En colaboración con
Un informe del Royal United Services Institute, solicitado por el Parlamento Europeo, advierte que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han dejado de ser sólo exportadores de cocaína para convertirse en actores geopolíticos con capacidad militar y alianzas con mafias locales. Su expansión hacia Europa, Asia y Oceanía, junto con incursiones en el mercado de drogas sintéticas plantea riesgos estratégicos para la gobernabilidad y el comercio mundial. Ante las limitaciones del derecho internacional vigente, expertos recomiendan crear, entre otras medidas, un zar europeo antidrogas, sanciones y tribunales especiales que permitan responsabilizarlos jurídicamente a escala internacional.
BRUSELAS (Proceso).- Los cárteles mexicanos aumentaron su presencia en Europa mediante alianzas con mafias locales de la droga, por lo que se han convertido, como ellas en peligrosos “actores geopolíticos” que deberían poder enfrentar a la justicia internacional, expone el grupo europeo de expertos en seguridad global en un reporte solicitado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo.
El documento tiene como propósito recomendar a las instituciones de la Unión Europea (UE), en particular al Parlamento Europeo, un dispositivo jurídico con el que puedan definir acciones y políticas más efectivas para afrontar “la naturaleza y el impacto” del crimen organizado transfronterizo.
Con una “gran capacidad militar para imponer su ley”, los cárteles del narcotráfico “están alterando la estabilidad interna de todo México, y tanto Estados Unidos como los países europeos consideran al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como amenazas estratégicas”, advierte el reporte firmado por Mark Williams, Joana de Deus Pereira, Elijah Glantz y Jennifer Scotland, analistas del Royal United Services Institute for Defence and Security (conocido como RUSI, por sus siglas en inglés), un prestigiado centro de estudios con sede en Londres fundado en 1831.
Fechado en marzo pasado, el reporte de 84 páginas, cuya copia consultó Proceso, destaca que ambas organizaciones criminales “han ampliado sus actividades más allá del tráfico de drogas para abarcar la coacción política, la explotación de recursos y el control territorial”. Sin embargo, los investigadores apuntan que, como es el caso de otras peligrosas organizaciones delictivas que también actúan en Europa, las mexicanas tampoco rinden cuentas ante la justicia internacional.
“El derecho internacional tiene una capacidad limitada para clasificar a estos grupos como entidades jurídicas y hacerlos responsables ante los tribunales internacionales, incluso cuando sus acciones se asemejan a crímenes de lesa humanidad en cuanto a su intención y escala”, afirma el documento.
Debido a tales limitaciones legales contra las organizaciones del narcotráfico, los especialistas del instituto británico recomiendan a la UE que promulgue una “directiva” (ley obligatoria para todos sus Estados miembros) en la que reconozca a éstas como “actores geopolíticos” de riesgo “para la gobernabilidad y el comercio mundial”, y como partes beligerantes en las llamadas “guerras híbridas” (no convencionales).
Esa es una de las 12 recomendaciones que propone el RUSI con efectos “a corto y largo plazo”. Otras medidas relevantes que promueve son apoyar el desarrollo de “tribunales especiales” y “otros modelos de justicia híbridos” para enjuiciar a estos grupos, y crear la figura de “Enviado especial de la UE para la delincuencia organizada transnacional”, una especie de zar europeo anti-drogas.
Aconseja igualmente ampliar el mandato de la Fiscalía Europea -encargada de investigar y llevar a juicio delitos de fraude financiero contra el presupuesto de la UE- para que abarque operaciones específicas de los grupos criminales.
Destaca también la recomendación de evaluar el establecimiento de un nuevo régimen de sanciones a escala de la UE, específicamente contra la delincuencia organizada internacional y sus estructuras de protección, así como la de abogar por la actualización de los marcos internacionales -incluidos los relacionados con la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada- para afinar su combate.
Así, en lugar de que cada país europeo continúe enfrentado a estas poderosas organizaciones del crimen desde un ámbito legal nacional, estas leyes y disposiciones de nueva generación permitirían fincarles responsabilidades de “orden jurídico internacional” por sus “operaciones colectivas”, incluyendo a sus estructuras de apoyo.
De exportadores a coordinadores
De acuerdo con datos de 2024 de la Agencia de la UE para la Cooperación Policial (Europol), en ese bloque de 27 países operan 821 redes criminales, de las cuales la mitad se dedica por completo o como parte de sus actividades al trasiego de drogas. La mayoría de ellas se mueve entre tres y siete países, aunque las más poderosas están activas en toda la UE.
Los cárteles mexicanos no actúan directamente en territorio europeo, a donde principalmente trafican cocaína para mafias locales de Italia, España, Países Bajos o las de origen albanés. Según el reporte de Europol titulado “Descodificando las redes criminales más peligrosas de la UE”, los países fuera de esa región con mayor actividad delictiva dentro de ella son -sea narcotráfico o lavado de dinero- Albania, Brasil, Colombia, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.
La misma radiografía policiaca revela que, de hecho, sólo una de cada diez redes criminales en la UE incluye a un ciudadano de un país latinoamericano, y los mexicanos no figuran entre los más numerosos, que son los brasileños y colombianos. “El escaso número de redes delictivas con miembros clave de América Latina y el Caribe indica que los delincuentes de estas regiones no ejercen actualmente una influencia significativa en los mercados delictivos de la UE”, concluye Europol.
Ello, sin embargo, no quita el creciente protagonismo del narco mexicano en Europa. Como lo reportó Proceso en su momento, en marzo de 2013 Europol advirtió en una “alerta de amenaza” que el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, y en ese entonces también Los Zetas, habían pasado de ser exportadores de cocaína a coordinadores de la cadena de suministro mundial de esa droga: tenían acuerdos con productores de Sudamérica, con facilitadores de transporte de Centroamérica y África, y con compradores en Europa.
Esas conexiones fuera de México han crecido desde esa fecha a la par que su poderío en México y Latinoamérica. Los cárteles mexicanos ampliaron sus ventas de cocaína en los países europeos y, a partir de ahí, en Asia y Oceanía, explica el RUSI en el documento entregado al Parlamento Europeo. Esas narco-organizaciones -abunda el centro británico- también lograron entrar en los mercados de drogas sintéticas de todo el mundo mediante la adquisición de precursores de fentanilo en China y el establecimiento de laboratorios de metanfetamina en los Países Bajos.
Su incursión fue espectacular y acuñó el hoy famoso término de “método mexicano”. Entre 2019 y 2021, las policías de Países Bajos y la vecina Bélgica desmantelaron numerosos laboratorios clandestinos donde “cocineros” mexicanos preparaban una novedosa y más rentable metanfetamina cristalina que revolucionó el mercado. En ese periodo fueron arrestados al menos 24 mexicanos, según una investigación del periodista belga Arthur Debruyne.
En su libro El narco mexicano en Europa, publicado en español en octubre último, Debruyne explica que esos “cocineros” eran contactados en México por intermediarios (brokers) y trabajaban de manera independiente para pequeñas redes de narcotraficantes holandeses.
En entrevista con este corresponsal, el periodista comenta: “eran mano de obra barata y desechable, y para nada podían considerarse una avanzada de los sanguinarios cárteles mexicanos para apoderarse del mercado, como decían los titulares sensacionalistas de muchos medios europeos. La policía ni siquiera les encontró un arma”.
A partir de 2022, los “cocineros” mexicanos desaparecieron de los laboratorios de metanfetamina descubiertos por agentes antinarcóticos belgas y holandeses. Es probable que sus empleadores consiguieron copiar la receta para producir ice de alta calidad, refiere Debruyne. Pero si hubo mercados que se cerraron, otros se abrieron. Así, recientemente los mexicanos reaparecieron en lugares ilegales de fabricación de la droga en Francia y Polonia.
Crímenes de lesa humanidad
La expansión global de los principales cárteles de México “proyecta un desafío global y han influido en las prioridades de política interior y exterior de los gobiernos” afectados, expone el mencionado análisis del RUSI. Y eleva las alertas: “los grupos delictivos organizados de México, con sus extensas redes, podrían encontrar pronto vías para suministrar a otras regiones opioides sintéticos peligrosos”.
Los expertos exponen que para hacerles frente con mejores resultados, la UE tiene que tipificar a los grupos del crimen organizado como “entidades jurídicas” con dos objetivos: generar información de la que hoy no dispone sobre las “amenazas geopolíticas” que éstos entrañan, y poder enfrentar directamente sus acciones con mecanismos internacionales que existen en materia penal, humanitaria y de derechos humanos.
En su concepción actual, insiste el equipo de especialistas, “el derecho internacional no logra exigir responsabilidades a los grupos del crimen organizado cuando se infiltran en las instituciones estatales, socavan los derechos humanos o restringen o dictan las libertades fundamentales”.
Un ejemplo de ello en otro ámbito podría ser el caso mexicano ante la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo mandato es investigar y enjuiciar a individuos acusados de los crímenes más graves de trascendencia internacional.
Desde 2011, ciudadanos y ONG nacionales y extranjeras han solicitado a la fiscalía de ese tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, que abra un examen preliminar a México por posibles “crímenes de lesa humanidad” o “de guerra” -tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones- que están cometiendo funcionarios del Estado y narcotraficantes en el marco de la llamada “guerra contra las drogas”.
Sin embargo, la fiscalía de la CPI se ha negado a intervenir. De acuerdo al contenido de una carta fechada el 22 de octubre de 2015 y dirigida a la Federación Internacional de Derechos Humanos y ONG mexicanas por el entonces jefe de la sección de análisis de situaciones de la fiscalía, Emeric Rogier, “las extensas violaciones a los derechos humanos (que ocurren en México) no necesariamente constituyen crímenes de competencia de la Corte (…) por lo que no existe fundamento jurídico en este momento para avanzar en el análisis” (proceso.com.mx, 14 de diciembre 2017).
Terroristas o conflicto armado
El documento del RUSI desaconseja a la UE la opción estadounidense: designar “grupos terroristas extranjeros” a tales grupos de la delincuencia organizada, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, lo que hizo el presidente Donald Trump en febrero de 2025.
Eurodiputados españoles del partido de extrema derecha Vox han solicitado e insistido a los gobiernos nacionales de la UE que incluyan a ambos cárteles mexicanos en su propia lista de “personas y entidades terroristas”, sin resultado alguno.
Los investigadores del RUSI explican que, si bien esa medida permite el uso de herramientas legales y operativas -como la recopilación de inteligencia, la congelación de activos y la persecución de individuos que brinden apoyo material a los cárteles-, también podría engendrar “consecuencias no deseadas”.
Refieren que una de ellas es que esta alternativa termina por “legitimar operaciones unilaterales de Estados Unidos en el extranjero”, y la otra es que complicaría a la UE continuar o llevar a cabo programas de financiamiento social o de otra índole en áreas bajo la influencia de los narcotraficantes.
Su reporte también aborda otra posibilidad para hacer valer el derecho internacional: si la violencia relacionada con los cárteles puede calificarse como un “conflicto armado no internacional”. Señala que eso implicaría “una violencia armada prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre dichos grupos”, así como “una estructura de mando definida y una alta intensidad de las hostilidades”.
La situación de violencia generada por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México podría cumplir algunos de esos requisitos, dado su uso de equipo tipo militar y sus operaciones coordinadas, expone el documento del RUSI.
Ese debate tiene lugar en México desde hace algunos años. En 2019, un análisis de la Clínica de Derecho Internacional de Leiden, Países Bajos (solicitado por la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y el ITESO), concluyó que la violencia en nuestro país califica como un “conflicto armado interno no internacional” entre las fuerzas del Estado y los cárteles del narcotráfico, y entre ellos. Esa circunstancia, afirmó, podría configurar “crímenes de guerra” susceptibles de ser investigados por la Corte Penal Internacional (Proceso 2244, 17 noviembre 2019).
No obstante, los expertos del RUSI tampoco favorecen esa clasificación, con la que también, alertan, “se corre el riesgo de legitimar el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado como respuesta”. Eso fue lo que ocurrió en Ecuador en enero de 2024 -dice el RUSI- cuando el gobierno de Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” y declaró “terroristas” a los narcotraficantes.
“Estas tipificaciones -afirman- se terminaron utilizando para justificar la ampliación de los poderes militares y el uso de la fuerza letal para reprimir a los grupos delictivos, lo que, según se informa, ha dado lugar a ejecuciones extrajudiciales y otros abusos contra los derechos humanos, sin que ello haya supuesto una perturbación significativa de las actividades de estos actores”.
