Un tribunal belga da esperanza de justicia en Guatemala

Misioneros belgas asesinados por las fuerzas de seguridad guatemaltecas durante el conflicto armado en ese país en los años 80. Foto: Impunity Watch

En diciembre de 2023 se celebró en Lovaina (Bélgica) un juicio histórico. Cinco altos cargos del aparato militar y político guatemalteco fueron juzgados por el asesinato, desaparición forzada y tortura de misioneros belgas en la década de 1980. Con la llegada de un nuevo presidente a Guatemala en enero, el juicio belga llega en un momento crucial, según las investigadoras y activistas Sanne Weber y Marlies Stappers. Underground Periodismo Internacional reproduce en español -y con la debida autorización- el artículo que ambas especialistas publicaron el pasado 30 de enero en el portal suizo Justice Info.

Por Marlies Stappers y Sanne Weber*


En la década de 1980, Guatemala estaba sumida en un sangriento conflicto armado interno. Este conflicto no sólo costó la vida a cientos de miles de guatemaltecos, sino que también causó víctimas extranjeras. Entre ellas, cuatro misioneros belgas que realizaban labores pastorales en comunidades de la costa sur de Guatemala. El sacerdote Walter Voordeckers fue asesinado el 12 de mayo de 1980, el agente de pastoral Ward Capiau fue asesinado el 22 de octubre de 1981 y el agente de pastoral Serge Berten fue secuestrado el 19 de enero de 1982. Nunca se le volvió a ver ni se encontró su cadáver. El agente de pastoral Paul Schildermans fue detenido y torturado en 1982, pero fue puesto en libertad gracias a la presión internacional. Aunque el conflicto en Guatemala terminó en 1996, nunca ha sido posible obtener justicia por estos crímenes, debido al alto nivel de impunidad en el país.

Dado que Bélgica tiene jurisdicción extraterritorial en este caso, ya que las víctimas son de nacionalidad belga, los familiares de las víctimas, unidos en la organización Guatebelga, decidieron finalmente presentar una denuncia con la parte civil ante el juez de instrucción de Bruselas. El testigo belga Carlos Colson, sobrino del padre Voordeckers, describió el proceso en Bélgica como una querella contra el Estado guatemalteco. Tras 21 años de investigación judicial, en 2022 la Sala del Consejo y luego la Sala de Acusación remitieron el caso al Tribunal Penal del Brabante Flamenco, el tribunal que juzga los casos más graves. El 14 de diciembre de 2023, tras 11 días de vistas, el jurado de Lovaina decidió que podía considerarse que los cinco acusados habían diseñado los crímenes y los condenó a cadena perpetua y costas judiciales, ordenando su detención inmediata.

Experiencias de justicia en un país lejano

Juzgar crímenes que tuvieron lugar hace cuarenta años en un país lejano plantea problemas evidentes. ¿Cómo puede un jurado belga comprender el contexto histórico y cultural de los crímenes? Esta fue una tarea importante para los fiscales, los abogados, las partes civiles y el asesor científico, el profesor Stephan Parmentier. Gracias al testimonio de testigos y expertos guatemaltecos, que hablaron sobre el contexto histórico, los patrones de violación de los derechos humanos durante el conflicto armado y sus experiencias personales como testigos de la violencia y la persecución en la costa sur, el jurado pudo comprender el contexto y la gravedad de la violencia. Consideró que los crímenes eran lo suficientemente graves como para calificarlos de crímenes de lesa humanidad, cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil”. Uno de los testigos guatemaltecos, que perdió a la mayor parte de su familia durante esta oleada de persecución, describió “las intervenciones de cada uno de nosotros, para situarlos (al jurado) y darles la información que necesitaban para tomar una decisión” como uno de los principales éxitos del caso.

Sin embargo, algunos aspectos del juicio fueron más complicados para los testigos guatemaltecos. Dos testigos nos contaron que, debido a la forma en que el sistema judicial belga pretende preservar la independencia y la integridad de los testimonios, recibieron poca información por adelantado sobre el juicio y los procedimientos. No saber qué esperar en un sistema judicial desconocido con una cultura jurídica muy diferente les creó inseguridad, e incluso miedo a algunos testigos de zonas rurales de Guatemala.

Las barreras lingüísticas también influyeron. Aunque los intérpretes tradujeron las declaraciones de los testigos del español al neerlandés, no ocurrió lo mismo con el resto del procedimiento, lo que dificultó que los testigos guatemaltecos siguieran el proceso y entendieran el veredicto. La cuestión de la traducción también se ha planteado en otros casos de jurisdicción universal. El idioma también es un obstáculo para obtener apoyo psicosocial, que es esencial en un caso que abarca experiencias traumáticas como la muerte o desaparición forzada de seres queridos. Proporcionar información suficiente sobre el funcionamiento de un sistema judicial específico y la importancia de la traducción bidireccional son lecciones importantes para casos similares de jurisdicción universal. Podrían ayudar a que estos procesos estuvieran más centrados en las víctimas y fueran más accesibles para la población de los países en los que se cometieron los crímenes.

Justicia para ellos es también justicia para nosotros

No obstante, los testigos guatemaltecos y belgas consideraron unánimemente que el veredicto era muy importante. El juicio ha hecho justicia a las víctimas belgas y ha dejado claro que las violaciones graves de los derechos humanos deben ser juzgadas, aunque los crímenes se cometieran hace décadas y con independencia de dónde tenga su sede el tribunal. Ha contribuido a establecer la verdad sobre lo ocurrido a los misioneros belgas, pero también sobre el contexto de violaciones de derechos humanos en la costa sur de Guatemala, que sigue siendo relativamente desconocido. Los tres testigos con los que hablamos coinciden en que el caso ha ayudado a devolver la dignidad a las miles de víctimas guatemaltecas. “Creo que es justicia para ellos [los misioneros belgas], pero también para nuestras familias”, afirma uno de los testigos guatemaltecos.

De hecho, el jurado expresó explícitamente su compasión por las víctimas y los testigos que sufrieron violencia directa o que perdieron familiares. Este reconocimiento es un aspecto importante de la justicia para los testigos guatemaltecos, especialmente porque todavía no se ha dictado una sentencia comparable en Guatemala, donde el sistema judicial ha sido cooptado por las élites políticas y económicas.

Los testigos también hicieron hincapié en la importancia de la solidaridad transnacional en este caso. Las relaciones entre los misioneros belgas, sus familias y las comunidades guatemaltecas en las que trabajaban se han mantenido sólidas durante décadas. El testigo belga Colson describió esta solidaridad como una motivación para abrir el caso: “Tras los acuerdos de paz de 1996, queríamos saber la verdad. Nuestra primera visita nos fortaleció a través de la gente que vimos, las historias que escuchamos y la comprensión que adquirimos de este terrible periodo.” A la inversa, el fuerte sentimiento de solidaridad también ha animado a los testigos guatemaltecos a viajar hasta Bélgica para testificar. Un testigo guatemalteco describió el alivio y la alegría que el veredicto supuso para los miembros de la comunidad guatemalteca que conocían bien a los misioneros y que también habían perdido a familiares durante el mismo periodo. Así pues, la justicia en Bélgica, por remota que parezca, es también hacer justicia a los supervivientes guatemaltecos del conflicto armado.

Próximos pasos

Los cinco acusados no cooperaron con el tribunal belga. No estuvieron presentes en las vistas ni estuvieron representados por abogados. Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, ex ministro de Defensa, y Donaldo Álvarez Ruiz, ex ministro del Interior, están actualmente huidos. Pedro García Arredondo, ex jefe de inteligencia de la policía, y Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del ejército, están en prisión o bajo vigilancia militar en Guatemala, mientras que Manuel Antonio Callejas y Callejas fue puesto en libertad recientemente por motivos de salud.

Durante mucho tiempo, el estado del sistema judicial guatemalteco no permitió albergar esperanzas de que una sentencia belga cambiara algo en su situación, mientras que cada vez más casos de derechos humanos sufrían reveses, y algunos responsables que ya estaban en prisión quedaban en libertad. Lo más que se podía esperar era que los acusados se sintieran limitados en sus movimientos fuera de Guatemala debido a una orden de detención internacional.

Ahora las cosas pueden estar cambiando. El 14 de enero, Bernardo Arévalo tomó posesión como nuevo presidente del país. Arévalo, defensor de la lucha contra la corrupción del partido de la oposición Semilla, se ha comprometido a restablecer el Estado de derecho en el país. Restablecer el poder judicial será una tarea ingente, tras años de desmantelamiento sistemático durante los cuales decenas de jueces y fiscales independientes huyeron del país. Además, Arévalo se enfrenta a un Congreso dividido, mientras que su partido ha sido atacado por la Fiscalía General. Sin embargo, puede contar con el apoyo del electorado y de la comunidad internacional. Quizá sea la primera vez en años que existe la esperanza de que por fin se haga justicia por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto en Guatemala. Por tanto, el veredicto belga puede representar un pequeño impulso para la justicia en este momento crucial.

MARLIES STAPPERS
Marlies Stappers es fundadora y directora ejecutiva de Impunity Watch. Está firmemente comprometida con los derechos humanos, la justicia transicional, la reducción de la impunidad y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil, las víctimas y las comunidades afectadas en países como Guatemala, Honduras, Burundi, la región de los Grandes Lagos, los Balcanes y Camboya. También es la iniciadora y coordinadora de la rama holandesa de la Plataforma Internacional contra la Impunidad en Centroamérica.

SANNE WEBER
Sanne Weber es profesora adjunta de Estudios sobre la Paz y los Conflictos en la Universidad Radboud de Nimega (Países Bajos). Su investigación y docencia se centran en cómo los países que salen de un conflicto afrontan su pasado violento y dan pasos hacia la paz y la reconciliación. Le interesa especialmente cómo los conflictos modifican las relaciones de género y cómo puede promoverse la igualdad de género en una situación de posconflicto.

Esta obra está bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0

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