La COP28 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) concluyó en Dubai este martes 12 de diciembre sin ninguna promesa creíble de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, se multiplican los informes científicos que describen las consecuencias humanitarias del cambio climático. Las ONG se aprovechan de ello e inventan nuevas formas de recurso, señalando a su vez la cadena de responsabilidades. Siguiendo los pasos de los gobiernos y las compañías petroleras, los bancos están ahora en el punto de mira. Con la debida autorización, Underground Periodismo Internacional reproduce en español un texto del periodista y militante ecologista francés Benjamin Bibes, publicado por el portal suizo Justice Info el pasado 12 de diciembre.
Por Benjamin Bibas
La COP28 toca a su fin en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), bajo el signo de la paradoja encarnada por su presidente, Sultan Ahmed Al Jaber, que es a la vez director general de la compañía petrolera nacional y fundador del gigante emiratí de las energías renovables. “Ningún dato científico prueba que tengamos que abandonar los combustibles fósiles para alcanzar el objetivo de 1,5°C” de aumento máximo de la temperatura media mundial fijado por el Acuerdo de París (COP21 en 2015), explicó el 21 de noviembre en una conferencia en línea organizada por la ONG She Changes Climate.
Sin embargo, el 6º informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en marzo de 2023, es claro: es necesaria una “eliminación gradual” de los combustibles fósiles si queremos mantenernos por debajo del aumento de temperatura de 1,5 ºC. Los expertos añaden que para ello será necesario reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en al menos un 84% de aquí a 2050. En su informe Net Zero by 2050, publicado hace dos años, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya pedía que se alcanzara la neutralidad de carbono a mediados de siglo y que cesaran todas las inversiones en extracción de combustibles fósiles.
Cualquier otra trayectoria no haría sino agravar la inquietante catástrofe humanitaria vinculada al cambio climático, que sólo en 2022 provocó el desplazamiento forzoso de 23,7 millones de personas y la muerte prematura de cientos de miles más: casi 62.000 sólo en Europa como consecuencia de la intensa ola de calor del verano. Sin embargo, el plazo para eliminar progresivamente los combustibles fósiles nunca ha parecido tan lejano: en 2023 se batirá el récord de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, con una cifra de 38.600 millones de toneladas calculada por los 120 científicos del Global Carbon Project.
Responsabilidad de los Estados
¿De quién es la responsabilidad de frenar este descenso a los infiernos? Desde el punto de vista político, corresponde a los gobiernos: en virtud del proceso de negociación internacional sobre el clima, son responsables de reducir las emisiones mundiales en consonancia con su responsabilidad histórica sobre las existencias de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Pero “como las negociaciones climáticas no avanzaban, las comunidades afectadas, junto con las ONG climáticas, empezaron a emprender acciones legales contra los países más ricos y que más gases de efecto invernadero emiten”, explica Lucy Maxwell, codirectora de la Red de Litigios Climáticos de la ONG Urgenda, con sede en Ámsterdam. Y estas ONG leen y utilizan publicaciones científicas.
En 2015, el primer caso exitoso sobre el clima presentado por Urgenda contra el gobierno holandés en La Haya estaba repleto de datos del IPCC, validados uno tras otro por el gobierno holandés en sucesivas COP. El gobierno fue condenado a acelerar la reducción de sus emisiones, alegando que no había cumplido sus compromisos internacionales y que debía garantizar los derechos fundamentales de los holandeses, en particular el derecho a la vida y el derecho a disfrutar de su propiedad, amenazados por el cambio climático.
Inspirados por el precedente holandés, se han sucedido otras acciones exitosas contra gobiernos: Friends of the Irish Environment contra el de Irlanda (sentencia del Tribunal Supremo irlandés en 2020), Notre Affaire à tous contra el francés (sentencia del Tribunal Administrativo de París en 2021), y más recientemente Deutsche Umwelthilfe contra el alemán (sentencia del Tribunal Administrativo de Berlín el 30 de noviembre) y Klimaatzaak contra el gobierno belga (sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas el 30 de noviembre).
Amarga defensa de las petroleras
Mientras tanto, la literatura científica crece. Los informes del IPCC están respaldados por otros estudios académicos, como el famoso estudio Carbon Majors de 2017. Este señala la inmensa responsabilidad de los productores de combustibles fósiles en las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular los gigantes del petróleo en Arabia Saudí, del carbón en China y del gas en Rusia.
Alertadas por estos estudios, y endurecidas por sus éxitos frente a los gobiernos, las ONG climáticas europeas han presentado demandas climáticas contra las grandes petroleras del continente. Hasta la fecha, sin embargo, han tenido menos éxito. A pesar de la exitosa apelación de la ONG holandesa Milieudefensie, que en 2021 ordenó a la compañía anglo-holandesa Shell reducir sus emisiones en un 45% en 2030 en comparación con su nivel de 2019, estos procedimientos se están alargando.
“Las empresas de combustibles fósiles invierten mucho en su defensa jurídica”, observa Justine Ripoll, responsable de campañas de la asociación Notre affaire à tous, que presentó una denuncia climática contra la petrolera francesa TotalEnergies en enero de 2020. “Su estrategia consiste sistemáticamente en plantear cuestiones de procedimiento, lo que alarga los plazos de instrucción del expediente. Además, en estos recursos está en juego la propia existencia de estas empresas: no pueden reducir de golpe su producción de combustibles fósiles, que ha sido hasta ahora su razón de ser. Por eso se defienden con tanta fiereza”.
Los bancos en la línea de fuego
Y la cadena de responsabilidades está cada vez mejor documentada. A partir de los datos proporcionados por el IPCC, la AIE, IJ Global y Bloomberg, dos agencias líderes en el campo de la información energética y financiera, un consorcio internacional de ONG publica desde 2016 el informe anual Banking on Climate Chaos, en el que se enumera la financiación recibida por las mayores empresas y proyectos de extracción de combustibles fósiles del mundo. Estos datos, complementados por el estudio Bombes Carbone, publicado originalmente en mayo de 2022 por el geógrafo alemán Kjell Kühne en la revista Energy Policy, enriquecido a su vez con los análisis financieros de las ONG francesas Data for Good y Eclaircies, fueron difundidos a finales de octubre por un consorcio internacional de medios de comunicación entre los que se encontraban Le Monde y The Guardian.
¿Qué nos dice? Que en el mundo hay 422 grandes instalaciones de extracción de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), 294 de las cuales están actualmente en funcionamiento y 128 en proyecto, cada una de las cuales tiene un potencial de emisión de más de mil millones de toneladas de carbono equivalente: son las “bombas de carbono”. En conjunto, tienen un potencial de emisión de más de 1.200 billones de toneladas, frente a los 500 billones de toneladas, la cantidad máxima que el ser humano puede liberar según el IPCC si quiere mantenerse por debajo del umbral de 1,5 °C de aumento de la temperatura global. China, Rusia, Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico son los países con mayor concentración de “bombas de carbono”.
Y los datos recogidos revelan que, entre 2016 y 2022, el sector financiero internacional invirtió 1,8 billones de dólares (el equivalente al producto interior bruto de un año en Rusia) en estas “bombas de carbono”, cuya explotación está agravando la catástrofe humanitaria vinculada al cambio climático. Los 160.000 millones de dólares concedidos a estos proyectos en 2022 proceden principalmente de bancos chinos, franceses, japoneses y estadounidenses.
Las ONG climáticas no han tardado en aprovechar estos nuevos datos. En octubre de 2022, Notre affaire à tous y otras dos ONG francesas emplazaron a BNP Paribas a cesar todo apoyo financiero a nuevos proyectos de combustibles fósiles, para que el segundo mayor banco de la zona euro cumpliera el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC. Para ello, se basó en la ley francesa del “deber de vigilancia”, aprobada en 2017, que obliga a las empresas con más de 5.000 empleados a aplicar medidas para evitar abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente. En noviembre de 2022, Milieudefensie publicó una clasificación de las siete instituciones financieras neerlandesas más implicadas en proyectos de extracción de combustibles fósiles, instándolas a desinvertir en ellas. La ONG ha anunciado que emprenderá acciones legales en enero de 2024. El caso lo lleva Roger Cox, el abogado que redactó el caso de Urgenda contra Holanda y el de Milieudefensie contra Shell.
¿Qué nuevos horizontes?
“La importancia de estas acciones legales es crucial, porque se sigue destinando una enorme cantidad de dinero a estos proyectos de extracción de combustibles fósiles, a pesar de que el consenso científico ha documentado las catastróficas consecuencias humanitarias del empeoramiento del cambio climático”, afirma Lucy Maxwell. “Estamos intentando lanzar un litigio estratégico con un fuerte impacto”, coincide Justine Ripoll. “A diferencia de TotalEnergies, BNP Paribas puede poner fin más fácilmente a su participación en la extracción de combustibles fósiles, sin que todo su negocio quede en entredicho”.
Tras la primera generación de demandas climáticas contra los gobiernos, la segunda contra los productores de combustibles fósiles y la aún incipiente tercera contra los bancos que los financian, ¿existe un nuevo horizonte jurídico? “Está claro que también se mira hacia otro lado, por ejemplo hacia el sector agroalimentario, las empresas responsables de la deforestación o la ganadería intensiva con sus emisiones de metano”, prosigue Justine Ripoll. “Pero por el momento, los datos científicos y la información sobre estos sectores carecen de transparencia”.
This work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
