El periodo de gobierno del priista Javier Duarte (2010-2016) marcó uno de los pasajes más oscuros del estado de Veracruz en materia de derechos humanos. Desapariciones, ejecuciones, torturas, asesinato de periodistas, fosas clandestinas… las acusaciones de ONG son abundantes y apuntan en muchos casos a las fuerzas de seguridad locales. Ahora que Duarte está encarcelado por delitos de corrupción, quien fuera su esposa y presidenta del DIF Estatal, Karime Macías, argumenta -irónicamente- que, ante una eventual extradición desde Reino Unido, las autoridades mexicanas -que la acusan de un desvío millonario de fondos públicos- no garantizan el respeto de sus derechos humanos. Underground siguió las audiencias de su juicio de extradición en un tribunal de Londres.
BRUSELAS, Bélgica.- Para impedir que la justicia de Reino Unido extradite a Karime Macías Tubilla a México por un presunto desvío de dinero público, sus abogados argumentan que el Estado mexicano no puede garantizar que su cliente no será víctima de tortura y vejaciones en caso de ser entregada.
Y para convencer de lo anterior al tribunal de Londres donde se lleva a cabo el juicio de extradición, la defensa de Macías convocó a declarar a un alto exfuncionario del gobierno de Veracruz y a un testigo de renombre internacional a finales de noviembre pasado. Se trata del argentino Juan Méndez, quien entre 2010 y 2016 fue el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Karime Macías fue esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien dejó su cargo en octubre de 2016 en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. Duarte -quien fue entonces expulsado de su partido, el PRI-, huyó del país. Fue capturado en Guatemala y extraditado a México el 17 de julio de 2017. Declarado culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, actualmente purga una pena de nueve años de cárcel.
Durante el mandato de Duarte, Macías fue presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cargo honorario desde el cual -según justifica el gobierno mexicano ante la justicia británica para reclamar su extradición- ella habría desviado 112 millones de pesos entre 2011 y 2012 a través de una red de empresas fantasma, las cuales no entregaron los productos o servicios contratados. Sin embargo, una investigación del portal Animal Político, publicada en mayo de 2018, reveló que el monto desviado durante toda su gestión como presidenta del DIF de Veracruz (2011-2016) fue de 415 millones de pesos.
Cuando el gobierno mexicano inició su proceso de extradición en octubre de 2018 -ya electo como presidente Andrés Manuel López Obrador-, Macías llevaba un par de años viviendo en una lujosa zona de la capital británica de nombre Belgravia. En ese domicilio recibió el citatorio para presentarse en la oficina de policía de Westminster el 29 de octubre de 2019, en cumplimiento de una ficha roja girada por Interpol. Al hacerlo quedó una semana en custodia, pero luego de pagar 150,000 libras como fianza quedó en libertad para enfrentar su proceso de extradición.
Después de tres aplazamientos por la emergencia sanitaria, las audiencias del caso comenzaron finalmente el pasado 22 de noviembre. De las cuatro que tuvieron lugar, este periodista fue autorizado por el juez a seguir tres desde el circuito cerrado de video de la Corte de Magistrados de Westminster, en la que, por cierto, se ventilan los asuntos judiciales más espinosos en el país (el de la extradición a Estados Unidos del activista Julian Assange, por ejemplo).
En esas audiencias se pudo observar que los abogados de Macías buscan que el juez de la alta corte de Londres, Paul Goldspring, en lugar de centrarse en el fondo del asunto dirija su atención hacia una de las prácticas más oscuras del sistema mexicano: la tortura y la impunidad que la rodea, de las que Karime Macías -según sus abogados- sería víctima si fuera extraditada.
Para lograr esa finalidad, el abogado de Macías, Aaron Watkins, llamó primero como testigo a Juan Antonio Nemi Dib, quien durante el gobierno de Javier Duarte fue secretario de Salud, exdirector del DIF veracruzano y secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Rindió su testimonio el 24 de noviembre a través del circuito cerrado del tribunal.
El hombre, de 59 años y con residencia en Jalapa, Veracruz, aseguró al juez que ha sido perseguido los últimos seis años por el Estado mexicano; que fue torturado y privado de la libertad (en prisión) durante 17 meses por acusaciones falsas, y que continuamente se encuentra bajo amenaza. En abril pasado, Nemi Dib fue declarado inocente por el Tribunal Superior de Justicia de los cargos en su contra: incumplimiento de un deber legal, peculado y abuso de autoridad.
A petición de la defensa, el testigo explicó que sufre un cuadro grave de estrés postraumático y que, por ello, se encuentra en tratamiento médico y psicológico. Detalló que padece insomnio, angustia prolongada, problemas de depresión y que incluso siente miedo al salir de su propia habitación. Dijo que por esa situación lleva seis años sin generar ingresos económicos. Señaló que a pesar de haber sido declarado inocente y tener una larga y respetable carrera en el servicio público, la gente en la calle lo ofende y él se siente una persona improductiva sin ninguna perspectiva de futuro.
En su turno, el representante del gobierno mexicano, el abogado británico Mark Summers -uno de los mejores del mundo en materia de extradición-, comenzó por preguntarle a Nemi Dib si durante su gestión en el DIF estatal nunca se percató de que se cometía un fraude significativo. El testigo afirmó que los contratos se habían cumplido y que, en todo caso, él era directivo y no un almacenista que tuviera contacto con la entrega de los materiales adquiridos. Summers terminó preguntándole si le constaba que lo que entraba al almacén salía de allí. Contestó con un seco “no”.
Pasaron al tema por el que Nemi Dib testificaba: el de la persecución política y la tortura. Había entregado con antelación a la corte británica dos declaraciones por escrito y casi 30 documentos de apoyo. El trabajo del representante del gobierno mexicano fue desmontar o minimizar los dichos del testigo.
Summers cuestionó a Nemi Dib si él sabía de la captura de Duarte en Guatemala y de que su nombre estaba incluido en las acusaciones de fraude en el DIF en contra de Macías. Planteó que nunca fue requerido judicialmente por ninguna autoridad, pero el abogado le preguntó provocativamente por qué entonces fue girada en julio de 2017 una orden para que lo arrestaran. Respondió que ese era un cuestionamiento “agresivo e injusto”, ya que había sido declarado inocente de toda culpa y que incluso no lo habían podido siquiera llevar a juicio, lo cual no había impedido que pasara 17 meses en prisión por delitos que supuestamente había cometido en febrero de 2013 como directivo de la Secretaría de Salud, cuando él todavía no estaba en el cargo.
Summers arreció el interrogatorio. Le preguntó por qué había eludido la captura durante seis meses. El testigo de Macías lo negó y aclaró que estaba en la Ciudad de México preparando con sus abogados su defensa, aunque admitió que cada mes cambiaba de celular y domicilio. El abogado quiso saber si cuando lo arrestaron el 23 de diciembre de 2017, él había dicho a la prensa que nadie creyera que se lo iba a “comer todo solo” en la cárcel, ya que denunciaría a otras personas involucradas en el fraude. Replicó que no, que lo que declaró fue que denunciaría a los verdaderos responsables, que él se refería al caso de la Secretaría de Salud -jamás del DIF de Macías- y que en su momento ya había presentado en tiempo y forma hasta 300 denuncias.
Nemi Dib sostuvo que fue forzado a firmar una declaración comprometedora el 17 de abril de 2018, la cual fue obtenida bajo tortura y la amenaza de que matarían a sus hijos si no lo hacía.
El representante del gobierno mexicano entonces trató de desestimar su testimonio, en relación a que fue torturado la mañana del 24 de diciembre de 2017 en el penal de Pacho Viejo, en Jalapa. Summers le comentó que hay reportes médicos que asocian sus problemas físicos -como el que sufre en el talón, le precisó- con una degeneración natural.
Refirió igualmente que en sus diferentes declaraciones había inconsistencias. Por ejemplo, mencionó que cómo era posible que en el examen médico efectuado el 26 de abril de 2018 por el doctor (Hugo Azamar) Espejel, quien lo trató durante 30 años, olvidó decir que cuatro meses antes fue agredido. “¿Usted dice que sí le mencionó al doctor haber sido torturado, pero por asuntos legales no aparece en su reporte?”, impugnó Summers.
Nemi Dib confirmó que sí le contó todo a su doctor, ya que también lo considera su “amigo”. Afirmó que todavía tenía muy presente los momentos de violencia de los que fue víctima y aseguró sentirse muy mal, por lo que solicitó al juez unos minutos de pausa que éste concedió.
El abogado del gobierno de López Obrador regresó a la carga. ¿Por qué Nemi Dib -según los documentos que entregó a la corte- mantuvo el silencio sobre las amenazas y las golpizas que dice ser objeto hasta el 27 de septiembre de 2018, es decir el día después de que Duarte fue declarado culpable y sentenciado? “Nunca me mantuve callado”, respondió. ¿Por qué decía que negaba sus comunicaciones por WhatsApp con Macías si él mismo declaraba que las tuvo? Respondió que sólo había hablado con ella una ocasión. ¿Por qué no sometió su teléfono a un análisis forense? Porque no estaba obligado judicialmente, dijo. ¿Por qué no mostraba el mensaje con Macías? Ya no lo tenía porque su teléfono se rompió hace tres meses y se perdió toda la información contenida. ¿Y cómo pudo entonces proporcionar este mes información de julio de 2020? Porque, señaló, eran respaldos que había hecho de conversaciones con el abogado (Rafael) “Sánchez Cano” y el fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler (destituido en 2019), quienes lo amenazaron de muerte, y con el actual secretario técnico de la Fiscalía Estatal, Manuel Fernandez Olivares, que ha expresado su intención de volverlo a encarcelar.
Nemi Dib estalló contra el representante del Estado mexicano. Le recordó que Winkler está prófugo, “acusado de crímenes contra la humanidad”, con ficha de Interpol, y consideró que fueron un “invento” del exfiscal las acusaciones formuladas contra él y Macías. “Es a Winkler a quien usted está defendiendo”, le reclamó, agregando que él, Summers, no entendía “el peligro al que estoy sometido”. Cerró advirtiendo que las autoridades mexicanas ya preparan una nueva investigación en su contra como respuesta al testimonio que voluntariamente prestaba en ese tribunal londinense.
El lunes 29 de noviembre se presentó a testificar por videoconferencia quien fuera Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, el argentino Juan Méndez, invitado por los abogados de Macías. Ellos no sólo buscan frenar la entrega de su cliente a la justicia mexicana, sino también obtener el asilo político de parte de Reino Unido.
Watkins comenzó mencionando el reporte que realizó Méndez en 2014 tras su visita a México como relator, y cuya conclusión -citó- fue que la tortura y los malos tratos son prácticas generalizadas al momento de la detención y antes de la presentación con el juez. El abogado de Macías añadió que en el mismo reporte se establece que “hay evidencia de la participación de la policía a todo nivel, así como de las fuerzas armadas”, y que “hay indiferencia o complicidad de algunos médicos, defensores de oficio, fiscales y jueces”.
El exrelator explicó que durante las semanas que pasó en México visitó varios centros de detención y habló con víctimas, autoridades y activistas. Encontró un patrón de conducta: las personas eran sacadas de sus hogares o trabajos para ser llevadas a estaciones de policía u otro lugar donde eran torturadas violentamente. Durante la detención -relató al juez británico- la gente es golpeada y torturada con distintas técnicas, como descargas eléctricas, simulacro de asfixia y golpes con macanas, todo ello con la finalidad de sustraer confesiones ilícitas o información que conduzca a otros acusados.
En 2017 Méndez publicó un segundo informe sobre México, en el que llegó a las mismas conclusiones, recordó Watkins. Ello a pesar de que en junio de aquel año había entrado en vigor la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles. Los esfuerzos, dijo Méndez al abogado de Macías, se limitaban al ámbito legislativo y no tenían efecto en la práctica. A diferencia del anterior informe, tal evaluación no estuvo precedida por un trabajo de campo, debido a que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto no aprobó una nueva visita del relator.
El Comité contra la tortura de Naciones Unidas hizo público otro informe relativo a México en 2019. Éste -puntualizó Watkins- concluye que la tortura continúa siendo práctica generalizada de las fuerzas de seguridad, lo cual asentó Méndez. El abogado le preguntó si su opinión sobre la tortura en México era actualmente la misma que en 2014 y 2017. “Lamentablemente -opinó-, hasta ahora sólo hemos visto buenas intenciones (del Estado mexicano) (…) pero el problema no ha desaparecido”.
Se le cuestionó si él estimaba que Macías podía correr riesgo de ser torturada y agredida durante su detención en México. Méndez dijo que sí.
Para el abogado de la defensa, el gobierno de López Obrador no ha ofrecido ningún tipo de garantías en ese aspecto para su clienta, más allá de prometer que pondrá a disposición un helicóptero que llevaría a Macías del Centro Federal de Readaptación Social Femenil Morelos (Cefereso 16) -localizado en ese estado y a donde sería trasladada una vez concretada su extradición- a la corte veracruzana en la que sería juzgada, y luego la regresaría. Y es que a Méndez -según explicó- no le preocupa tanto el trato que reciba la acusada dentro del Cefereso, sino lo que pueda pasar durante su traslado al tribunal en Veracruz y durante los interrogatorios que puedan tener lugar fuera del centro penitenciario.
Summers, el representante del Estado mexicano, tomó el micrófono y se dirigió al reconocido profesor en derechos humanos preguntándole si aceptaba que las garantías del gobierno de México son de buena fe, acorde a la ley del país y todo ello a pesar de que Macías está sometida a proceso en un tribunal local de Veracruz bajo normativa estatal. Méndez contestó que el gobierno puede ofrecer garantías en casos de extradición, pero que éstas deben ser examinadas considerando quién está en condiciones de cumplirlas. “Y no estoy seguro -aseveró- que el gobierno (federal) mexicano pueda obligar al del Estado de Veracruz a cumplirlas (una vez que Macías esté en el país). Las garantías deben ser ratificadas por todos los involucrados”.
Summers dejó ver al juez londinense que el gobierno mexicano ha ofrecido garantías de que Macías será tratada conforme a las normas internacionales, y recordó que ella podrá reportar en todo momento cualquier anomalía al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Entonces, dirigiéndose a Méndez, le preguntó por qué él pensaba que Macías estaría en peligro si ella estaría detenida en el Cefereso 16 durante todo el procedimiento. El argentino insistió en que la acusada correrá peligro en momentos en los que las autoridades penitenciarias federales no pueden cubrir las garantías, es decir durante el transporte de la acusada y en los lugares donde tenga que permanecer, dado que las audiencias se pueden realizar en días sucesivos.
Summers apuntó que Macías regresará todas las noches en helicóptero al Cefereso 16, a lo que Méndez respondió, lacónico, que la única promesa ofrecida por el gobierno de Veracruz es que pondrá ese transporte.
El traslado duraría 40 minutos y Macías regresará al penal de Morelos inmediatamente después de que termine cada audiencia en Veracruz, reiteró el abogado; ella no estaría en ningún otro lado. Acorde a su experiencia, reviró el exrelator de la ONU, las audiencias no necesariamente concluyen el mismo día y nada garantiza que la acusada no pasará una noche fuera del Cefereso.
Summers intentó un golpe bajo al preguntarle cuáles eran los elementos que él tenía, como “abogado no calificado” en la ley mexicana, para asumir que las garantías ofrecidas por el gobierno nacional necesitan ser también emitidas por otra autoridad local para ser realmente efectivas. Méndez argumentó que la Corte Europea de Derechos Humanos -a la que está sujeta Reino Unido- sostiene que las garantías diplomáticas únicamente son consistentes con la Convención Europea de Derechos Humanos si las autoridades que las emiten están en posición de poderlas ejecutar en el momento apropiado. “Eso es lo que estoy diciendo (con base en la ley europea), no con base en la ley mexicana”, remató.
En una última tentativa, el abogado del gobierno mexicano trató de que Méndez aceptara que el riesgo de algún tipo de abuso al que hacen referencia los reportes internacionales tiene lugar en las primeras horas tras la detención de una persona. Fue en vano: Méndez respondió que ello no significaba que después de las primeras 72 horas nadie fuera torturado.
La próxima audiencia, prevista como la última, será el 10 de enero de 2022.
Foto de portada: Imagen de Karime Macías en Londres presentada por el gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes, durante una rueda de prensa celebrada el 29 de mayo de 2019.
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