La activista indígena y desplazada guerrerense María de Jesús Natalia presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una “comunicación” formal para denunciar presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al grupo criminal conocido como Los Ardillos, así como la supuesta complicidad de actores políticos y autoridades locales en la violencia que azota la región de la Montaña Baja de Guerrero.
La denuncia fue presentada en La Haya, Países Bajos, donde se encuentra la sede del máximo tribunal internacional encargado de investigar casos de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en medio de una escalada de violencia que ha provocado desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en municipios como Chilapa y José Joaquín de Herrera.
Durante su pronunciamiento, María de Jesús Natalia aseguró que la situación en Guerrero “ha rebasado todos los límites”, al denunciar que comunidades enteras han sido obligadas a abandonar sus hogares por la acción de grupos armados. La activista afirmó que miles de indígenas viven bajo amenazas permanentes y que denunciar estos hechos dentro de México representa un riesgo mortal para las víctimas y defensores comunitarios.
La “comunicación” presentada ante la fiscalía de la CPI busca que los hechos ocurridos en Guerrero sean analizados como posibles crímenes de lesa humanidad, figura jurídica contemplada en el Estatuto de Roma, que ratificó México en octubre de 2005 durante el gobierno de Vicente Fox, para castigar ataques sistemáticos contra la población civil. En su mensaje, la activista sostuvo que existen “pueblos fantasmas”, familias desplazadas y jóvenes obligados por la violencia a integrarse a grupos criminales o abandonar sus comunidades.
La presentación de esta comunicación ocurre después de recientes operativos de fuerzas federales y estatales en Chilapa, donde se reportaron enfrentamientos armados y el desplazamiento de decenas de familias. La crisis de seguridad en la región ha sido denunciada por organizaciones civiles desde hace varios años, aunque pocas investigaciones han derivado en procesos judiciales firmes.
Especialistas en derecho internacional recuerdan que la CPI recibe miles de comunicaciones de víctimas, organizaciones y defensores de derechos humanos; sin embargo, sólo una pequeña parte avanza hacia investigaciones formales. Aun así, la presentación de denuncias internacionales suele convertirse en un mecanismo de presión política y visibilización internacional de conflictos internos.
La activista cerró su mensaje con un llamado a la comunidad internacional para intervenir y observar la crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas de Guerrero. “No vengo sólo a denunciar; vengo a pedirle al mundo que deje de ser espectador de nuestro dolor”, expresó desde La Haya.
“Denuncio a Los Ardillos y a quienes pactan con ellos, incluida la gobernadora Evelyn Salgado, por la muerte, desaparición y desplazamiento”, afirmó la activista.
Además de su posicionamiento público en La Haya, María de Jesús Natalia difundió en su cuenta de X fragmentos del documento entregado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en los que describe un escenario de violencia sistemática contra comunidades indígenas de Guerrero. En uno de los extractos compartidos, la activista sostiene que “las agresiones contra la población civil no son hechos aislados, sino una práctica permanente de control territorial mediante asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y terror comunitario”.
En otro apartado del documento, la denunciante afirma que las comunidades de la Montaña Baja viven “bajo un régimen de miedo impuesto por grupos armados que actúan con tolerancia, protección u omisión de autoridades locales”. El texto agrega que numerosas familias “han abandonado sus hogares para salvar la vida, dejando cosechas, animales y patrimonio comunitario”. Estas publicaciones fueron acompañadas por imágenes de su llegada a La Haya y fotografías del expediente entregado ante la CPI.
La activista también publicó una frase que sintetiza el espíritu de la denuncia internacional: “Venimos desde las montañas de Guerrero para pedir justicia donde todavía existan oídos para escuchar a los pueblos indígenas”. En otro mensaje difundido en X escribió que “el silencio institucional en México ha permitido que continúe la violencia contra nuestras comunidades”, razón por la que decidió acudir a instancias internacionales.
Dentro de los fragmentos difundidos en redes sociales, María de Jesús Natalia señala que la comunicación presentada documenta “patrones de desplazamiento forzado, ataques armados contra comunidades y desapariciones cometidas de manera reiterada durante varios años”. El documento sostiene además que las víctimas pertenecen principalmente a pueblos originarios y zonas rurales históricamente marginadas.
Uno de los párrafos más duros compartidos por la activista advierte que “en Guerrero existen pueblos vacíos y comunidades sitiadas por el crimen”, mientras acusa que la población civil “ha quedado atrapada entre intereses criminales y complicidades políticas”. La denunciante argumenta que estos hechos deben analizarse bajo los estándares internacionales de crímenes de lesa humanidad debido a su carácter sistemático y generalizado.
Las publicaciones en X generaron reacciones de organizaciones civiles, colectivos de desplazados y defensores de derechos humanos, quienes respaldaron la decisión de llevar el caso ante organismos internacionales. Diversos usuarios compartieron mensajes de solidaridad y exigieron la intervención de instancias federales para atender la crisis humanitaria en la región de Chilapa y la Montaña Baja de Guerrero.
