Trabajadores de la maquila: soportando la carga económica de la pandemia

Con la pandemia países que concentran la producción textil mundial como China, India, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Camboya, Etopía, México, Guatemala, Honduras o El Salvador se quedaron de un día para el otro sin ingresos porque las grandes y pequeñas marcas cancelaron pedidos millonarios de mercancías, que en muchos casos ya habían sido producidos. Las consecuencias de ello recayeron directamente en el eslabón más débil de la perversa cadena de producción textil: las y los trabajadores. Reportes internacionales dan cuenta de la extrema precarización en la que han caído los de por sí pobres empleos en maquilladoras de todo el mundo y los miles de seres humanos detrás de ellos.

La pandemia por coronavirus ha desnudado a la titánica industria de la confección textil: lo que se revela detrás de la moda y el glamour es un endeble sistema de ganancias y riesgos repartidos de forma abusiva, y construido sobre una estructura laboralmente insostenible y socialmente injusta, según evaluaciones realizadas por universidades y organizaciones no gubernamentales, que lograron documentar casos de despidos, explotación, acoso sexual y otros abusos contra trabajadores en los principales países maquiladores del mundo.

Desde que el virus escapó de Wuhan en enero de 2020 y entró en contacto con los distintos nodos fabriles del planeta, la industria trasladó desproporcionadamente los costos del freno a la producción, distribución y venta de ropa y calzado al eslabón más débil de la cadena: las trabajadoras y los trabajadores de las maquilas.

De por sí el trabajo nunca había sido justo para la clase obrera que manufactura por pocos centavos los jeans, las camisetas o los zapatos deportivos que se exhiben en los escaparates de las tiendas del norte global a cientos de dólares. Sin embargo, en los últimas décadas se habían producido algunas victorias, por ejemplo avances en la representación sindical, en las prestaciones laborales o en la reducción en la brecha de género. Ahora el vendaval de la pandemia amenaza con borrar estos magros avances conseguidos durante décadas y encaminar al sector hacia una espiral de deterioro, a menos que se hagan cambios profundos al sistema.

“Encontramos que las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de la confección han empeorado severamente durante la pandemia y que los trabajadores están experimentando dificultades económicas y abusos laborales severos”, indica el estudio Los impactos laborales del Covid-19 en las cadenas de suministro textil globales, elaborado por investigadores de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y uno de los reportes más profundos sobre esta crisis, publicado a fines de junio de 2021.

Genevieve LeBaron, coautor principal de la investigación, destaca que hallaron rasgos de trabajo forzado en la situación de muchos trabajadores, quienes han aceptado peores condiciones laborales con tal de no perder sus empleos. Además, el profesor de ciencia política ubica a un claro responsable en esta situación. ”Nuestro reporte muestra que las compañías minoristas trataron de compensar el daño potencial de la pandemia dirigiendo las pérdidas hacia sus proveedores y los trabajadores que menos podían pagarlas”, indica.

Los abusos laborales derivados de la pandemia se han reproducido de manera similar entre los distintos países del sur global donde se concentra la producción textil en las últimas décadas: China, India, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Camboya, Etopía, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y un largo etcétera.

En la primera entrega de esta investigación, se presentó un retrato a ras de suelo de estos abusos laborales a partir de testimonios de distintos trabajadores en países del sureste asiático y de América Latina. Los abusos van desde la reducción de salarios y el aumento inhumano de las demandas de productividad, hasta el aumento del acoso sexual y los despidos injustificados para deshacerse de trabajadores con enfermedades desarrolladas por el propio trabajo en la maquila.

Sin embargo, a los reportes periodísticos de este tipo se suman las investigaciones académicas y de organizaciones sociales que revelan el impacto extendido y acumulado del abuso contra los trabajadores aunque, cabe aclarar, la revisión del daño es aún insuficiente y sale a cuentagotas debido a las dificultades para investigar presencialmente en tiempos de pandemia.

Cancelación de pedidos

El infierno de los maquiladores textiles comenzó en marzo de 2020, cuando las grandes marcas de moda o de ventas minoristas en los mercados del norte global -Europa, Reino Unido o Norteamérica- metieron el freno de emergencia por el lockdown masivo decretado para frenar los contagios. Las marcas cancelaron pedidos de mercancías por miles de millones de dólares a los proveedores, aunque en ocasiones la ropa ya había incluso sido fabricada.

Sólo durante el primer trimestre de la pandemia, las pérdidas de salarios en siete de los principales países maquiladores en Asia ascendieron a 6 mil millones de dólares, según una estimación realizada por la organización Clean Clothes Campaign. Desprovistas de sus ingresos, las empresas de confección trasladaron el costo a sus empleados: de la noche a la mañana miles fueron despedidos con cualquier pretexto y otros tantos sufrieron recortes salariales.

Sólo en Bangladesh, el principal exportador de manufacturas textiles a occidente después de China, el 72 por ciento de los trabajadores afectados por el paro de labores durante marzo del 2020 fueron enviados a casa sin sueldo, según cálculos de la Asociación Nacional de Manufacturas y Exportación de Bangladesh (BGMEA por sus siglas en inglés). Muchas empresas maquiladoras se vieron orilladas a negociar la compra de sus mercancías con descuentos adicionales que terminaban en precios que no cubrían siquiera los costos de producción.

La situación fue tan drástica que la BGMEA amenazó con vetar a una lista negra de marcas occidentales, a las que acusó de explotar a sus agremiados en Bangladesh.

Reducción de salarios

Entre 1,140 trabajadoras y trabajadores de Etiopía, Honduras, India y Myanmar entrevistados por los investigadores de Sheffield, se detectó una reducción en su salario de 11 por ciento a partir de la pandemia.

Los investigadores inscriben esta reducción dentro de un contexto más amplio de falta de “seguridad laboral”, pues identifican que al menos 11 por ciento de los entrevistados (125 de los 1,140) perdieron su empleo durante la pandemia y a otro 13 por ciento (148) de los que permanecieron en sus puestos les fueron sustituidos los contratos firmados antes de la crisis por otros con menores beneficios laborales.

En este espectro de vulnerabilidad también se ubicaron factores decisivos para la selección de los despidos. Por ejemplo, las probabilidades de perder el trabajo aumentaban si se era parte de alguna minoría étnica o una “casta inferior”. Por el contrario, los trabajadores sindicalizados fueron menos propensos a despidos.

En México, una investigación publicada en noviembre pasado dio cuenta de la realidad que viven trabajadoras de la confección en el estado de Morelos, en el sur del país:

“Me siento muy triste y deprimida. No tengo un ingreso seguro ya que la empresa solo nos está pagando la mitad del salario (400 pesos mexicanos)”, indicó Vicky en la investigación Las trabajadoras de la maquila ante el Covid19: testimonios de su dura realidad, publicada por la Fundación Friedich Ebert.

“La empresa me está pagando 280 pesos a la semana. ¿Tú crees que eso me va a alcanzar y más ahora que acabo de ser mamá? Tengo miedo de que alguien se enferme en mi familia, no sé qué haría yo sin ningún sustento”, indicó Lili, otra empleada de maquila.

Robo de liquidaciones

Aunque por todo el mundo se registraron denuncias contra empresas que pagaban a los trabajadores solo una fracción de la liquidación que les correspondía al ser despedidos —en los casos donde al menos pagaban algo—, un reporte presentado en abril le ha puesto números a esta práctica.

Son al menos 500 millones de dólares los que las maquiladoras dejaron de pagar a trabajadores textiles alrededor del mundo con complicidad de las grandes marcas, según la organización Workers Rights Consortium (WRC), que califica este abuso como “robo salarial” en su reporte titulado Despedidos, después robados.

Aunque los 500 millones estimados por WRC son poco para una industria que vale entre 1.5 y 3 billones de dólares —entre 1 y 2% del PIB global—, la pérdida individual es enorme para los trabajadores, quienes en países de Asia y Centroamérica ganan un promedio de entre 100 y 200 dólares mensuales.

“Lo único que se interpone entre un trabajador textil desempleado y la pobreza inmediata para su familia son los beneficios por liquidación legalmente obligatorios a los que la mayoría de los trabajadores tienen derecho al ser despedidos”, explica el reporte de Workers Rights Consortium.

Al respecto, el reporte de la Universidad de Sheffield detectó que entre su muestra de 1,140 entrevistados, casi un 80 por ciento (912 obreros) no había recibido su liquidación completa y, de ellos, más de dos terceras partes (al menos 608 obreros) no habían recibido ni un centavo por ese concepto.

Endeudamiento forzado

Como consecuencia de la pérdida de empleos, la disminución salarial o la pérdida de prestaciones laborales, los trabajadores se ven obligados a recurrir a préstamos para cubrir incluso necesidades básicas como el pago de renta, alimentos o medicinas.

“Antes de la pandemia compraba fruta para mi hijo regularmente. Pero tras perder mi trabajo ya no puedo. El huevo es ahora un alimento de lujo para nosotros”, indicó una empleada en Bangladesh que hasta hace poco trabajó manufacturando productos para marcas como Mango y Primark, en una encuesta realizada por el Workers Rights Consortium. El 77 por ciento de los 400 trabajadores entrevistados en nueve países reportó que ellos o alguno de sus familiares había pasado hambre desde el inicio de la pandemia.

“Tengo un problema serio con el banco. Estoy a punto de perder mi hogar por no poder pagar las mensualidades de una deuda que adquirí. No sé qué hacer. En serio quiero que esto del virus termine”, explicó Vicky en la investigación realizada en Morelos, México, por la Fundación Friedrich Ebert.

Para Etiopía, Honduras, India y Myanmar, el profesor LeBaron y sus colegas de la Universidad de Sheffield identificaron un aumento promedio de 16 por ciento en el endeudamiento del hogar de cada trabajador, una cifra que alcanza 21por ciento en India y 34 por ciento en Myanmar.

Más de 60 por ciento de los trabajadores encuestados por la universidad inglesa reconocieron haber recurrido a préstamos durante la pandemia, lo cual representa para los investigadores un indicador de trabajo forzado, pues en la práctica orilla a los trabajadores a soportar situaciones laborales abusivas con tal de mantener un ingreso.

“Los obreros textiles no pueden cubrir sus necesidades sin adquirir niveles estratosféricos de deuda, que son incapaces de pagar debido a los salarios sistemáticamente bajos de la industria”, explica Penelope Kyritsis, de Worker Rights Consortium, organización coautora del reporte. “A menos que las marcas actúen en serio, veremos muy probablemente un sufrimiento prolongado a lo largo de la cadena de suministro”.

Mayor vulnerabilidad y riesgo

Dado que la situación económica se refleja en el contexto laboral y personal, distintos expertos coinciden en que los trabajadores se han visto forzados a tolerar abusos.

De los entrevistados por el equipo de LeBaron, 35 por ciento (399 obreros) reportaron insultos verbales, 34 por ciento (387) amenazas o intimidación, 22 por ciento (250) deducciones salariales injustas y un 19 por ciento (216) reportó restricciones a agua y sanitarios. En medio de la pandemia del siglo, un 39 por ciento (444) dijo no tener acceso a equipo de protección personal (cubrebocas, caretas o guantes) y de medidas de distanciamiento social.

En México se viven situaciones similares. “En la empresa en que laboro pasé una situación muy incómoda: la empresa me eligió para seguir laborando los días de contingencia, pero en un principio unas compañeras se fueron enfermas a sus casas con síntomas de Covid y fue por eso que decidí no exponerme. Entonces mi supervisor se enojó muchísimo. Ahora estoy despedida, ya no fui llamada”, explica Brenda en el reporte publicado por la Fundación Friedrich Ebert.

Aunque distintas agencias gubernamentales y regulaciones intentan mitigar esta vulnerabilidad, la delgada protección del estado resultó rebasada desde el inicio de la pandemia.

“La mayoría de la producción textil es realizada en países donde las protecciones sociales y los beneficios de desempleo son de los más débiles del mundo”, indicó la organización Clean Clothes Campaign en el reporte Subpagados en pandemia.

“Mientras que muchos países que confeccionan vestidos tienen alguna forma de protección legal para trabajadores que pierden sus trabajos, es ampliamente sabido que resultan inadecuados para cubrir incluso las necesidades básicas de un trabajador y de su familia”.

Las omisiones de las grandes marcas

Aunque el reporte sobre robo salarial del Workers Rights Consortium sólo menciona a algunas marcas como Amazon, H&M, Inditex, Nike y Walmart, la organización sostiene que estos casos son consistentes con los documentados por otras organizaciones que han seguido de cerca la industria textil durante los últimos 15 años, casos en los que “prácticamente ha estado implicada cada gran marca o tienda minorista”.

La estrategia de las grandes marcas ha sido en buena medida refugiarse en los insuficientes marcos legales dispuestos en cada país para la defensa de los trabajadores. Otras más refrendan sus políticas de comercio justo, de revisión constante de proveedores, de auditorías externas a sus cadenas. Por ejemplo Nike, la marca mejor valuada en la industria, respondió al reporte de WRC asegurando que sus proveedores se habían apegado a los requerimientos locales. H&M destacó que monitorea continuamente que los salarios pagados a quienes fabrican sus prendas sean correctos.

Sin embargo, las descripciones idílicas en las páginas de responsabilidad corporativa de las empresas se estrellan frecuentemente con la realidad debido a diversos factores. Lo mismo sucede con las legislaciones endebles e instituciones de los países que albergan las maquiladoras textiles. ¿Podría ser de otra manera cuando el peso de una industria de 1,5 billones de dólares se cierne sobre países con un PIB mil veces más pequeño, como Myanmar u Honduras?

Además el centro del problema, según WRC, está en la contradicción existente entre las políticas de responsabilidad social de las empresas y su constante insistencia en minimizar los costos de producción.

“A pesar de su compromiso formal para requerir el pago de liquidaciones, las prácticas de compra de las marcas son una de las principales causas que contribuyen al robo de liquidaciones”, indica el reporte en relación a los escasos márgenes de utilidades que sus precios dictan, los cuales hacen imposible pensar en un fondo de contingencias u otros mecanismos que evitarían que los trabajadores salgan perdiendo ante una crisis, tal como ocurrió durante la pandemia. “La presión de los precios ejercida verticalmente por las marcas sobre sus proveedores es un factor causal clave en la prevalencia de abusos en la industria global de la confección”, agrega.

Un sistema roto e injusto

A lo largo de los distintos reportes y declaraciones de protagonistas de la industria, se puede leer la necesidad de un giro de 180 grados no sólo para enmendar los daños causados durante la pandemia, sino para revertir un curso con resultados muy magros en los años previos.

El principal obstáculo para lograr una industria humana es la asimetría de poder en la cadena, pues actualmente son las grandes marcas las que tienen la capacidad de imponer las condiciones a las maquilas y, por lo tanto, a sus precarizados obreros. En ocasiones, esto sucede en circunstancias casi monopólicas.

“Es un sistema roto porque hay tal desproporción de poder”, explicó uno de los entrevistados por la Universidad de Sheffield.

“El modelo de negocios subyacente en las cadenas de suministro es asimétrico, injusto, pone todo el riesgo en un solo punto, no es una distribución razonable del valor, apuntala las situaciones que vemos para proveedores y trabajadores”, indicó otro entrevistado. “Así que, sorpresa: cuando tienes algo sostenido por alfileres y le das una sacudida, se cae a pedazos”.

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Este reportaje fue cofinanciado por la National Geographic Society.

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