BRUSELAS, Bélgica.- El 15 de agosto de 2010, Pablo López Alavez conducía de regreso a su casa en la comunidad de San Isidro Aloápam, en Oaxaca. Venían con él su esposa Yolanda Pérez Cruz y su nieto.
Cerca del Río Virgen una camioneta les cerró el paso y de la parte trasera bajaron unos 15 sujetos vestidos de negro, encapuchados y armados. Su esposa y el niño fueron inmovilizados en el suelo. A él lo golpearon y lo subieron a un vehículo donde lo mantuvieron varias horas incomunicado. Sus captores jamás se identificaron o le mostraron una orden de aprehensión.
López Alavez fue entregado a la policía estatal y luego puesto a disposición del Ministerio Público de Villa de Etla, donde se le acusó de tentativa de homicidio y homicidio. Eran los tiempos del gobernador priista Ulises Ruiz.
Hoy, a sus 54 años y después de tres gobiernos federales de distintos partidos (el del panista Felipe Calderón, el del priista Enrique Peña Nieto y el actual), este indígena zapoteco defensor de los bosques y luchador contra la tala ilegal sigue preso.
López Alavez fue sentenciado a 30 años de cárcel, condena que fue ratificada con irregularidades a pesar de que un tribunal reconoció en septiembre de 2020 que habían sido violadas sus garantías al debido proceso.
Tres años antes, en septiembre de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ya había considerado que la detención del activista fue “arbitraria” y que su proceso judicial estuvo lleno de “violaciones significativas”, además de que las pruebas en su contra fueron inconsistentes y que existen evidencias de que el acusado no se encontraba en el lugar de los hechos cuando ocurrió el asesinato del que se le responsabiliza.
La ONU concluyó que el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento de López Alavez fue la defensa de los derechos humanos de su comunidad, por lo que el organismo recomendó la liberación y reparación integral del daño. Pero hasta la fecha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada, como tampoco el gobernador de Oaxaca, también del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Salomón Jara.
Al cumplirse 13 años de la detención arbitraria del activista oaxaqueño, las organizaciones europeas Front Line Defenders (Irlanda), Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia (Alemania) y la Fundación Heinrich Böll (Alemania) -junto con Consorcio Oaxaca- exigieron al Estado mexicano la “liberación inmediata” de López Alavez.
“Nos preocupa el patrón específico de criminalización en Oaxaca que afecta de manera diferenciada a personas indígenas y ha sido reconocido por la ONU”, señaló Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de Front Line Defenders, durante un evento realizado por internet. “Es impostergable que el Estado mexicano cumpla con la opinión 23/2017 (de la ONU) y libere al defensor del bosque”, aseveró.
Patricia Rendón Galván, responsable para México de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, recordó en el mismo evento que a la campaña por la liberación del activista mexicano se han sumado 142 comunidades de diversos estados del país, 33 organizaciones nacionales e internacionales, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, así como 15 diputados del Parlamento Europeo.
“Hoy hacemos un llamado al Estado mexicano, y particularmente al gobierno de Oaxaca, pidiendo que cesen ya las continuadas violaciones en contra de los derechos humanos de Pablo, su familia y su comunidad. Seguiremos levantando la voz hasta que Pablo se encuentre en libertad”, afirmó Rendón Galván, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por Consorcio Oaxaca, que representa al activista.
Dolores Rojas Rubio, coordinadora de programas de la Fundación Böll, se refirió por su parte al Acuerdo de Escazú, que México firmó en septiembre de 2018 y que el gobierno de López Obrador ratificó en noviembre de 2020. Rojas Rubio recordó que al firmar ese acuerdo México está obligado a garantizar la seguridad de quienes defienden el ambiente -como en el caso de Pablo López- y resarcirlos por cualquier daño infligido.
Yolanda Pérez Cruz reiteró en dicho conversatorio que su esposo “es inocente” y está encarcelado porque es un “preso político”, por lo que hizo un llamado al gobernador Salomón Jara “para que tome cartas en este asunto y libere a Pablo, que está en prisión por ser indígena y defender el bosque de su comunidad”.
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