La Unión Europea (UE) reconoce una dificultad que puede convertirse en un obstáculo para los profesionales mexicanos que buscan trabajar en Europa: “construir confianza” en las cualificaciones y títulos obtenidos en México. En un informe de trabajo presentado el pasado 15 de septiembre por la Comisión Europea, México aparece expresamente, junto con India, Brasil y Filipinas, entre los países donde los Estados miembros consideran que existe una dificultad “estructural” para generar esa confianza al verificar la autenticidad y fiabilidad de los documentos profesionales.
Lo anterior a pesar de que el reciente Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre México y la UE introduce un acuerdo formal de reconocimiento para facilitar que los profesionales obtengan validez oficial de sus títulos, certificados y grados académicos. Ese acuerdo no es válido para ejercer profesiones reguladas en la UE -como doctores, enfermeras o electricistas-, por lo que los profesionales mexicanos de muchos sectores deben cumplir con los estrictos procedimientos específicos y normativas locales vigentes en cada país.
La afirmación sobre México forma parte de un diagnóstico más amplio de la Comisión Europea sobre el reconocimiento de las cualificaciones de nacionales de terceros países. El documento, un informe de evaluación de impacto realizado por expertos de la institución, acompaña una propuesta de directiva que intenta agilizar el tedioso y muchas veces frustrante proceso de reconocimiento en Europa de las cualificaciones de ciudadanos de terceros países.
La dificultad cobra en general especial relevancia en sectores regulados donde Europa enfrenta escasez de trabajadores, entre ellos salud, tecnologías de la información, construcción y transporte. El sector sanitario concentra buena parte de los problemas analizados. El documento señala que existen carencias de profesionales de enfermería y médicos especialistas en una amplia mayoría de los países de la UE. Así, casi la mitad (46.8%) del total de los solicitantes de reconocimiento de cualificaciones incluidos en los datos examinados por la Comisión Europea tenía formación relacionada con la salud.
Evaluar una formación extranjera no consiste únicamente en comprobar que un diploma es auténtico, indica el documento; también exige a las autoridades europeas entender cómo encajan la educación, la capacitación profesional y la experiencia adquiridas en otro país con los requisitos nacionales de cada Estado miembro. Cuando ese conocimiento es limitado, las autoridades pueden aplicar procedimientos más cautelosos, mientras que los empleadores pueden mostrarse reticentes a contratar candidatos potencialmente cualificados de países con documentos no confiables.
Para empezar, el problema, según el análisis de Bruselas, es parte de un sistema europeo de reconocimiento fragmentado que afecta a los nacionales de terceros países. Las reglas y procedimientos cambian entre los Estados miembros y, en muchos casos, la información está repartida entre distintas autoridades. Para los solicitantes, esto se traduce en trámites largos, costosos y poco previsibles.
La Comisión estima que una solicitud de reconocimiento puede tener un costo medio cercano a 1.500 euros (30,000 pesos aproximadamente) y prolongarse, en promedio, poco más de 14 meses. Siete de cada diez nacionales de terceros países consultados para el informe consideran que la duración del procedimiento constituye un problema “grande” o “muy grande”.
La dimensión laboral del problema es considerable. En 2025 había alrededor de 12.8 millones de nacionales de terceros países empleados en la UE, equivalentes al 6.4% del total de personas ocupadas (en 2020 eran 8.7 millones). Sin embargo, los trabajadores extranjeros presentan una tasa de sobrecualificación (cuando una persona tiene más formación o experiencia para el trabajo que solicita o ejerce) considerablemente mayor: 39.8%, frente al 20.8% entre los trabajadores europeos.
El informe da cuenta de las consecuencias: “La construcción, el alojamiento, los servicios de alimentación, la atención sanitaria y la manufactura son los sectores más expuestos al empleo ilegal de nacionales de terceros países. El sector de los cuidados de salud es particularmente significativo, con unos 6.8 millones de trabajadores no declarados en toda la UE, entre los que las enfermeras y los profesionales de la atención calificados procedentes de terceros países están representados de manera desproporcionada”.
Y agrega: “Más allá de las consecuencias económicas, la persistencia de la sobrecualificación y la inactividad prolongada durante los procedimientos de reconocimiento debilita la independencia económica de los nacionales de terceros países, aumenta la dependencia de la asistencia social y crea distancia entre los nacionales de terceros países y las comunidades en las que residen”.
El propio documento identifica indicios de que reconocer las cualificaciones puede mejorar la integración laboral. Entre los trabajadores con estudios superiores, la participación laboral alcanza el 81% cuando sus cualificaciones han sido reconocidas, frente al 74% entre quienes no cuentan con ese reconocimiento.
Ante este escenario, la Comisión plantea una reforma para hacer más claros, previsibles y digitales los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones de nacionales de terceros países. La iniciativa busca facilitar que las capacidades adquiridas fuera de la UE puedan ser comprendidas y aprovechadas dentro del mercado laboral europeo.
El documento deja, sin embargo, una precisión importante: la propuesta no pretende decidir cuántas personas admite cada Estado miembro ni modificar sus políticas migratorias. Los países conservarían la competencia para establecer las condiciones de entrada, los volúmenes de migración y las profesiones que regulan. El objetivo es actuar sobre el reconocimiento de las cualificaciones cuando un trabajador extranjero busca acceder al mercado laboral europeo.
