Francia recibió a 3,182 estudiantes mexicanos en el curso escolar 2022-2023, de acuerdo con cifras del Ministerio de la Educación de aquel país. Los establecimientos escolares franceses son actualmente el quinto destino preferido por los mexicanos que estudian en el extranjero, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Antes eran el tercero, detrás de aquellos de Estados Unidos y España, pero en los últimos años se han colado a esa lista los centros educativos de Canadá y Alemania. Es en ese contexto que la nueva y polémica ley de inmigración de Francia, propuesta por el gobierno de Emmanuel Macron y aprobada el 19 de diciembre pasado por la Asamblea Nacional en una versión más dura, afectará, entre otros, a la población estudiantil no europea. La edición francesa de The Conversation publicó el 10 de enero último un análisis sobre las erráticas políticas de Francia para atraer estudiantes altamente cualificados de fuera. Con la debida autorización, Underground Periodismo Internacional lo reproduce en español para sus lectores.
Por Hicham Jamid*
El 19 de diciembre de 2023, el Parlamento francés aprobó un proyecto de ley para “controlar la inmigración y mejorar la integración”. Mientras Gérald Darmanin, ministro del Interior y figura emblemática del proyecto de ley, se felicitaba por un texto que “protege a los franceses”, Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, veía en su adopción una “victoria ideológica de su movimiento”.
Una de las medidas que suscitó más reservas entre los diputados y el público en general se refería a los estudiantes extranjeros. Estos estudiantes deberán presentar una “garantía de retorno” para asegurarse de que abandonarán el país cuando finalice su curso y expire su permiso de residencia. Esta decisión confirma una obsesión de los últimos años, la del “falso” estudiante extranjero.
El punto de inflexión de los años setenta
Sin embargo, durante mucho tiempo Francia vio en la acogida de estudiantes extranjeros un medio eficaz de consolidar y promover su influencia económica y cultural. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la atracción de estudiantes de todo el mundo se consideró una cuestión política de primer orden.
Hubo que esperar hasta finales de los años setenta para que la política de atracción de estudiantes extranjeros a Francia experimentara un reajuste significativo. La política “generosa” y liberal hacia esta población se ha transformado en una política cada vez más restrictiva.
En diciembre de 1977, la “circular Bonnet”, seguida en diciembre de 1979 por el “decreto Imbert”, impuso a los estudiantes extranjeros que deseaban estudiar en Francia la obligación de obtener un certificado de preinscripción, demostrar que disponían de recursos económicos suficientes y superar un examen de lengua. La “circular Bonnet” introdujo la obligación para los estudiantes extranjeros de regresar a su país de origen tras la obtención del título y restringió la renovación de los permisos de residencia en caso de no aprobar los exámenes.
Como consecuencia de estas medidas restrictivas, el número de estudiantes extranjeros en Francia disminuyó considerablemente hasta mediados de los años noventa. El informe de Patrick Weil, elaborado en 1997 a petición de Lionel Jospin, fue el primero en alertar de esta situación. En este informe, Weil pedía al gobierno que revisara, entre otras cosas, su política de acogida de estudiantes extranjeros y formulaba una serie de recomendaciones para mejorar su situación. Algunas de estas recomendaciones se tuvieron en cuenta en la “ley Chevènement”, aprobada el 11 de marzo de 1998.
Una política de captación selectiva de estudiantes
Aunque la “ley Chevènement” supuso, en algunos aspectos, un avance en cuanto a la política de acogida de estudiantes extranjeros, su principal objetivo era servir a los intereses económicos de Francia. De hecho, la adopción de esta nueva política migratoria se produjo en un contexto internacional marcado por la incipiente mercantilización de la enseñanza superior y la competencia entre países para atraer a estudiantes, investigadores y trabajadores extranjeros altamente cualificados.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, la nueva política de acogida de estudiantes extranjeros se ha elaborado con dos objetivos:
“Mantener la posición de Francia en el mercado [internacional] de la educación, lo que implica una política activa de captación de estudiantes extranjeros y el mantenimiento de una política rigurosa de cierre frente a las formas ‘indeseables’ de inmigración”.
Estos cambios reflejan la doble visión de la nueva política migratoria francesa, que pretende captar a los mejores estudiantes extranjeros sin descuidar el “riesgo migratorio” que suponen los “malos” o “falsos” estudiantes, sospechosos de querer venir y quedarse en Francia por motivos ajenos a sus estudios.
Para disipar el “riesgo migratorio” y seleccionar mejor a los estudiantes extranjeros de sus países de origen, el Ministerio de Educación Nacional y Enseñanza Superior creó en 1998, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la agencia ÉduFrance, cuyo objetivo era “reforzar las herramientas institucionales de promoción de la enseñanza superior francesa en el extranjero”.
En 2005, ÉduFrance fue sustituida por los Centros de Estudios en Francia (CEF). Establecidos por las embajadas francesas en el extranjero, los CEF se crearon como un nuevo instrumento regulador para seleccionar mejor a los estudiantes extranjeros que deseaban proseguir sus estudios en Francia. Se introdujeron en un momento en que Francia avanzaba hacia la “inmigración selectiva”, obligando a los estudiantes a pasar por este sistema administrativo.
Cinco años más tarde, los CEF fueron sustituidos por la agencia Campus France. Desde 2010, esta agencia se encarga de gestionar la llegada a Francia de estudiantes extranjeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. Desde la creación de Campus France, los estudiantes extranjeros tienen que pasar por un maratón administrativo complejo y costoso para obtener un visado de estudios.
Estudiar en Francia: un presupuesto importante
No es la primera vez que los estudiantes extranjeros son objeto de medidas políticas restrictivas. En 2011, la “circular Guéant” fue enviada a los prefectos para reforzar los controles sobre el procedimiento de “cambio de estatus” (el paso del estatus de “estudiante” al de “empleado”) emprendido por los titulados extranjeros. La circular recordaba también a los prefectos que deben velar por que los estudiantes extranjeros titulares de un “permiso de residencia temporal” sólo acepten un empleo en Francia si éste “se inscribe en un proyecto de regreso a su país de origen”. Ampliamente contestada, esta circular fue derogada en 2012.
El 19 de noviembre de 2018, Édouard Philippe anunció la estrategia “Bienvenido a Francia” para atraer a más estudiantes extranjeros. ¿De qué manera? Entre otras cosas, multiplicando por 16 las tasas de matrícula para los estudiantes de países no pertenecientes a la Unión Europea. Mientras señalábamos que la estrategia “Bienvenido a Francia” era contraproducente, tras su validación por el Consejo de Estado en julio de 2020 y debido a la pandemia de Covid-19, el número de estudiantes extranjeros en los campus al inicio del año académico 2020-2021 se redujo en un 25% con respecto al año anterior.
Por supuesto, hoy en día, el número de estudiantes extranjeros que eligen estudiar en Francia está en alza tras un periodo de recesión.
Según Campus France, este aumento, de alrededor del 8% entre 2021 y 2022, se debe principalmente a la reanudación de la movilidad de intercambio (+46%) a través de Erasmus+, pero también al desarrollo de la movilidad de titulación (+6%). Además, si Francia mantiene su posición de 6º país más atractivo del mundo para los estudiantes con movilidad internacional, ello se debe en gran parte a los estudiantes procedentes del África subsahariana, África del Norte y Oriente Próximo. Éstos representan más del 50% de los estudiantes extranjeros matriculados en Francia (Campus France, 2023).
Hasta ahora, para obtener un visado, estos estudiantes tenían que demostrar que habían pagado más de 7.000 euros para cubrir los gastos de su estancia en Francia. Exigirles una “garantía de retorno” para obtener un permiso de residencia, que solo podría liberarse a su regreso a su país o en caso de “cambio de estatus”, es una medida discriminatoria que aumentará aún más los ya elevados costes en que incurren estos jóvenes para estudiar en Francia.
Políticos y empresarios saben muy bien que la movilidad estudiantil en Francia es un caldo de cultivo para trabajadores altamente cualificados. Además, estos estudiantes extranjeros siempre han tenido un impacto positivo en la economía francesa. Sus gastos cotidianos, sus derechos de inscripción, sus gastos administrativos, los gastos turísticos de sus familiares y sus cotizaciones a la Seguridad Social constituyen una ganancia financiera inesperada, que asciende a 5.000 millones de euros en un año, según un reciente estudio de Campus France.
Si restamos los 3.700 millones de euros de gasto público en estudiantes extranjeros a través de subsidios de vivienda, becas, cotizaciones a la seguridad social y gastos de personal dedicados a la diplomacia cultural y la influencia, la contribución neta de los estudiantes extranjeros a la economía francesa es de 1.350 millones de euros.
*Hicham Jamid es sociólogo e investigador posdoctoral en el Institut de Recherche pour le Développement (IRD), así como investigador asociado del Institut Convergences Migrations.
Este artículo es reproducido del portal The Conversation bajo licencia Creative Commons. Leer el artículo original.
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