El presidente Andrés Manuel López Obrador generó una nueva polémica diplomática al tildar de “borregos” e “injerencistas” a los diputados del Parlamento Europeo que, en una resolución de urgencia, cuestionaron a su gobierno por soslayar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos. El posicionamiento europeo, que no es nuevo, tuvo un apoyo aplastante de los grupos políticos de derecha e izquierda y sólo algunos radicales decidieron no aprobarla. Mientras tanto, Armando Linares se convirtió este 15 de marzo en el octavo periodista asesinado en México en lo que va del año…
BRUSELAS, Bélgica.- La resolución “de urgencia” del Parlamento Europeo, que el pasado 10 de marzo criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la falta de mecanismos eficaces para proteger a los periodistas y activistas de derechos humanos, fue adoptada sin el apoyo de gran parte de la extrema derechani de la izquierda simpatizante del régimen venezolano.
De acuerdo con los registros oficiales de la votación, 89% de los eurodiputados (607 de 682) aprobaron dicha resolución “conjunta”. Su autoría la asumieron cinco de los siete grupos políticos que componen el Parlamento Europeo, como no había pasado en los últimos 20 años con relación a temas mexicanos.
Se trata de los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Renew Europe (liberales), los Verdes/Alianza Libre Europea -que en ese orden son los más grandes- y Conservadores y Reformistas Europeos (CRE) -el sexto en importancia-. Todos sus legisladores votaron por el “sí” a la resolución, salvo tres conservadores holandeses que se abstuvieron.
Entre otras acusaciones, López Obrador calificó de “injerencistas” a los eurodiputados en un comunicado de prensa publicado la noche del mismo 10 de marzo, en el que también los tildó de “borregos” porque en su opinión quienes aprobaron el documento se habrían así sumado a una “estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”, el nombre que él mismo ha dado al movimiento político y social alineado con su gobierno.
Quienes no tendrían que sentirse aludidos con los descalificativos del presidente mexicano son los 75 eurodiputados (11% de los votos) que no aprobaron ese texto o que se abstuvieron.
¿Quiénes son ellos y a qué orientaciones ideológicas obedecen?
Los dos que la rechazaron son el checo Ivan David, quien fue ministro de Salud de su país, y el holandés Marcel De Graaf, que presidió el grupo entre 2015 y 2019 (cuando se llamaba Europa de las Naciones y las Libertades). Ambos provienen del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia, que, como todos los partidos de su mismo signo político, defiende posiciones ultranacionalistas,
De Graaf, que hasta hace tres años presidió su grupo, fue multado en 2015 con 1,500 euros por votar varias veces a nombre de su entonces compañera de partido y líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen, y votó contra la resolución que condenó a Rusia por su invasión de Ucrania el pasado 2 de marzo.
Underground preguntó por escrito a ambos eurodiputados -a través de sus correos institucionales- los motivos de su voto en contra, pero hasta este 16 de marzo no habían respondido.
Ahora bien, de las 73 abstenciones, 37 proceden de eurodiputados de este mismo grupo, Identidad y Democracia, y otras 10 de miembros que no pertenecen a ninguna bancada y que individualmente se identifican como No Inscritos. Entre ellos hay cuatro eurodiputados del partido de extrema derecha francesa Agrupación Nacional (Gilbert Collard, Jerôme Rivère, Maxette Pirbakas y Nicolas Bay), y tres más tienen incluso orígenes neonazis, como es el caso de el eurodiputado griego Ioannis Lagos (que militó en Aura Dorada, declarada ilegal por la justicia de aquel país), el eslovaco Milan Uhrík, y el alemán Martin Buschmann.
En un espacio ideológico diferente, otras dos abstenciones de los No Inscritosfueron las de Kostas Papadakis y Lefteris Nikolaou, compañeros en el Partido Comunista griego.
Se abstuvieron igualmente 23 de los 39 eurodiputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (conocido como La Izquierda desde enero de 2021), el más pequeño del Parlamento Europeo. Entre ellos se encuentran cuatro eurodiputados del partido Francia Insumisa, cuyo dirigente nacional, Jean-Luc Mélenchon, es un político muy cercano a López Obrador. A él se ha referido como “un símbolo de cambio fundamental”. Así votaron también los seis miembros españoles de Podemos y de Anticapitalistas, que suelen defender en el Parlamento Europeo a la llamada “izquierda bolivariana”.
En el cotejo de votos que realizó Underground algo llama la atención: 11 de los 13 eurodiputados que el pasado 2 de marzo votaron contra la resolución del Parlamento Europeo que condenó la invasión rusa de Ucrania, tampoco aprobaron la de los asesinatos de periodistas mexicanos.
Uno de ellos fue el español Miguel Urbán Crespo, autor de la propuesta de resolución de La Izquierda. A través de una asistente, Urbán mandó decir a este corresponsal que, “por motivos de agenda”, no podía estar disponible para explicar su abstención.
Negociaciones
Resoluciones “de urgencia” como la de los periodistas mexicanos son textos comunes en el Parlamento Europeo. Para cada sesión plenaria mensual se eligen tres situaciones en las que peligran los derechos humanos, la democracia o el Estado de derecho fuera de la UE, y éstas son debatidas públicamente antes de someter a voto una resolución final que es resultado de una negociación abierta a todos los grupos políticos.
Un tema sólo puede ser tomado por el Parlamento Europeo una vez que así se decide en una reunión entre “coordinadores” de todas las bancadas. Es ahí donde “pelean” sus proposiciones. El caso de la violencia contra los periodistas mexicanos ya lo habían intentado llevar desde 2017 (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto) las fracciones de izquierda, pero el grupo del PPE -apoyado por sus aliados de derecha- se negó (ver más adelante). Por eso ahora, cuando los periodistas asesinados alcanzaron la impresionante cifra de siete en lo que va del año –Armando Linares, el octavo, ultimado este 15 de marzo–, derecha e izquierda decidieron en conjunto posicionarse “urgentemente” a través de una resolución.
Los grupos minoritarios acusan que la selección y la dureza en el contenido de esas resoluciones se determinan en función de los intereses de las dos bancadas mayoritarias y que, por ejemplo, los populares las instrumentalizan para “golpear” a regímenes como Cuba o Venezuela y no a México o Colombia.
Esta ocasión, sin embargo, el apoyo a la resolución del 10 de marzo fue abrumador tanto en la derecha como en la izquierda.
Underground pudo hablar con algunas fuentes implicadas en las negociaciones y cotejó las propuestas de resolución (o borradores) que entregó cada una de las fracciones europarlamentarias.
Las fuentes consultadas coinciden en que las negociaciones no fueron difíciles porque había un amplio consenso entre la mayor parte de los grupos. Tan fue así que no se presentó ni una sola enmienda al texto final para someter a votación, lo que al menos hubiera dejado constancia de inconformidades. Otra señal en ese sentido es que 16 de los 39 votos de La Izquierda fueron aprobatorios.
“(López Obrador) puede tener razón en algunos aspectos de su comunicado, pero eso no lo libra de la responsabilidad de sus acciones (contra la prensa crítica y los activistas de derechos humanos)”, comentó informalmente a este medio una eurodiputada nórdica que apoyó el texto.
Los socialistas (S&D) tenían como “línea roja” que no fuera nombrado López Obrador en ninguna parte del documento para “cuidar las formas diplomáticas”. Su negociadora, la eurodiputada española Inma Rodríguez-Piñera, acordó con el del PPE, el eurodiputado también español (de origen venezolano) Leopoldo López Gil, que así fuera (el borrador del PPE contenía cuatro veces su nombre).
Sin embargo, el negociador de Renew, el rumano Nicolae Stefanuta, consiguió que “al menos” una vez fuera mencionado el nombre del presidente. Los socialistas -que en febrero de 2020 firmaron un memorando de entendimiento y cooperación con los senadores de Morena– intentaron evitarlo pero al final tuvieron que aceptar. “El problema es tan grande y evidente que no podían decir que no”, cuenta una fuente.
El párrafo de la resolución donde es mencionado López Obrador aparece en la propuesta de resolución del PPE. El considerando “D” señala que “el presidente López Obrador ha usado frecuentemente una retórica populista en sus conferencias diarias de prensa para denigrar e intimidar periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas”, y que tal “retórica de abuso y estigmatización genera una atmósfera de incesante encarnizamiento hacia los periodistas independientes”.
No obstante, la denuncia a los ataques verbales del presidente en sus conferencias matutinas también está señalada en los borradores de Renew, los Verdes y los conservadores.
En otra línea se mencionan las “dudas” sobre “la estabilidad del Estado de derechoy la certeza legal” a causa de las reformas a los sistemas electoral y judicial“iniciadas por la administración de López Obrador”. Esa parte fue retomada de la propuesta de los populares.
En el resto del documento -por “diplomacia parlamentaria”, dice un consejero consultado- se hacen referencias a “altas autoridades”, “gobierno mexicano” o simplemente “autoridades mexicanas”, y ya no directamente al jefe del Ejecutivo.
En las negociaciones también rondaba fuertemente otro temor: que la oposición al acuerdo comercial de algunos grupos terminara contaminando la resolución y afectara el proceso de actualización del mencionado tratado, el cual está en su última etapa. Por eso, finalmente quedó fuera del documento adoptado la “preocupación” europea por la reforma energética de López Obrador o el recordatorio de que el acuerdo dispone de una cláusula de suspensión -que contenía el borrador del grupo del PPE-, así como la petición de los Verdes de establecer en el mismo acuerdo “mecanismos de sanciones” para las compañías europeas y mexicanas que incumplan los derechos humanos. Las demás menciones al acuerdo México-UE se dan en en términos constructivos.
Renew y los Verdes presionaron mucho para introducir el máximo de sus proposiciones. Éstos últimos lograron meter una mención al escándalo de espionaje estatal contra periodistas y activistas con el sistema israelí Pegasus, o el recordatorio al gobierno de AMLO de que en noviembre de 2020 ratificó el Acuerdo de Escazú, que incluye el reforzamiento de la protección a los defensores del medio ambiente.
Muchos otros aspectos que hubieran endurecido el texto aprobado fueron desechados, como el tema de la militarización en curso que proponían socialistas y verdes, la exigencia también de los Verdes de no reprimir las marchas feministas y que el Estado mexicano pusiera particular atención a la seguridad de los activistas de comunidades indígenas, o un párrafo de los conservadores en que se afirmaba que “la raíz de la violencia” contra los periodistas provenía de la “creciente colusión entre círculos oficiales y cárteles del narcotráfico”.
Sin embargo, de acuerdo con uno de los entrevistados, tampoco prosperó en las negociaciones la idea atribuida a los populares de que se incluyera una felicitación al gobierno de López Obrador por su condena al ataque de Rusia a Ucrania durante la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 25 de febrero.
Una larga observación europarlamentaria
Al menos desde 2017 el Parlamento Europeo intentaba presentar una resolución como la que se adoptó el pasado 10 de marzo. El 17 de mayo de 2017 -dos días después del asesinato en Culiacán, Sinaloa, de Javier Valdéz– los socialistas anunciaron a través de su entonces eurodiputado Ramón Jáuregui que ellos promoverían una resolución de urgencia “sobre los crímenes contra los periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en México”.
Junto con los Verdes y el entonces Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, los socialistas intentaron que se discutiera la resolución, pero el grupo del PPE -apoyado por conservadores y la extrema derecha– bloqueó esa posibilidad alegando primero mucha carga de trabajo y luego la molestia que podía ocasionar en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, con el que la Unión Europea había comenzado a negociar la modernización del acuerdo bilateral.
La urgencia de tratar el tema provocó que en mayo de 2019 el eurodiputado verde Josep-María Terricabras promoviera un programa en el que cinco periodistas mexicanos amenazados -y seleccionados por la organización Artículo 19– pudieran estar bajo la vigilancia de seis eurodiputados socialistas, verdes y de Izquierda Unitaria con el propósito de ofrecerles una especie de “blindaje internacional”. La pandemia frenó el proceso para su renovación.
En su respuesta a la resolución del Parlamento Europeo, el presidente mexicano asevera:
“El Estado (mexicano) no viola los derechos humanos, como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”.
AMLO se equivoca porque la situación de los derechos humanos en México no ha sido ajena al trabajo internacional europarlamentario. De hecho, existe una delegación interna con México (oficialmente Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México), que en tiempos normales ha permitido encontrarse a legisladores de ambas partes en foros de trabajo, una vez en Europa y otra en México cada año, en los que se discute ese tema.
En la misma materia, el Parlamento Europeo también ha generado muchas “preguntas parlamentarias” dirigidas a las autoridades europeas sobre casos particulares, organizado audiencias con presencia de víctimas y activistas, publicado informes y documentos de opinión y recomendaciones, sostenido diálogos oficiales con legisladores de nuestro país o suscrito memorandos de cooperación… y ha emitido resoluciones, que son resultado de las negociaciones entre facciones políticas con distintos intereses e ideologías. Estas son las que ha emitido en los últimos sexenios:
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El 11 de octubre de 2007, después de siete meses de tensas negociaciones, aprobó una resolución en la que denunció la ineficacia del gobierno mexicano (arrancaba el de Felipe Calderón) para solucionar y prevenir los feminicidios en el país. Sin embargo, la resolución -cuyo ponente fue el eurodiputado verde Raúl Römeva– fue objeto de 101 enmiendas que suavizaron su contenido.
- El 12 de marzo de 2010 adoptó, con carácter de “urgente”, una resoluciónque criticó el incremento de las violaciones a los derechos humanos en México, como resultado de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Calderón. En la versión original de dicha resolución el Ejército mexicano era acusado, junto con el narcotráfico, de cometer tales violaciones, pero esa referencia fue eliminada de la resolución final luego de un proceso de negociaciones entre los grupos políticos del Parlamento Europeo.
- El 23 de octubre de 2014 aprobó una resolución conjunta sobre las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, pero omitió cuestionar la responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto. El documento fue adoptado por socialistas, populares, liberales y conservadores. Al considerar que el contenido general de la resolución presentaba al gobierno mexicano como víctima del narcotráfico y que soslayaba el contexto de crisis de derechos humanos que existe en el país, los verdes e Izquierda Unitaria declinaron firmar el documento y emitieron su propia resolución. En ella respaldaron que la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya examinara los crímenes perpetrados en México, que se interrumpiera el proceso de modernización del Acuerdo Global México-UE y que se suspendieran los acuerdos de seguridad y la cooperación en armamento con México “hasta que se restablezca el Estado de derecho en todo el territorio mexicano”.
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