Pesada, la herencia de AMLO a Sheinbaum, coinciden en Alemania

Organizaciones de la sociedad civil mexicana y alemana se reúnen en Berlín para discutir la situación de los derechos humanos en México y los retos del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.
Foto: Yetlaneci Alcaraz

BERLÍN, Alemania.- Desapariciones forzadas que no cesan, violencia sistemática e inseguridad generalizada en todo el país, además de una reforma judicial polémica, son parte de la “pesada herencia” que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deja a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien por su parte tendrá la tarea de marcar una diferencia respecto a su antecesor en materia de derechos humanos.

Con ello coincidieron organizaciones de la sociedad civil alemana y mexicana así como integrantes del parlamento alemán y del Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas durante la conferencia “Derechos humanos en México. El papel de la sociedad civil y la responsabilidad internacional“, organizada en Berlín por la Fundación alemana Heinrich Böll y la Coordinadora alemana por los derechos humanos en México.

Durante el acto inaugural, las representantes alemanas fueron claras en la imperiosa necesidad de un cambio ante la emergencia humanitaria que vive México. Tanto la diputada alemana Nicole Westig, miembro de la comisión de Asuntos Exteriores del parlamento alemán, como Barbara Lochbihler, ex eurodiputada y actual miembro del Comité de la ONU contra desaparición forzada, hicieron referencia a recientes visitas a México en donde constataron la grave situación en materia de derechos humanos de la que no logra salir el país. Si bien reconocieron la disponibilidad del gobierno mexicano para aceptar que hay crisis, para permitir observaciones internacionales dentro del país y la adición y firma de innumerables tratados, convenciones e instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, lo cierto -coincidieron- es que a nivel interno su operación no funciona.

“Es importante que la sociedad civil exiga que México implemente todo lo firmado. A nivel internacional todo es correcto, el problema es la implementación en casa. Lo que nosotros podemos hacer (como comunidad internacional) es insistir en ello, visitar de nuevo al país, ocuparnos de casos concretos y pronunciarnos al respecto”, dijo Lochbihler.

En tanto la anfitriona Imme Holz, directora de la Fundación Heinrich Böll, apuntó a la necesidad de que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum- quien tomará posesión del cargo el 1 de octubre-, encuentre la fórmula dentro del Estado de derecho para frenar la violencia y muerte generada por el crimen organizado, entendiendo éste como ese complejo sistema integrado por cárteles de la droga pero también por autoridades corruptas.

“La situación de los derechos humanos en México es alarmante. Cada año escuchamos de la desaparición y asesinato de miles de personas, entre ellos, periodistas y defensores de derechos humanos que pagan con su vida su compromiso con la justicia o simplemente por defender sus derechos. (…) Esta situación representa para la nueva presidenta Claudia Sheinbaum un gran reto y espero que, diferencia de su predecesor, se de cuenta que la sociedad civil -agrupada en organizaciones- es una socia importante. Las organizaciones de derechos humanos no deben ser el objetivo de reprensión de parte del Estado. Ellas no son el problema, sino parte de la solución. Y por eso ahora Claudia Sheinbaum tiene la tarea de protegerlas. Necesita encontrar con urgencia planteamientos de Estado de derecho que eviten estos ataques violentos generados por el crimen y los cárteles”, dijo.

Activistas mexicanos en la Fundación Heinrich Böll exigiendo la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Foto: Yetlaneci Alcaraz

Del lado mexicano, María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro, destacó que pese a los avances en materia social y económica que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otros fundamentales como los derechos civiles y políticos, la justicia y la seguridad son un gran pendiente que deja su administración.

“Esta narrativa de la gran transformación y logros no caben cuando se habla en materia de seguridad e impunidad. Evidentemente se siguen violando derechos humanos en México aunque el presidente diga lo contrario. No hay mejoras tampoco en seguridad, la violencia feminicida continúa.

“Ese discurso triunfalista no permite llegar a la parte que también el presidente prometió poner en el centro de su gobierno que son los pobres. Si vemos quienes son las personas que desaparecen en México son las personas que vienen de los contextos más precarios, la juventud y las mujeres”, ejemplificó.

Con ella coincidió Carlos Pérez Ricart del CIDE e integrante de la Comisión Verdad y Justicia, quien además se dijo escéptico ante los resultados de la recién aprobada reforma judicial que representará una gran carga para la nueva presidenta de México.

“No queda duda de que el gobierno de López Obrador fracasó rotundamente en resolver el problema de la seguridad y justicia. Pero -matizó- es verdad que el problema criminal al que se enfrenta México es muy especial y extraordinario frente a otros problemas criminales que resulta complicado entender desde Alemania o Europa.

“El sistema de justicia está sobrepasado con un 98 por ciento de impunidad. La propuesta que ayer fue aprobada fue terminar con eso y elegir a los jueces. Ello concentrará el poder más, no traerá más justicia porque sería el primer país en experimentar un proceso de elección, sin evidencia empírica, experimental para el que no está preparado y le va a costar mucho económicamente al Estado. A su heredera le deja un problema político que no necesitaba, que no quería y que no sé cómo va a resolver. La respuesta en materia de justicia es radical pero no se basa en un diagnóstico de cómo se resolverá el problema. Me preocupa mucho que en junio era un gobierno que tenía todo a favor y en septiembre se habla de recesión económica y de un problema fuerte de operación política y económica. Estoy escéptico en lo que viene en materia de justicia”, señaló.

Invitados por la Coordinación alemana por los derechos humanos llegaron hasta Alemania integrantes de organizaciones civiles mexicanas como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red solidaria de Derechos Humanos de Michoacán, CIMAC, la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quienes luego de la conferencia en Berlín tendrán citas con parlamentarios en la capital alemana y también con diversos socios en Europa.


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