenía planes concretos para migrar al norte, lo que supone el doble del porcentaje que respondió así en un ejercicio similar en 2016. Tan sólo en Honduras, indica el informe, los fenómenos ligados al calentamiento del planeta generaron casi un millón de desplazados en 2020, mientras que en el mundo fueron casi 31 millones.
“Seguridad climática”
Nick Buxton considera que la COP26 (Conferencia de los Estados Signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), realizada del 31 de octubre al 13 de noviembre pasados en Glasgow, Escocia, “no ofreció una respuesta real a la crisis climática”. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, calificó los resultados de “insuficientes”. “Quizás el único avance -opina Buxton- fue que (en el documento final) se menciona por primera vez (en las COP) a los combustibles fósiles como causa del problema”.
Y es que tampoco los países ricos -y más contaminantes- han cumplido el compromiso de ayudar a los países menos desarrollados a enfrentar los impactos del cambio climático a través de fondos y transferencias de tecnología. Se comprometieron a aportar 100 mil millones de dólares anuales para 2020, fecha que fue extendida a 2025 en las negociaciones de París en 2015 con la promesa de acordar antes un nuevo objetivo financiero.
Tal monto, sin embargo, es raquítico según los expertos en la materia. El G77 (que compone naciones de bajo y medio ingreso) estima que lo justo hubiera sido un financiamiento de 782 mil 200 millones de dólares anuales para 2020. “Ello podría sonar a mucho dinero”, refiere el informe, pero precisa que no es así, ya que los países más ricos destinaron en gasto militar, tan sólo el año pasado, la cantidad de dos millones de billones de dólares (trillones en inglés). Y en planes fiscales de recuperación del COVID-19 se gastaron 15 millones de billones.
Pero a pesar de todo ello, datos de 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, que agrupa 38 Estados, gran parte de ellos los más ricos del planeta), mostraron que ese año sus miembros sólo habían aportado 80 mil millones de dólares al financiamiento climático, y peor aún: según la ONG Oxfam, la mayor parte de éstos (más de 80 por ciento) se había concedido en forma de créditos y no como ayudas o subvenciones, lo que aumenta el peso de las deudas que cargan los países que ya son víctimas de los gases que emiten sus acreedores.
“La retórica frente al cambio climático ha cambiado, pero los presupuestos muestran la verdadera política (que defienden los gobiernos). Es lo que comparamos en este informe”, señala Buxton en la entrevista.
Si escuchas a Boris Johnson (primer ministro británico y anfitrión de la COP26), él dice que estamos contra el reloj, que tenemos que hacer todo para frenar en 1.5 grados el calentamiento global, que no hay excusas y que la gente en el futuro los juzgará si fracasan. Pero atrás, en las negociaciones están haciendo otra cosa. Lo mismo con los presupuestos: los gobernantes aseguran que el cambio climático es la política más importante, pero están destinando muchos más fondos a los militares y a los guardias fronterizos y a la ejecución de políticas de control de los migrantes más afectados”.
El informe expone que la inversión en seguridad fronteriza de Estados Unidos se triplicó entre 2003 y 2021, en tanto que la partida presupuestal de Frontex (la agencia fronteriza de la Unión Europea) se disparó nada menos que 2 mil 763 por ciento desde su creación en 2006 hasta este año.
La militarización de las fronteras -se lee- está parcialmente enraizada en las estrategias nacionales de seguridad climática que, desde principios de los años 2000, en su inmensa mayoría consideran a los inmigrantes como ‘amenazas’ en lugar de víctimas de la injusticia”.
Para Buxton el panorama, incluso en toda su complejidad, es relativamente claro: “El cambio climático ya es, y será cada vez más, un factor decisivo de la migración. Tenemos que desarrollar políticas internacionales que ayuden a la gente a seguir viviendo en sus países o, si va a migrar, que lo haga de manera legal y segura”. Y cierra: “muchos migrantes no querían salir de su país… pero no tuvieron opción”.
DETRÁS DE LA HISTORIA
Los informes del Transnational Institute son siempre de gran calidad. Este centro internacional de investigación -con un gran compromiso con la justicia social, económica y ambiental-, tiene sede en Ámsterdam desde 1974. Su origen histórico, sin embargo, es el Institute for Policy Studies, un instituto de pensamiento progresista que fundaron dos exfuncionarios del gobierno estadounidense a principios de los años 60 y que entonces se posicionó contra la Guerra de Vietnam.
Por esa razón sigo desde hace muchos años sus publicaciones. Este reporte sobre los migrantes climáticos que son frenados por los muros militares que erigen los países ricos -los cuales producen la mayor parte de los gases de efecto invernadero- exhibe la hipocresía que hay detrás de la retórica que manejan sus gobernantes. Uno de los autores, el angloestadounidense Nick Buxton, es un experto en políticas migratorias, cambio climático y militarismo. Y además conoce Latinoamérica, ya que vivió en Bolivia.
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