Llevan a la Corte Penal Internacional denuncia por desapariciones y fosas clandestinas en Baja California

Una comunicación fue presentada el pasado 20 de julio ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, para solicitar que se analice la situación de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y el hallazgo de fosas clandestinas en Baja California. De acuerdo con información publicada por Brújula News, con sede en Mexicali, el documento plantea que estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad y pide la apertura de un examen preliminar conforme al Artículo 15 del Estatuto de Roma.

Según Brújula News, la comunicación fue promovida por la periodista Dianeth Pérez Arreola en representación de Irma Leyva Sosa, fundadora del colectivo Madres Unidas y Fuertes y víctima directa de la violencia. El objetivo es que la Fiscalía de la CPI determine si existen elementos suficientes para iniciar una investigación de oficio sobre los hechos ocurridos en el estado.

La documentación entregada incluye fotografías, videos, entrevistas y referencias periodísticas que, de acuerdo con la solicitud, buscan acreditar posibles omisiones o participación de agentes del Estado, así como la falta de resultados en las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado (FGE). El escrito sostiene que existe una respuesta institucional insuficiente frente a las desapariciones y al hallazgo de fosas clandestinas.

Como parte de los antecedentes, la comunicación refiere que entre junio y septiembre de 2023 fueron localizadas 22 fosas con igual número de cuerpos en el poblado Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali. Asimismo, señala que desde el 8 de enero de 2026 se han recuperado 47 restos humanos en otra zona del mismo poblado, donde permanecen abiertas 24 fosas. De acuerdo con Brújula News, varios de los restos presentaban señales de haber sido calcinados, desmembrados y con indicios de tortura.

El documento afirma que estos hallazgos reflejan un patrón sistemático de violencia relacionado con desapariciones forzadas y ejecuciones atribuidas principalmente a grupos delictivos. En ese contexto, cita que “La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha iniciado investigaciones contra al menos 20 agentes policiales por su presunta implicación en desapariciones y fosas clandestinas; sin embargo, su respuesta general ha sido insuficiente, tardía e ineficaz para desmantelar las estructuras criminales responsables”.

La comunicación también sostiene que el contexto de violencia en la entidad forma parte de un fenómeno más amplio en México, donde las desapariciones y las fosas clandestinas constituyen un patrón recurrente. En ese sentido, argumenta que los hechos podrían encuadrarse en los delitos de desaparición forzada, asesinato, tortura y otros actos inhumanos previstos en el Artículo 7 del Estatuto de Roma. El documento añade que “la magnitud, el método y la ubicación dentro de un área natural protegida sugieren un patrón organizado que trasciende la delincuencia común”, además de señalar una posible aquiescencia o ineficacia de las autoridades para prevenir e investigar estos delitos.

Finalmente, de acuerdo con Brújula News, la petición dirigida a la Fiscalía de la CPI solicita admitir la comunicación para un examen preliminar, abrir una investigación sobre la situación en Baja California, requerir información a las autoridades mexicanas y a los colectivos de búsqueda, y reconocer la participación de las víctimas y sus familiares durante el procedimiento. No hay fecha para que la Corte Penal Internacional decida si dará trámite a la solicitud.

Este caso se presenta en un contexto de creciente atención internacional sobre la crisis de desapariciones en México. En abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó, por primera vez respecto de México, el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al considerar que existían indicios bien fundados de que este delito se practica de forma generalizada o sistemática en el país. El procedimiento busca recabar información del Estado mexicano y, de ser procedente, llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU.

La comunicación presentada ante la Corte Penal Internacional se suma a otras iniciativas impulsadas durante los últimos 15 años por organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y especialistas que han solicitado a la Fiscalía de la CPI investigar la situación de México por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde 2011, diversas comunicaciones han documentado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros delitos atribuidos tanto a grupos criminales como a agentes del Estado o cometidos con su presunta aquiescencia; sin embargo, hasta ahora la Fiscalía de la Corte no ha abierto una investigación formal sobre el país.