Aunque el gobierno mexicano celebra la modernización de sus acuerdos con la Unión Europea como un gran logro, el Parlamento Europeo prepara una resolución cargada de advertencias. Las enmiendas (317) endurecen el lenguaje sobre el narcotráfico, violencia contra periodistas, deterioro del Estado de derecho, reforma judicial y crisis de desaparecidos mientras que los socialistas europeos, aliados de Morena, suavizan críticas y resaltan afinidades políticas. El proceso de ratificación, que debe pasar por comisiones y luego por el pleno en julio, se perfila como un examen político que ventilará la corrupción y la narcopolítica en México.
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BRUSELAS.- Tras una década de negociaciones, las firmas del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial interino entre México y la Unión Europea (UE) por fin quedaron estampadas el pasado 22 de mayo, en una ceremonia que la presidenta Claudia Sheinbaum y las más altas autoridades europeas presentaron como “un nuevo capítulo en su asociación estratégica”.
Pero mientras los aplausos aún resonaban en Palacio Nacional de la Ciudad de México -donde se realizó la firma-, en los pasillos del Parlamento Europeo circulaban ya 317 enmiendas al borrador de resolución que debe acompañar la ratificación de los acuerdos: 181 páginas cargadas de cuestionamientos incómodos sobre la reforma judicial, narcotráfico, desaparecidos, impunidad y violencia en México.
Allí, en la llamada Eurocámara, 720 eurodiputados, distribuidos en ocho grupos políticos más un bloque de independientes, votarán el futuro de los acuerdos con México que actualizan el original del año 2000 (y lo mismo hará por su lado cada uno de los 27 Estados socios de la UE). Primero tendrán que pasar, en junio, por las comisiones europarlamentarias de Comercio Internacional y de Relaciones Exteriores.
Después de ello, y a la par de la votación definitiva para aprobar los acuerdos, programada para la sesión plenaria de julio, el Parlamento Europeo emitirá una resolución que fija su posición oficial y que servirá como instrumento de presión política sobre la Comisión Europea, que fue la institución que negoció directamente con México. Aunque también deja mal parada la imagen positiva que promueve el gobierno de Claudia Sheinbaum internacionalmente, además de mostrar las zonas de preocupación y crisis que complican la relación con las diferentes familias políticas europeas, más allá del festejo oficial por la modernización de los acuerdos.
Las reuniones entre los distintos grupos políticos para alcanzar una versión común de la resolución se encuentran actualmente en desarrollo. Según el programa oficial del Parlamento Europeo, un análisis de las enmiendas estaba previsto para el 21 de mayo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el resultado del proceso de negociación entre las distintas bancadas seguía siendo incierto, sin que se hubiera dado a conocer un acuerdo definitivo sobre la versión final de la resolución.
Críticas de izquierda
El borrador de dicha resolución fue redactado por dos eurodiputados españoles de las bancadas mayoritarias: Javier López, del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), y Borja Giménez, del Partido Popular Europeo (PPE). La importancia del documento radica en que todos los grupos -de extrema derecha a izquierda radical- tuvieron oportunidad de incorporar sus observaciones y plantear enmiendas a su contenido.
En ellas, las críticas no provienen únicamente de la derecha.
Por ejemplo, eurodiputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, encabezados por la francesa Manon Aubry, legisladora del partido Francia Insumisa, piden añadir al borrador que, a pesar de los avances estadísticos en reducción de pobreza que cita el texto, “la desigualdad sigue estando profundamente arraigada en el país, con alrededor del 40% de la riqueza nacional en manos del uno por ciento”.
Uno de los principales dirigentes de Francia Insumisa es Jean-Luc Mélenchon, que mantiene una estrecha cercanía política e ideológica con Andrés Manuel López Obrador, quien incluso se ha referido públicamente a él como su “amigo”. Los eurodiputados de ese partido galo se abstuvieron de criticar al gobierno de López Obrador por la situación de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en México en una resolución de marzo de 2022.
Izquierda Unitaria, el grupo al que pertenece Francia Insumisa, tampoco es tan optimista en los resultados económicos que promete arrojar el nuevo acuerdo, con el que México proyecta aumentar sus exportaciones a los países europeos 50% para 2030, así como las inversiones provenientes de ese lado del Atlántico.
La eurodiputada Manon y otros miembros de su grupo proponen consignar en la resolución que el acuerdo tendrá “efectos limitados en los salarios” y que es “poco probable que reduzca de forma significativa la desigualdad y la pobreza”. Como base, citan una evaluación según la cual el acuerdo comercial en vigencia generó un incremento del PIB de apenas 0.34% para México y de 0.01% para los europeos.
Todo ello, acusan, en un contexto en el que empresas transnacionales, entre ellas algunas europeas, que operan “con una impunidad generalizada debido a una aplicación deficiente de las leyes”, “se han vinculado a graves violaciones a derechos humanos y medioambientales”, por lo que “sigue preocupando la aplicación efectiva en la práctica” de la llamada “cláusula democrática”, que obliga a ambas partes a respetar los derechos fundamentales y los principios democráticos como “elementos esenciales del acuerdo”.
Diana Riba y Ana Cavazzini, integrantes de Los Verdes/Alianza Libre Europea, un grupo que en México se ha enfocado en la defensa de los derechos humanos, y que ha incomodado a diferentes gobiernos mexicanos, presentaron enmiendas que, entre otros temas, apuntan a dos flancos críticos: por un lado, lamentan que el Acuerdo de París de la ONU, para limitar el calentamiento global, no sea un elemento esencial del acuerdo, y que el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible -incluidas las disposiciones laborales- quede fuera del mecanismo general de resolución de litigios, lo que lo convierte en letra muerta ante un eventual incumplimiento.
Por otro, cuestionan el sistema de protección a inversores: advierten que conceptos como “trato justo y equitativo” o “expropiación indirecta” del acuerdo otorgan un margen de interpretación excesivo a los árbitros del sistema de tribunales de inversiones, quienes además serían remunerados caso por caso y no estarían obligados a considerar las leyes de interés público. El resultado, alertan en una enmienda, es un acuerdo que permite proteger inversiones en combustibles fósiles y actividades medioambientalmente dañinas, en abierta contradicción con los objetivos climáticos de la propia UE.
El narco, en el centro
Entre los párrafos que mayor número de enmiendas concentraron se encuentran los que aluden al crimen organizado y al narcotráfico. El considerando O del borrador tiene ya un tono crítico: señala que “el 94.8% de los delitos conocidos siguen sin resolverse y más de 125 mil personas siguen desaparecidas, lo que erosiona aún más la confianza institucional”. Para los grupos de derecha, sin embargo, ese lenguaje se quedó corto.
En la enmienda 79, por citar un caso, miembros del grupo ultraderechista Patriotas por Europa proponen sustituir la frase de que México enfrenta “retos graves y prolongados” por la afirmación de que el país “sigue enfrentándose a una situación extremadamente grave en materia de seguridad y Estado de derecho”. Agregan que ello “revela graves deficiencias en el funcionamiento de las instituciones públicas y en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.
La enmienda 96 va más lejos. Coordinada por Hermann Tertsch, del partido español Vox, ese mismo grupo propone un apartado nuevo que hace referencia explícita a “los vínculos entre el partido Morena de México y los cárteles regionales de la droga, a fin de garantizar la influencia electoral o la clemencia judicial”.
Por otro lado, la bancada de Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), a través del eurodiputado finlandés Sebastian Tynkkynen, consideró que la cifra de desaparecidos merece que el parlamento subraye que “constituye una situación absolutamente insoportable”.
Uno de sus correligionarios, el griego Emmanouil Fragkos, incorporó un apartado considerando que “los cárteles mexicanos han integrado el tráfico de fentanilo en un sistema delictivo más amplio que también incluye la extorsión, la trata ilícita de migrantes y el control de las cadenas de suministro agrícolas”.
También desde el grupo liberal Renew, los eurodiputados Urmas Paet, de Estonia, y Dan Barna, de Rumania, pidieron utilizar palabras más claras, por lo que redactaron un nuevo párrafo que describe “la profunda preocupación por el deterioro de los derechos humanos en México, reflejado en el el asesinato de periodistas y defensores, la impunidad generalizada, el uso excesivo de la fuerza y la connivencia entre funcionarios y cárteles”.
Uno de los datos más notorios del proceso es que el propio Borja Giménez, coautor del borrador original, presentó enmiendas que endurecen su propio texto. Propone que la crisis de desaparecidos sea calificada como “motivo de preocupación urgente”, que el deterioro de la seguridad “crea obstáculos para el comercio y la inversión” y “aumenta la inseguridad jurídica”, y que se destaque “la alarmante alza sostenida de los casos de extorsión”.
Giménez propone también subrayar que la impunidad estructural provoca “el socavamiento del Estado de derecho, los derechos humanos y la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia”, entre otros aspectos igualmente dramáticos.
Socialistas, testigos mudos
Los socialistas europeos aparecen poco en la batalla de enmiendas. Mientras otros grupos parlamentarios presentaron modificaciones sustantivas para reforzar las garantías democráticas, el Estado de Derecho o los derechos de los pueblos indígenas sobre los corporativos, el grupo socialista apenas dejó huella en el texto, y cuando lo hizo, fue para suavizar críticas o, directamente, para resaltar acciones del partido gobernante mexicano.
Un ejemplo revelador es la enmienda presentada por Borja Giménez y Juan Ignacio Zoido en el considerando H, donde ambos proponen que el Parlamento Europeo considere un párrafo adicional al del borrador que afirma que México “se ajusta a los objetivos de la UE en la promoción de las reformas sociales”. En el nuevo proponen mencionar que “las recientes reformas constitucionales en México, incluida la elección popular de jueces y otros funcionarios judiciales, suscitan serias preocupaciones en relación con la preservación de la independencia judicial, la separación de poderes y la integridad del Estado de Derecho”.
Sin embargo, el detalle más significativo no está en lo que propusieron añadir, sino en el peso de las nuevas formulaciones. Un ejemplo es el considerando M, relativo al sector energético del acuerdo, que no pudo concretarse por las reformas del anterior gobierno obradorista que desconoció compromisos adquiridos con las compañías europeas. En una enmienda, Giménez solicitó usar la expresión “se debería haber añadido” en lugar de “habría sido preferible” del borrador, una distinción aparentemente menor pero que delata que el fraseo original -más tibio, más diplomático- provenía del propio grupo socialista.
Muchas enmiendas socialistas se orientaron en una dirección muy distinta al del resto de los grupos. Algunos ejemplos: elogiar la posición de México en la Organización de Estados Americanos en defensa del derecho internacional, destacar la importancia geopolítica de la asociación con México en un contexto de “ataques de actores iliberales”, o aplaudir la reforma de la Ley de Seguridad Pública mexicana. Nada que incomodara al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación.
Este alineamiento no es casual. Tiene una historia documentada. El 27 de febrero de 2020, la eurodiputada española Iratxe García, presidenta del grupo S&D en el Parlamento Europeo, firmó un memorando de entendimiento con el grupo parlamentario de Morena en el Senado mexicano. Viajó a México acompañada de Javier López, el ponente del borrador de resolución, y se reunió con figuras clave del gobierno de López Obrador: la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, la de Economía Graciela Márquez Colín y la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “Hemos firmado hoy este memorando de entendimiento para establecer un marco en el que nuestros grupos parlamentarios podamos seguir compartiendo preocupaciones, intercambiando buenas prácticas y trabajando juntos por una agenda progresista global”, declaró Iratxe García en aquella ocasión.
El vínculo se estrechó aún más el 29 de agosto de 2024, cuando Morena y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), integrante del grupo S&D, en donde tiene una influencia decisiva en las relaciones de la Eurocámara con América Latina, formalizaron un convenio de colaboración -bautizado como “Convenio para la formación, la organización y la solidaridad”- con el objetivo explícito de “impulsar políticas progresistas y frenar a la ultraderecha a ambos lados del Atlántico”. “Con el PSOE nos unen los ideales progresistas y, sobre todo, el estar en contra de la estrategia que tiene la ultraderecha en el mundo”, resumió Mario Delgado, en ese momento presidente de Morena.
El corolario de esa alianza política llegó el 18 de abril último, cuando Sheinbaum acudió a Barcelona para participar en la IV cumbre “En defensa de la democracia” (o cumbre anti-Trump, como se dio a llamar popularmente) convocada por el presidente socialista Pedro Sánchez y a cuyo encuentro asistieron también Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric, entre otros líderes latinoamericanos.
Varias fuentes consultadas por Proceso reconocen que los eurodiputados socialistas españoles han llegado a un estado de “autocensura” para evitar expresar cualquier crítica -o incluso la apariencia de ella- hacia el gobierno de Morena. “Han llegado a niveles ridículos, porque ni siquiera lo piden los mexicanos”, señaló un funcionario europarlamentario a condición de guardar el anonimato.
