Izquierda y derecha europea cuestionan a México por derechos humanos

Diecisiete eurodiputados de izquierda cuestionan a la Comisión Europea por la violencia contra pueblos indígenas en México, mientras una representante de la derecha denuncia amenazas a la libertad de prensa bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Sesión Plenaria del Parlamento Europeo (octubre 2026). Foto: Parlamento Europeo

BRUSELAS.- El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores del Parlamento Europeo, tanto de izquierda como de derecha, por la situación de los derechos humanos, la libertad de prensa y el Estado de derecho en el país.

Dos preguntas escritas dirigidas a la Comisión Europea -la institución de la Unión Europea que gestiona las relaciones con México- ponen sobre la mesa casos distintos: una, firmada por 17 eurodiputados de grupos de izquierda, denuncia violencia y criminalización contra pueblos indígenas y defensores del territorio en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; la otra, presentada por la eurodiputada española Dolors Montserrat, del Partido Popular Europeo (PPE), cuestiona el señalamiento acusatorio de periodistas por parte del régimen morenista así como las condiciones de la libertad de prensa en México.

La primera iniciativa fue presentada bajo el título “Los derechos de los pueblos indígenas y la violencia en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”. Los eurodiputados expresan su preocupación por las denuncias de ataques contra comunidades indígenas y personas defensoras de la tierra y el territorio en el marco del desarrollo del Corredor Interoceánico, uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador continuado por el de Claudia Sheinbaum. Busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria, puertos y polos de desarrollo industrial en el sureste del país.

La pregunta destaca por el número de legisladores y grupos políticos que decidieron respaldarla. Son 17 eurodiputados los que la suscriben, lo que refleja una participación poco habitual en una sola pregunta parlamentaria sobre México. También destaca que los firmantes provengan de los tres grupos de izquierda del Parlamento Europeo, principalmente del grupo La Izquierda, que ha mostrado su apoyo al partido Morena en otras ocasiones, además de los Verdes/Alianza Libre Europea e incluso un eurodiputado de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, grupo que firmó en 2020 un memorando de entendimiento con los senadores de Morena.

Los legisladores preguntan a la Comisión Europea qué medidas está adoptando para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de quienes defienden la tierra y el territorio. También quieren saber qué acciones puede emprender la UE ante los ataques, la violencia y la criminalización denunciados.

El Corredor Interoceánico ha generado oposición de comunidades y organizaciones indígenas. Organizaciones de derechos humanos han documentado amenazas, intimidaciones, agresiones, detenciones y procesos de criminalización contra personas que cuestionan distintos componentes del proyecto y sus efectos sobre sus territorios.

Entre los casos señalados se encuentra el de nueve defensores zapotecos de Santa María Mixtequilla, quienes fueron detenidos en enero de 2024 después de participar en protestas contra una zona de desarrollo vinculada con el Corredor. Las organizaciones que acompañan a las comunidades han denunciado un contexto de presión contra quienes se oponen a proyectos que consideran una amenaza para sus tierras.

La pregunta de los eurodiputados busca que la Comisión Europea explique también qué margen de actuación tiene frente a estas denuncias. El planteamiento pone en el centro la obligación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y la protección de quienes defienden sus territorios.

El segundo cuestionamiento procede de un sector político diferente. El 16 de septiembre, Dolors Montserrat, integrante del PPE, presentó una pregunta sobre “perfiles ideológicos de los periodistas, libertad de prensa y calidad democrática en México”.

Montserrat centra su reclamo en la elaboración, por parte de la consejería jurídica de la presidenta Sheinbaum, de informes sobre el llamado “ecosistema” digital en los que se identifica públicamente a periodistas y medios de comunicación críticos de las políticas gubernamentales.

La eurodiputada vincula esta práctica con la situación de la libertad de prensa en México y recuerda que el país se encuentra entre los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.

Su primera pregunta a la Comisión Europea es directa y hace referencia al proceso de aprobación en curso del recién firmado acuerdo modernizado entre México y la UE: “¿Es consciente la Comisión de que las autoridades mexicanas han elaborado informes sobre periodistas, incluida información sobre sus opiniones políticas, lo que constituye una violación del Estado de derecho y de la Ley Europea de Libertad de los Medios, y coincide con la negociación del Acuerdo Global modernizado entre la Unión Europea y México?”

Montserrat también pide a la Comisión evaluar “la evolución del Estado de derecho en México, especialmente a la luz de las reformas controvertidas que se están aprobando”.

Finalmente, pregunta “qué medidas está dispuesta a adoptar la Comisión en el marco de estas relaciones bilaterales”.

El planteamiento del PPE amplía el debate que existe en el Parlamento Europeo sobre el funcionamiento de las instituciones mexicanas. Montserrat relaciona sus preocupaciones sobre la prensa con las reformas impulsadas en México y sus posibles efectos sobre el Estado de derecho, la separación de poderes y la calidad democrática, lo que ya ha sido cuestionado en pasadas preguntas de eurodiputados conservadores.

Los dos expedientes abordan asuntos diferentes, pero colocan bajo escrutinio europeo la situación de quienes ejercen actividades críticas frente al poder. En el caso del Corredor Interoceánico que acusa la izquierda, son comunidades indígenas y defensores del territorio; en el planteamiento del PPE, periodistas y medios de comunicación.

Ahora corresponde a las autoridades de la Unión Europea responder. La Comisión deberá pronunciarse sobre los cuestionamientos de los eurodiputados y explicar qué información tiene sobre los casos planteados y qué medidas puede adoptar frente a las denuncias relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, la protección de defensores, la libertad de prensa y el Estado de derecho en México.

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